REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, veintiséis de enero de dos mil quince
204º y 155º
ASUNTO: BP02-V-2014-001461
JURISDICCIÓN CIVIL/BIENES
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: CARLOS ENRIQUE TORRES CASTRO, Colombiano, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad N° E-84.421.334.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogadas en ejercicio ROSA FIGUERA Y ADAYELIS GUERRA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 45.583 y 116.090, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ISABEL OCHOA DE MEZA, ISIDRO MEZA Y PEDRO JAVIER PACHON BENAVIDES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. V-4.799.479, V-2.107.786 y V-18.298.216, respectivamente.
APODERADOS JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado en ejercicio ELISEO RUIZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº N° 8185,
JUICIO: RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO POR DERECHO DE PREFERENCIA,
Motivo: REPOSICION
II
SÍNTESIS DE LA SITUACION
Por auto de fecha 23 de Octubre de 2.014, este Tribunal, le admitió la presente demanda que por RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO POR DERECHO DE PREFERENCIA, hubiere incoado el ciudadano CARLOS ENRIQUE TORRES CASTRO, colombiano, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad N° E-84.421.334, debidamente a través de sus apoderadas Judiciales Abogadas en ejercicio ROSA FIGUERA Y ADAYELIS GUERRA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 45.583 y 116.090, en contra de los ciudadanos ISABEL OCHOA DE MEZA, ISIDRO MEZA Y PEDRO JAVIER PACHON BENAVIDES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. V-4.799.479, V-2.107.786 y V-18.298.216, respectivamente; domiciliados los dos (2) primeros mencionados en la calle Bolívar, casa Nº 2-79 del Barrio Portugal Arriba, Barcelona, Municipio Simon Bolívar del Estado Anzoátegui y el ultimo de ellos en calle Bolívar, Local s/n, frente a la Plaza san Felipe, del Barrio Portugal Arriba, Barcelona, Municipio Simon Bolívar del Estado Anzoátegui.
En fecha 27 de Octubre de 2014, mediante diligencia la Abogada en ejercicio Adayelis Guerra, en su carácter de autos, consignó copias certificadas solicitadas, a fin de que sean libradas las compulsas. En esta misma fecha fueron libradas las respectivas Compulsas, los fines de la citación de la parte demandada.
En fecha 13 de Noviembre de 2014, los ciudadanos Isidro Meza e Isabel Ochoa De Meza, mediante diligencia le otorgan Poder Apud Acta al Abogado Eliseo Morffe Ruiz.
Mediante auto de fecha 17 de Noviembre de 2.014, la Alguacil de este Juzgado, consignó Recibos de Citación debidamente firmados por los ciudadanos Isidro Meza e Isabel Ochoa De Meza.
Mediante auto de fecha 18 de Noviembre de 2.014, la Alguacil de este Juzgado, consignó Recibos de Citación y compulsa, y expuso que el codemandado ciudadano Pedro Pachón, se negó a recibir y firmar la Compulsa.
En fecha 18 de Noviembre de 2.014, se recibió del Abogado Eliseo Morffe Ruiz, Apoderado Judicial de la parte demandada, escrito mediante el cual solicita la suspensión de la presente Causa.
En fecha 17 de Diciembre de 2.014, se recibió diligencia de la Apoderada Judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó a este Juzgado la citación del codemandado mediante Carteles de conformidad con el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 17 de Diciembre de 2.014, se recibió diligencia de la Abogada Adayelis Guerra, Apoderada Judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó a este Juzgado desestime el escrito presentado en fecha 18 de Noviembre por el Apoderado Judicial de la parte codemandada.
En fecha 09 de Enero de 2015, Mediante diligencia, el Abogado Eliseo Morffe Ruiz, Apoderado Judicial de la parte codemandada, solicita que se aplique el procedimiento Administrativo Previo de la Ley Sobre Arrendamientos en la Materia de Local Comercial.
En fecha 15 de Enero de 2015, se recibió de la Abogada Adayelis Guerra, Apoderada Judicial de la parte actora, diligencia en la cual ratifica solicitud de citación por carteles y solicita se declare improcedente requerimiento de la contra parte en la presente causa.
Planteados así los hechos, pasa este Juzgado a dictar sentencia, conforme a las consideraciones que serán expuestas en el Capitulo siguiente.
III
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISION
Dispone el único Aparte del Articulo 43 del Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, promulgado en Gaceta Oficial Nº 40.418, en fecha 23 de Mayo de 2.014, lo Siguiente:
“…El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamiento comercial, de servicios y afines será competencia de la Jurisdicción Civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión”
Dispone el Artículo 864 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“…El procedimiento oral comenzara por demanda escrita que deberá llenar los requisitos exigidos en el articulo 340 de este Código. Pero el demandante deberá acompañar con el libelo toda la prueba documental de que disponga y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral. Si se pidieren posiciones juradas, estas se absolverán en el debate oral”
Observa este Tribunal que en el auto de admisión de la presente demanda de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO POR DERECHO DE PREFERENCIA incoada por el Ciudadano CARLOS ENRIQUE TORRES CASTRO, antes identificado, por cuanto este Tribunal incurrió en error involuntario al momento de la admisión de la demanda, al admitirla a través del procedimiento ordinario, debiéndose admitir por el procediendo oral establecido en el articulo 864 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del articulo Artículos 43 del Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial.
