TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de El Tigre.
El Tigre, veintiuno de enero de dos mil quince
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL: BP12-F-2014-000225

JURISDICCIÓN: CIVIL
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establecen en el presente procedimiento como partes y apoderados judiciales, las siguientes ciudadanos:

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano HERNAN RAMON CENTENO BARRIOS, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, domiciliado en la Calle Falcón Nº 36, Sector Pueblo Ajuro de la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, quien actúa en su propio nombre y representación.

PARTE DEMANDADA: Ciudadanos BETZAIDA TERESITA CENTENO BARRIOS, SAUL ENRIQUE CENTENO BARRIOS, WILMER TOMAS CENTENO BARRIOS, FRANKLIN AGUSTIN CENTENO BARRIOS, ELOY JOSE CENTENO BARRIOS, FRINE ELENA CENTENO BARRIOS e INES MARIA CENTENO BARRIOS, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.468.627, 8.470.128, 10.935.407, 5.991.357, 4.567.727, 10.066.315, 8.968.452 y 8.464.376, respectivamente, y domiciliados en la Carrera 17 Sur, entre Callejón y Calle 12 Sur, de esta ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui.

APODERADOS: Ciudadanos JOSE GREGORIO VELASQUEZ GOMEZ, JOSE RAFAEL GONZALEZ ESCORCHE y JOSE MIGUEL GONZALEZ GUILLEN, venezolanos, mayores de edad, abogados, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 20.767, 13.068 y 91.825, respectivamente.-

JUICIO: PARTICION DE HERENCIA.-

MOTIVO: SOLICITUD DE PERENCION

I
BREVE RELACION DE LOS HECHOS

Mediante escrito recibido en este Tribunal en fecha 14 de enero de 2015, los ciudadanos abogados JOSE GREGORIO VELASQUEZ GOMEZ y JOSE MIGUEL GONZALEZ GUILLEN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 10.767 y 91.825, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de los ciudadanos INES MARIA CENTENO BARRIOS, SAUL ENRIQUE CENTENO BARRIOS, WILMER TOMAS CENTENO BARRIOS, FRINE ELENA CENTENO BARRIOS, FRANKLIN AGUSTIN CENTENO BARRIOS y BETZAIDA TERESITA CENTENO BARRIOS, titulares de las cédulas de identidad Nros 8.968.452, 8.470.128, 10.935.407, 10.066.315, 5.991.357 y 5.468.627, respectivamente y domiciliados en la Carrera 17 Sur, entre Callejón y Calle 12 Sur, de esta ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, parte demandada en el presente juicio de PARTICION DE HERENCIA, incoado en su propio nombre y representación contra los mismo por el ciudadano HERNAN RAMON CENTENO BARRIOS, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, domiciliado en la Calle Falcón Nº 36, Sector Pueblo Ajuro de la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, solicitan de este Tribunal que decrete de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la perención de la instancia en la presente causa, aduciendo la falta de publicación oportuna del edicto ordenado en fecha 29 de octubre de 2.014.

Establecido lo anterior pasa seguidamente este Tribunal a pronunciarse sobre la solicitud planteada conforme a las consideraciones que serán expuestas en el capitulo siguiente:

II
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Alega la parte demandante a los fines de sustentar su pedimento, en resumen que:

“ Por cuanto hasta la presente fecha el accionante no ha publicado el Edicto que ordenó este Tribunal, se publicará en los diarios MUNDO ORIENTAL y ULTIMAS NOTICIAS, durante sesenta (60) días dos (2) veces por semana, según auto de fecha 29 de octubre del año 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, en nuestro carácter de apoderado judicial de los demandados INES MARIA CENTENO BARRIOS, SAUL ENRIQUE CENTENO BARRIOS, WILMER TOMAS CENTENO BARRIOS, FRINE ELENA CENTENO BARRIOS, FRANKLIN AGUSTIN CENTENO BARRIOS y BETZAIDA TERESITA CENTENO BARRIOS, previamente identificados, quienes son sucesores de los ciudadanos MARIA ELOINA BARRIOS DE CENTENO y DEMETRIO RAMON CENTENO, en este acto nos damos formalmente por citado en el presente juicio a los efectos legales consiguientes.
De la misma forma, ciudadano Juez, por cuanto el accionante no ha impulsado la citación de los herederos desconocidos de los ciudadanos MARIA ELOINA BARRIOS DE CENTENO, DEMETRIO RAMON CENTENO y HECTOR CENTENO, al no publicar el edicto de fecha 29 de octubre de 2014, como lo ordenó este Tribunal, y no hay constancia que demuestre su interés para continuar con la tramitación del presente juicio, y a la vez por cuanto ha transcurrido mas de treinta 830) días consecutivos desde la fecha en que se libró el Edicto sin que se haya publicado, es por lo que respetuosamente solicitamos del ciudadano Juez decrete la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código de procedimiento Civil…”

