REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, treinta de junio de dos mil quince
205º y 156º
ASUNTO: BP02-F-2013-000008
JURISDICCION- CIVIL BIENES
-I-
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano NEDAVIA ELISA GUZMAN GUILARTE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.942.634.
ABOGADO ASISTENTE: Abogada en ejercicio SANDRA QUIJADA QUIJADA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.905.560 e inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 141.343.
PARTE DEMANDADA: Ciudadano WILLIAM OMAR ONTIVEROS RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 14.746.892.
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MOTIVO: DIVORCIO
II
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
En fecha 24 de Enero de 2013, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, le dio entrada a la presente demanda de DIVORCIO incoada por la Ciudadana NEDAVIA ELISA GUZMAN GUILARTE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.942.634, debidamente asistida por la Abogada en ejercicio SANDRA QUIJADA QUIJADA, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 141.343, en contra del Ciudadano WILLIAM OMAR ONTIVEROS RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 14.746.892.
Mediante auto de fecha 24 de Enero de 2013, ese Juzgado admitió la presente Demanda y ordeno la Notificación de la Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Publico, asimismo acordó librar compulsa para la citación de la parte demandada.
En fecha 31 de Enero de 2013, Se recibió diligencia de la Abogada SANDRA QUIJADA, con el carácter acreditado en autos, en la cual consigna recibo de los emolumentos para la notificación y consigna 02 juegos de copias simples para la elaboración de la Compulsa.
En fecha 04 de Febrero de 2013, ese Juzgado libró Boleta de Notificación a la Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público de este Estado; asimismo se libro compulsa para la citación de la parte demandada.
En fecha 22 de Febrero de 2013, el Alguacil de ese Tribunal Consigno Boleta de Notificación, debidamente firmada por la Dra. MARY CARMEN BATISTA, Fiscal Décimo Quinta del Ministerio Publico.
En fecha 22 de Marzo de 2013, Comparece el Alguacil de ese Tribunal y consignó recibo de citación y compulsa dirigida al demandado de autos ciudadano WILLIAM ONTIVEROS R., manifestando que le fue imposible ubicar al precitado ciudadano.
En fecha 26 de Marzo de 2013, se recibido diligencia de la Abogada SANDRA QUIJADA, con el carácter acreditado en autos, en la cual solicita citación por Carteles.
Mediante auto de fecha 05 de Abril de 2013, este Tribunal acordó la citación por carteles del demandado, conforme a lo establecido en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en esta misma fecha se libro el referido Cartel de Citación.
En fecha 07 de Mayo de 2013, se recibió de la Abogada SANDRA QUIJADA, con el carácter acreditado en autos, diligencia mediante la cual consignó Carteles de Citación publicados en los Diarios Norte y Metropolitano.
Mediante auto de fecha 09 de Mayo de 2013, ese Juzgado dejó sin efecto auto y Carteles de Citación librados en fecha 05 de Abril de 2013; asimismo carteles de Citación publicados en el Diario El Norte y Metropolitano consignados por la Abogada Sandra Quijada, por no cumplir los extremos establecidos en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante auto de fecha 28 de Octubre de 2013, el Abg. Emilio Arturo Mata Quijada; Juez Provisorio de ese Tribunal, se aboco al conocimiento de la presente causa y se Inhibió para seguir conociendo de la misma. Así mismo en esta fecha se levanto el acta respectiva.
En fecha 31 de Octubre de 2013, se dicto auto ordenando la Distribución del presente expediente y su remisión mediante a oficio a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos. Así mismo, se ordenó abrir Cuaderno Separado, en esa misma fecha, se libro el referido oficio.
Mediante auto de fecha 22 de Noviembre de 2013, este Tribunal le dio entrada al presente Expediente, emanado del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial; asimismo este Juzgado aceptó la competencia.
Mediante auto de fecha 22 de Noviembre de 2013, este Juzgado admitió la presente Demanda y ordeno la Notificación de la Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Publico, asimismo acordó librar compulsa para la citación de la parte demandada.
III
El Tribunal para decidir observa lo siguiente:
Motivos de hecho y de derecho para la decisión:
Del análisis de las actuaciones contenidas en el presente juicio, observa este Tribunal que desde el día 22 de Noviembre de 2013, día de despacho en el cual este Tribunal admitió la presente demanda, hasta la presente fecha, han transcurrido en este Juzgado más de treinta (30) días, sin que la parte actora cumpla con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
Dispone el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su
Ordinal Primero:
“Toda instancia se extingue ( ….)
(…)También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días, a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado."
Texta igualmente el artículo 269 ejusdem:
La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.
En cuanto a la perención breve de la Instancia, en sentencia Nº 537 del 06 de julio de 2004, caso José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, expediente Nº 2001-000436, la Sala de Casación Civil estableció el siguiente criterio:
“…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece....” (Mayúsculas, subrayado, negritas y Bastardillas de este Tribunal).
El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala:
“Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.
Es de advertir que el criterio jurisprudencial anteriormente trascrito, fue modificado parcialmente por la misma Sala Civil, bajo la ponencia de la Magistrada, Dra. Yris Armenia Peña Espinoza, en la decisión de fecha 30 de enero de 2.007, dictada en el Expediente Nº 2006-000262, en donde se estableció el criterio que a continuación parcialmente se transcribe:
“…Con referencia al señalamiento de la doctrina de esta Sala en cuanto a la obligación del Alguacil de dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó los emolumentos exigidos en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación, la Sala debe señalar en esta oportunidad, que el silencio del alguacil respecto al cumplimiento de tal obligación, pese a los traslados realizados tendentes a procurar la citación de la parte demandada no puede ocasionar perjuicio a la parte. …”
(subrayado de este tribunal).
Considera este Sentenciador que al haberse suprimido la obligación de cancelar aranceles judiciales, el accionante cumple inicialmente su obligación de impulsar la citación, consignando dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa destinada a lograr la citación del demandado.
Ahora bien, examinadas detenidamente las actas que componen el presente expediente, constata este sentenciador que admitida la presente demanda en fecha 22 de Noviembre de 2013, hasta la actualidad transcurrieron más de treinta (30) días sin que la parte actora hubiere impulsado la citación del demandado. Así se declara.
Aplicando las disposiciones transcritas a los hechos planteados supra, considera quien Sentencia que la parte actora no cumplió con la obligación que le impone nuestro ordenamiento jurídico vigente para practicar la citación del demandado dentro del lapso indicado; en tal virtud éste Tribunal considera que debe declararse la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, contentiva de la presente Demanda de DIVORCIO incoada por la Ciudadana NEDAVIA ELISA GUZMAN GUILARTE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.942.634, debidamente asistida por la Abogada en ejercicio SANDRA QUIJADA QUIJADA, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 141.343, en contra del Ciudadano WILLIAM OMAR ONTIVEROS RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 14.746.892. Así se decide.
Regístrese. Publíquese. Déjese Copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Barcelona, a los Treinta (30) días del mes de Junio del año dos mil Quince. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
El Juez Temporal,
Alfredo José Peña Ramos
La Secretaria,
Judith Milena Moreno Sabino
En esta misma fecha, siendo las 12:10 p.m., se dictó y publicó la anterior Sentencia, previa las formalidades de Ley. Conste.
La Secretaria,
Judith Milena Moreno Sabino
AP/yh.-
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