REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. Barcelona, veintiséis de mayo de dos mil quince 205º y 156º ASUNTO: BP02-N-2013-000264 DEMANDANTE: El Ciudadano: JUAN ALCALA, titular de la cedula de identidad Nº 4.008.159 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Por la Abogada LESLIE FIGUERA CUMANA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 81.285 DEMANDADO: INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPIO SIMON BOLIVAR MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO FUNCINARIAL Vista las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que en fecha 05 de Noviembre del 2013, la abogada Leslie Figuera Cumana, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 81.285, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JUAN ALCALA, titular de la cedula de identidad Nº 13.767.814, interpuso un recurso Contencioso Administrativo Funcionarial contra la averiguación administrativa, de fecha 07 de Mayo de 2013, emanado del Instituto Autónomo de Policía Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui. Seguidamente este Tribunal mediante auto de fecha Cinco (05) de Noviembre de 2013, admitió la presente causa y se libraron las notificaciones respectivas. Revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, y dada la facultad otorgada al Juez en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la declaratoria de oficio de la perención, pasa este Tribunal, previo al análisis del expediente, a revisar de oficio si en la presente causa ha operado la perención de la instancia de conformidad con el artículo 267 ejusdem. En ese sentido, el Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. Al respecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 1º, establece lo siguiente: “....Omissis… También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”. Una vez admitida la demandada, la parte actora tiene la carga de impulsar la citación, carga ésta que se circunscribe a su obligación de proporcionar dentro del lapso de treinta (30) días siguientes a la admisión, los emolumentos al Alguacil a los fines del traslado para la práctica de la citación del demandado, siempre y cuando la dirección a la cual se ha de trasladar el Alguacil diste a más quinientos metros (500 M.) de la sede del Tribunal. El incumplimiento de la mencionada obligación, opera cuando la actora no facilita la labor del Alguacil del Tribunal, en cuanto a su traslado al domicilio del demandado y fundamentalmente al producirse la falta de consignación de los emolumentos respectivos, pasados los 30 días continuos una vez admitida la demanda, lo cual acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Ahora bien, este Tribunal una vez analizadas las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que: desde fecha Cinco (5) de Noviembre de 2013 fecha en que este Juzgado Superior admitió la presente causa y libró las notificaciones correspondientes a las partes para su citación. En este sentido, este tribunal observa que transcurrió más de treinta días continuos, desde la admisión de la demanda, sin que la parte actora haya realizado impulso procesal alguno encuadrando el presente caso en el ordinal 1° del artículo 267 de nuestra norma Adjetiva Civil, dando lugar a la perención breve de la instancia, siendo la misma irrenunciable de acuerdo con el artículo 269 ibídem, dado su carácter de orden público, debe necesariamente ser declarada por este Tribunal, toda vez que la parte actora contaba con suficiente tiempo para cumplir su obligación en forma oportuna y tempestiva. En consecuencia, en el caso sub examine, de acuerdo con el ordinal 1º del artículo 267 eiusdem y el artículo 269 ibídem, resulta forzoso para este Tribunal declarar de oficio la perención breve de la instancia, por haber transcurrido más de 30 días de inactividad de la parte actora, para cumplir su obligación de impulsar las citaciones de los demandados. De manera que, habiendo sido declarada la perención breve en el presente juicio, resulta inoficioso para este Tribunal ingresar al análisis de los demás alegatos aducidos por las partes, dado el efecto extintivo de la perención. Dada la declaratoria de oficio de la perención breve, no se podrá intentar de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención de conformidad con el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil. En virtud a lo expuesto anteriormente, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso – Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: Consumada la perención de la Instancia y Consecuencialmente extinguido el proceso. Segundo: Remítase el presente expediente al Archivo Judicial de esta circunscripción judicial. Déjese copia certificada. La Juez Dra. Mirna Mas Y Rubí Spósito El Secretario Acc, Abg, Carlos Velásquez.