Revisada minuciosamente las actas que integran el presente expediente, de las mismas se desprende con meridiana claridad, que este Tribunal por decisión de fecha 22 de octubre de 2014, ordenó reponer la causa al estado de librar un edicto para ser publicado en los Diarios Mundo Oriental y Ultimas Noticias, de circulación nacional, emplazando a los herederos de los ciudadanos MARIA ELOINA BARRIOS DE CENTENO, DEMETRIO RAMON CENTENO y HECTOR CENTENO (fallecidos), quien en vida fueren venezolanos, mayores de edad, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse por citados en el presente juicio y ejercieren las defensas, recursos y acciones que consideren convenientes en el mismo, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto dispone el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil:
“Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente
a una herencia u otra cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores desconocidos, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias.
El edicto deberá contener el nombre y apellido del demandante y los del causante de los sucesores desconocidos, el último domicilio del causante, el objeto de la demanda y el día y la hora de la comparecencia.
El edicto se fijará en la puerta del Tribunal y se publicará en dos periódicos de los de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata, que indicará el Juez por lo menos durante sesenta días, dos veces por semana”.

Es de advertir, que habiendo sido librado el edicto ordenado en fecha 29 de octubre de 2.014, efectivamente como lo aducen los peticionarios, este Juzgador ha podido constatar que hasta la presente fecha el demandante no ha procedido a retirar y publicar el mismo para la consecución del proceso.

De manera pues que dada la situación descrita, toca a este Tribunal en virtud de lo solicitado por la demandada determinar si los efectos de la perención breve de la instancia le son aplicables al caso de marras y al respecto observa.

Dispone el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.-
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días, a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días, a contar desde la fecha de reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.-
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”. (Comillas del Tribunal).

Por su parte el artículo 269 ejusdem, dispone que:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” (Comillas del Tribunal)

A la institución de la perención, aplicable a la falta de citación oportuna del demandado, se le llama breve para distinguirla del resto de los presupuestos establecido en la citada norma.

En cuanto a la perención breve de la Instancia, en sentencia Nº 537 del 06 de julio de 2004, caso José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, expediente Nº 2001-000436, la Sala de Casación Civil estableció el siguiente criterio:

“...A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos. Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los juris dicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmado la casación- esto es, que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.
El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala:
“Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.
El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados”.
En ese sentido, es imperante profundizar sobre razonamientos valederos tanto para la emergencia arancelaria como para la actual concepción de la gratuidad en la justicia, con mayor fundamento para esta última:
Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que gestaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.
Conforme al contenido del artículo 2 de la Ley Arancel Judicial, el arancel se constituía en un ingreso público que tenía por objeto coadyuvar en el logro de la mayor eficiencia del Poder Judicial, permitiendo que dicho tributo fuese proporcional y facilitara el acceso a la justicia de todos los sectores de la población; y como tal ingreso público, quedaba dentro de la clasificación que el legislador ha consignado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional como rentas ordinarias.
Empero, al lado de esta derogada obligación tributaria (ingreso público, según el art. 2 de la Ley de Arancel Judicial, que era percibido por los institutos bancarios con convenio con la hoy suprimida Oficina Nacional de Arancel Judicial), están las obligaciones PREVISTAS EN LA MISMA LEY DE ARANCEL JUDICIAL QUE NO CONSTITUYEN INGRESO PÚBLICO NI TRIBUTOS NI SON PERCIBIDAS POR LOS INSTITUTOS BANCARIOS en sus oficinas receptoras de fondos nacionales, es decir, obligaciones que no son aranceles judiciales y, por ende, dichas obligaciones que pueden ser o no dinerarias NO SON DESTINADAS A COADYUVAR EL LOGRO DE LA EFICIENCIA DEL PODER JUDICIAL NI A PERMITIR EL ACCESO A LA JUSTICIA (art. 2 de la Ley de Arancel Judicial) NI A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL (art. 42, ord. 4º de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional) las cuales mantienen plena vigencia. Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.
Nadie osaría discutir ni poner en duda que el contenido del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, constituye una obligación que el demandante debe satisfacer cuando la citación del demandado haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros del lugar o recinto donde el Tribunal tiene su sede, ni nadie podría afirmar que el contenido económico de esta obligación pueda ser calificado de arancel judicial o ingreso público tributario. En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante –según el caso- ya que se repite, no responde al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos ingresan al patrimonio del transportista, hotelero o proveedor de estos servicios. No ingresaban al patrimonio nacional que administraba la extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen plena vigencia en todos los procedimientos que hoy están exentos de la obligación tributaria (ingreso público) que estaba prevista en la Ley de Arancel Judicial, en razón de la justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dentro de las normas presupuestarias del extinto Consejo de la Judicatura no existían partidas destinadas (ni hoy existen en el Presupuesto del Poder Judicial) para satisfacer estos gastos en que necesariamente habrían de incurrir los funcionarios o auxiliares de justicia, cuando hayan de practicar diligencias fuera de la sede el Tribunal, Registro o Notaria, ni existe norma alguna que imponga a estos funcionarios a soportar en su patrimonio tales gastos, habida cuenta que tales diligencias, como se indicó, son del único y exclusivo interés de los peticionantes o demandantes, salvo aquellos que son inherentes al funcionamiento del tribunal, para lo cual si existe una partida poco significante, que se le otorga a los alguaciles para transporte de esas diligencias.
Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones, independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El Estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicios de manutención, etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues, que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinaria previsto en el ordinal 4º del artículo 42 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.-
Las razones que avalan la afirmación anterior, radican en lo siguiente: Los pagos que se hagan por transporte, por manutención y por hospedaje se le hacen directamente al funcionario para ser invertidos en el servicio que personas particulares han de recibir o directamente lo hará el interesado, al transportista, al hotelero o restaurant o fonda proveedora de alimentos. No se liquidan planillas como ocurría con el arancel judicial y con toda otra renta, ni se pagan en oficinas receptoras de Fondos Nacionales. En este orden de ideas, y según sean proveídos los conceptos de transporte, manutención y hospedaje por el demandante, interesado en el cumplimiento de la diligencia al funcionario judicial (alguacil en el caso de citación para la contestación de la demanda), nos revelaría una relación de derecho privado entre el que suministra el transporte (el interesado) y el prestador de servicio de transporte, de manutención y de hospedaje, configurándose típico “acto de comercio”, objetivo definido en los ordinales 6 y 9 del artículo 2 del Código de Comercio. Mientras que la relación que existía entre el particular que pagaba o liquidaba el arancel judicial (entendido como ingreso público o tributo, tal como lo definía el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial), y el estado, daba paso a una relación de derecho público. De manera, pues, que existía una marcada y notoria diferencia en la naturaleza jurídica de ambas relaciones, pero que coincidían en que ambas estaban impuestas o previstas por la Ley para el logro de la citación, las cuales debían ser cumplidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la demanda por la parte del demandante interesado, so pena de que operara la perención de la instancia o extinción del proceso. Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días.
No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público.
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece....” (Mayúsculas, subrayado, negritas y Bastardillas de este Tribunal).

Es de advertir que el criterio jurisprudencial anteriormente trascrito, fue modificado parcialmente por la misma Sala Civil, bajo la ponencia de la Magistrada, Dra. Yris Armenia Peña Espinoza, en la decisión de fecha 30 de enero de 2.007, dictada en el Expediente Nº 2006-000262, en donde se estableció el criterio que a continuación parcialmente se transcribe:

“…Con referencia al señalamiento de la doctrina de esta Sala en cuanto a la obligación del Alguacil de dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó los emolumentos exigidos en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación, la Sala debe señalar en esta oportunidad, que el silencio del alguacil respecto al cumplimiento de tal obligación, pese a los traslados realizados tendentes a procurar la citación de la parte demandada no puede ocasionar perjuicio a la parte. En tal sentido ante una situación de esta naturaleza se debe interpretar la situación fáctica en beneficio de la parte demandante, que en el presente caso fue diligente, en velar porque se citara al demandado, todo ello en aras de preservar el debido proceso y el derecho a la defensa del actor y en virtud del principio pro actione, todo con la finalidad de tutelar con preferencia el derecho fundamental de acceso a la justicia.
En tal sentido, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal ha realizado una interpretación sobre el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y del principio pro actione, de la que se desprende que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales.…
En vista de las consideraciones antes señalada y de la jurisprudencia antes transcrita, al haberse declarado una perención que no correspondía en derecho, el juez superior violó el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo violó el artículo 15 ejusdem pues al extinguir indebidamente la instancia, cercenó a la demandante su derecho a que se tramitara el juicio y se dictara sentencia con apego al debido proceso…” (Subrayado de este tribunal)