A este respecto dispone el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil:
“Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en casos determinados por la Ley, o cuando
haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado." (Comillas Nuestras).
En virtud de todo lo dicho, este Sentenciador a los fines de depurar el presente procedimiento, salvaguardando así el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva y evitando al propio tiempo faltas que un futuro pudieren anular cualquier acto procesal, repone la presente causa al estado de admitir nuevamente la acción propuesta, a través del procediendo oral establecido en el articulo 864 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del articulo Artículos 43 del Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial; quedando en consecuencia revocado el auto de admisión de fecha 23 de Octubre de 2.014. Así se declara.
Con respecto al auto de admisión de la demanda, se hace necesario para este Jurisdiscente mencionar, que aunque el auto que admite la demanda tiene carácter decisorio, es criterio de este Sentenciador, puede ser revocado aun por el mismo Tribunal que lo haya pronunciado, ello en cumplimiento del principio constitucional de la justicia material como valor preeminente sobre el carácter formal normativo, al cual se refiere la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 del mes de agosto de dos mil tres.
En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión de fecha 18 del mes de agosto de dos mil tres (2003), dictada bajo la ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA, estableció el criterio que a continuación se transcribe.
“…En primer término, visto que la Sala, en decisión del 19 de mayo de 2003, declaró la terminación de la causa por abandono del trámite, debe previamente declarar la nulidad del mismo por contrario imperio, en virtud del reconocimiento del error material involuntario cometido por la Secretaría de esta Sala. A tal efecto, se hacen las siguientes consideraciones:
La previsión constitucional contenida en el artículo 334, señala:
“Artículo 334.- Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución”.
El encabezamiento de la norma transcrita no sólo supone la potestad del juez para proceder a dejar sin efecto cualquier actuación que lesione normas constitucionales, sino además expresa la obligación en que aquél se encuentra. Pero es más, el primer aparte de esa misma disposición, que contempla lo que la doctrina ha denominado el control difuso de la constitucionalidad, confirma el anterior aserto.
Por otra parte, se advierte que el artículo 206 del aludido Código adjetivo, establece la obligación que tienen los jueces de corregir las faltas que vicien de manera absoluta e incorregible los actos procesales, la cual debe proceder cuando así lo permita la ley, o cuando el acto no haya cumplido una formalidad esencial para su validez.
De la norma se desprende, sin embargo, por argumento en contrario, que, en principio, sólo aquellas decisiones no sujetas apelación pueden revocarse. Lo que queda confirmado por la disposición contenida en el artículo 310, que señala expresamente:
“Artículo 310.-Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo”.
Por otra parte, el artículo 212 eiusdem establece:
“Artículo 212.-No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad”.
Ahora bien, siendo el Juez el director del proceso, este Sentenciador, a los fines de depurar el procedimiento, de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes y de garantizarles el debido proceso, así como en procura de una tutela judicial efectiva, evitando así las faltas que en un futuro puedan anular cualquier acto procesal, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, habiendo apreciado la existencia del error, este Tribunal debe reponer la presente causa al estado de nueva admisión de la parte demandada, y en consecuencia, declarar nulo el Auto de Admisión, dictado en fecha 23 de Octubre de 2014 y todas las actuaciones contenidas en el presente expediente a partir de dicho Auto, inclusive, y así se declara.
IV
DECISIÓN
Por los razonamientos que anteceden, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; REPONE la presente causa que por RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO POR DERECHO DE PREFERENCIA, hubiere incoado el ciudadano CARLOS ENRIQUE TORRES CASTRO, colombiano, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad N° E-84.421.334, en contra de los ciudadanos ISABEL OCHOA DE MEZA, ISIDRO MEZA Y PEDRO JAVIER PACHON BENAVIDES, antes identificados, al estado de admitir nuevamente la acción propuesta por el Procedimiento a que se contrae articulo 864 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del articulo Artículos 43 del Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial. Así se decide.
En consecuencia, queda revocado el auto de admisión de fecha 23 de Octubre de 2014, y así mismo se declaran nulas todas las actuaciones contenidas en el presente expediente a partir de dicho Auto, inclusive. Así también se decide.
Regístrese, Publíquese y Déjese Copia de esta decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2.015 Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
El Juez Temporal
La Secretaria,
Abog. Alfredo José Peña
Abog. Judith Moreno Sabino.
En esta misma fecha, siendo las Doce y Cuarenta y Cinco minutos de la tarde (12:45 p.m.), se dictó y publicó la anterior Sentencia. Conste.
La Secretaria,
Abog. Judith Moreno Sabino.
AP/yh.-
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