REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de El Tigre. El Tigre, veintidós de mayo de dos mil quince 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL: BH12-M-2002-000007 ASUNTO: BH12-M-2002-000007 Por auto de fecha 26 de febrero de 2.002, éste Tribunal admitió la demanda de COBRO DE BOLIVARES (seguido por el procedimiento de intimación), incoada por el ciudadano MARCO ANTONIO FIGUERA MIJARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.468.649, domiciliado en Pariaguan, Municipio Francisco de Miranda del Estado Anzoátegui, asistido por los ciudadanos RODOLFO CRUZ ROJAS y RAUL BLONVAL PAOLINI, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 24.186 y 22.341, respectivamente, y de éste domicilio, contra el ciudadano MIGUEL ANTONIO SOLORZANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 2.745.833, y domiciliado en Pariaguan, Municipio Miranda del Estado Anzoátegui.- Ahora bien, revisado minuciosamente como lo ha sido el presente expediente, observa este Sentenciador, que desde el 14 de octubre de 2.002, fecha en la cual los ciudadanos abogados RODOLFO CRUZ ROJAS y RAUL BLONVAL PAOLINI, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandante, solicita la ejecución forzosa del convenimiento suscrito por el ejecutado, hasta la presente fecha, no se ha hecho presente en este Tribunal ninguna de las partes u otra persona legítimamente acreditada por ellas, a los fines de impulsar la ejecución del mismo, pese a que han trascurrido más de doce (12) años desde que se realizó la actuación en referencia. No obstante ello, igualmente se aprecia que en el presente caso nos encontramos ante una causa, en donde a criterio de este Tribunal, dada la etapa procesal en la que se encuentra no cabe la figura de la perención a la que se contrae el primer párrafo del artículo 267 de Código de Procedimiento Civil, a lo cual se agrega que dado el tiempo transcurrido en el presente expediente tampoco están llenos los extremos para declarar el abandono del tramite al que se refiere la sentencia N° 256, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero de junio del 2001, en el caso Fran Valero González y Milena Portillo. En virtud de lo anterior, este Sentenciador, a fin de evitar la pendencia indefinida de expedientes en este Tribunal, previniendo así el colapso de nuestros archivos y en procura de la tutela judicial efectiva a que también tienen derecho otros usuarios de este Juzgado que se encuentran en espera de que se sentencien sus causas o sean atendidas y proveídas sus solicitudes y de igual forma de que este Despacho cuente con un espacio adecuado para el archivo de sus expedientes activos y en consecuencia de una mejor custodia y manejo de los mismos, a lo cual se agrega como bien lo ha dicho la Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal de la República en su Sentencia de fecha 17 de marzo de 2.003, que “…el análisis de cualquier causa ocasiona tardanzas en los demás procesos…”, en virtud de que periódicamente las mismas deben ser revisadas para determinar el estado en que se encuentran y mantener así actualizadas tanto las estadísticas como la relación de expedientes existentes, para poder alimentar eficazmente el sistema computarizado Juris 2000 que al efecto ha sido instaurado, ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Archivo Judicial de este Estado, sólo a los fines de su mejor resguardo, en el entendido de que el mismo podrá ser recabado por este Juzgado en cualquier tiempo, en el caso en que cualquiera de los interesados lo solicitare, a fin de atender a las solicitudes que éstos tuvieren a bien hacer en el mismo. Así se decide Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Cúmplase lo ordenado. EL JUEZ TITULAR, Dr. HENRY JOSE AGOBIAN VIETTRI LA SECRETARIA, LAURA PARDO DE VELASQUEZ