Es oportuno señalar que las normas atinentes a la perención son de naturaleza sancionatoria, de allí que en virtud del principio de la legalidad, a criterio de este sentenciador, sus efectos no son aplicables a presupuestos de hecho distintos a los que la misma norma contempla. A lo cual aun debemos agregar que sus efectos han venido siendo atemperado por el Alto tribunal.

Así las cosas la Magistrada Isbelia Pérez Velazquez, Vicepresidenta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su obra “La sociedad y La justicia”, bajo el título Impedir las trabas judiciales es una necesidad. La Perención y la tutela Judicial Efectiva, a este respecto señala que:

“… En primer lugar, debemos dejar sentado que la perención ocasiona la extinción del juicio por abandono de las partes, lo cual permite determinar que es un efecto del proceso y debe ser examinado de conformidad con los principios de nulidad y utilidad previstos para las formas procesales, en la ley y en la Constitución. No obstante, se ha convertido en una fuente frecuente de terminación de los juicios, por el sólo transcurso de los lapsos establecidos en la Ley (breve y anual), en razón de lo cual la Sala de Casación Civil ha perfilado la perención para impedir que se constituya en una traba procesal o un obstáculo para la justicia.
Así, en decisión No. 31 de fecha 15 de marzo de 2005, señaló que las denuncias sobre perención deben ser formuladas en ocasión con fundamento en el quebrantamiento de formas del proceso, y en decisión No. 6 de fecha 17-01-12, estableció que la parte de recaudos requeridos a la perención puede ser suplida por el juez superior, por no tratarse de una prueba sobre la pretensión, si no sobre copias que demuestran los actos relacionados con el tramite, relacionado con el orden publico. Acorde con ello, en decisiones No. 747 de fecha 11-12-09 y No. 18 de fecha 24-02-10 y No. 77 de fecha 4-3-11, estableció que cumplido el proceso hasta la segunda instancia y verificado que la citación de los demandados se practicó y éstos estuvieron a derecho en todas las etapas del proceso, no opera la perención en virtud de que fue alcanzada la finalidad del acto sin lesión del derecho de defensa.
En consecuencia con lo expuesto, la Sala se ha pronunciado sobre la perención declarada durante el tramite de citación (breve de un mes), en el sentido de que si han sido realizados actos de impulso del proceso por las partes, como indicar la dirección del demandado, consignar las compulsas, o pagar los emolumentos para el traslado del alguacil, ello evidencia el interés en la consecución del juicio, con la precisión de que aun en el supuesto de que dichas obligaciones fuesen cumplidas fuera del lapso, lo importante es determinar el alcance de su finalidad, pues el incumplimiento de esta forma procesal referida al lapso, no debe privar sobre el acceso a la justicia y el derecho a obtener una sentencia sobre la pretensión (Sent. N° 8 de fecha 17-1-12, N° 34 de fecha 24-1-12, N° 502 de fecha 17-7-12).
Así mismo, ha establecido la Sala que en el caso de los emolumentos, la falta de la diligencia del alguacil en constancia de haberlo recibido no puede ser imputable a la parte, si no al funcionario. (Sent. N° 154 de fecha 27-3-07, N° 167 de fecha 20-3-12). Cónsono con lo expuesto, la Sala ha Expresado que en los supuestos de que la citación se practique mediante comisión, basta el requerimiento de que se libre dicha comisión para que no opere la perención breve, dando lugar a la anual (Sent. N° 7 de fecha 17-1-12, N° 289 de fecha 9-5-12). Aunado a ello es oportuno mencionar que en los casos de suspensión del proceso por muerte de alguna de las partes (breve de seis meses), ha establecido que por tratarse de una situación compleja la de los herederos, la cual requiere de varias actuaciones, con el cumplimiento de un solo acto procesal se impide la perención breve, y tiene lugar la anual (Sent. N° 229 de fecha 30-6-10). De esta forma la Sala de Casación ha armonizado sus criterios, los cuales se corresponden con lo establecido por la Sala Constitucional en las decisiones N° 816 de fecha 6-6-11, N° 50 de fecha 13-2-12, N° 510 de fecha 25-4-12.
Estos avances han permitido dar lugar a la continuación del juicio hacia la sentencia que se pronuncie sobre la pretensión, superando obstáculos procesales como es la perención, dejando lugar a este instituto procesal sólo para aquellos casos definitivamente abandonados por las partes, sin acto procesal alguno, y dando fiel cumplimiento al mandato constitucional, que impone un proceso simple breve y expedito, de lastrado de formas procesales que frustren la administración de justicia”. (Colección Ensayos, Tribunal Supremo de Justicia, No. 3. Fundación Gaceta Forense, Edición y Publicaciones. Caracas, Venezuela, año 2.013. Págs. 97 y 98)

