REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de El Tigre. El Tigre, veintidós de mayo de dos mil quince 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL: BH12-M-2002-000030 Por auto de fecha 04 de julio del 2.002, este Tribunal admitió la demanda de COBRO DE BOLIVARES, incoada por la ciudadana ALEIDA OJEDA DE TOVAR, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 14.393, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JUAN ELIAS LORETO BELISARIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.487.858, contra la empresa SILENCIADORES EL CALLAO, C.A,, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el Nro. 41, Tomo A-3 de los Libros de Comercio llevados durante el año 1996, y domiciliada en San José de Guanipa, Estado Anzoátegui.- Ahora bien, revisada minuciosamente como lo ha sido la presente causa, observa este Sentenciador que el 13 de enero del 2003, este Tribunal dictó auto mediante el cual acuerda proceder como en Sentencia pasada en Autoridad de Cosa Juzgada, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, sin que hasta ahora se haya hecho presente alguna de las partes u otra persona que legítimamente acreditada por ellas a los fines de impulsar la ejecución de los decidido, pese a que han trascurrido más de once (11) años desde que se profirió la aludida decisión. No obstante ello, igualmente se aprecia que en el presente caso nos encontramos ante una causa, en donde a criterio de este Tribunal, dada la etapa procesal en la que se encuentra no cabe la figura de la perención a la que se contrae el primer párrafo del artículo 267 de Código de Procedimiento Civil, a lo cual se agrega que dado el tiempo transcurrido en el presente expediente tampoco están llenos los extremos para declarar el abandono del tramite al que se refiere la sentencia N° 256, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero de junio del 2001, en el caso Fran Valero González y Milena Portillo. En virtud de lo anterior, este Sentenciador, a fin de evitar la pendencia indefinida de expedientes en este Tribunal, previniendo así el colapso de nuestros archivos y en procura de la tutela judicial efectiva a que también tienen derecho otros usuarios de este Juzgado que se encuentran en espera de que se sentencien sus causas o sean atendidas y proveídas sus solicitudes y de igual forma de que este Despacho cuente con un espacio adecuado para el archivo de sus expedientes activos y en consecuencia de una mejor custodia y manejo de los mismos, a lo cual se agrega como bien lo ha dicho la Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal de la República en su Sentencia de fecha 17 de marzo de 2.003, que “…el análisis de cualquier causa ocasiona tardanzas en los demás procesos…”, en virtud de que periódicamente las mismas deben ser revisadas para determinar el estado en que se encuentran y mantener así actualizadas tanto las estadísticas como la relación de expedientes existentes, para poder alimentar eficazmente el sistema computarizado Juris 2000 que al efecto ha sido instaurado, ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Archivo Judicial de este Estado, sólo a los fines de su mejor resguardo, en el entendido de que el mismo podrá ser recabado por este Juzgado en cualquier tiempo, en el caso en que cualquiera de los interesados lo solicitare, a fin de atender a las solicitudes que éstas tuvieran a bien hacer en el mismo. Así se decide Administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Cúmplase lo ordenado. EL JUEZ TITULAR, Dr. HENRY JOSE AGOBIAN VIETTRI LA SECRETARIA, LAURA PARDO DE VELASQUEZ