En este orden de ideas examinadas cuidadosamente las actas que componen el presente expediente se aprecia que admitida la demanda, a instancia del accionante, los ciudadanos que se mencionan en el libelo como codemandados fueron debidamente citados y que dicha citación se practicó oportunamente.

Se aprecia asimismo, que si bien en fecha 22 de octubre de 2.014, se repuso la causa al estado de dar cumplimiento a la formalidad de publicar el edicto a que se contrae el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, en el mismo se dejó establecido que consignado como sea éste en el expediente debidamente publicado, deben darse por citados en un término de sesenta (60) días continuos a la constancia en autos de la publicación y consignación del edicto ordenado.

Por otra parte se aprecia, que el artículo 231 del Código Civil, al ordenar la publicación del edicto al que se ha hecho referencia prolijamente en la presente decisión no contempla una oportunidad procesal especifica, ni delimitada en el tiempo para que el demandante pueda retirar, publicar y consignar al expediente el edicto ordenado, menos aún, sanción alguna, al menos a corto plazo por dicha omisión, a lo cual aún cabe agregar que como se dijo el accionante impulsó la citación personal de las personas que indicó en su libelo como demandados, la cual como ya ha sido indicado se practicó oportunamente, de allí que a criterio de este Sentenciador, la perención que eventualmente pudiera aplicarse a casos como el de marra, no es la breve, sino la del año a la que se contrae el primer párrafo del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ello obviamente previo cumplimiento y verificación de los presupuesto de Ley, lo cual actualmente dado el tiempo transcurrido no se da en el caso que nos ocupa, de allí que no ha lugar al decreto de la perención de la instancia solicitado por la parte demandada. Así se declara.
IV
DECISION
En base a las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sede El Tigre, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, niega declarar la perención de la instancia peticionada por los ciudadanos abogados JOSE GREGORIO VELASQUEZ GOMEZ y JOSE MIGUEL GONZALEZ GUILLEN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 10.767 y 91.825, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la parte demandada, mediante escrito de fecha 14 de enero de 2.014, en la presente juicio de PARTICION DE HERENCIA, incoada por el ciudadano HERNAN RAMON CENTENO BARRIOS, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, domiciliado en la Calle Falcón Nº 36, Sector Pueblo Ajuro de la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, actuando en su propio nombre y representación, en contra de los ciudadanos: INES MARIA CENTENO BARRIOS, SAUL ENRIQUE CENTENO BARRIOS, WILMER TOMAS CENTENO BARRIOS, FRINE ELENA CENTENO BARRIOS, FRANKLIN AGUSTIN CENTENO BARRIOS y BETZAIDA TERESITA CENTENO BARRIOS, titulares de las cédulas de identidad Nros 8.968.452, 8.470.128, 10.935.407, 10.066.315, 5.991.357 y 5.468.627, respectivamente y domiciliados en la Carrera 17 Sur, entre Callejón y Calle 12 Sur, de esta ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui.- Así se decide.-

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.
Regístrese, Publíquese y Déjese Copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, En la ciudad de El Tigre a los veintiún (21) días del mes de enero del dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

EL JUEZ TITULAR

Dr. HENRY JOSE AGOBIAN VIETTRI.

LA SECRETARIA,

LAURA PARDO DE VELASQUEZ

En esta misma fecha, siendo las dos y treinta (2:30 p.m.) de la tarde previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior Sentencia y se agregó al expediente N° BP12-F-2014-000225. Conste.-

LA SECRETARIA,

LAURA PARDO DE VELASQUEZ