REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de El Tigre. El Tigre, veinticinco de mayo de dos mil quince 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL: BH12-V-2002-000023 Por auto de fecha 03 de julio del 2.002, este Tribunal admitió la demanda de EJECUCION DE HIPOTECA, seguido por el procedimiento vía ejecutiva, incoada por el ciudadano CLAUDIO E. FRISOLI M, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 17.420, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ RAMÓN AMER, venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº V-3.577.486, contra la ciudadana TENIA RAMÍREZ DE MONCADA, venezolana, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº 3.640.501, en su carácter de Presidente de la sociedad Mercantil RAMÍREZ & ROLDAN ADMINISTRADORES DE INMUEBLES, S.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el Nº 30, Tomo A-48 de fecha 14 de junio de 1.995, y domiciliada en la ciudad de Anaco del Estado Anzoátegui.- Ahora bien, revisada minuciosamente como lo ha sido la presente causa, observa este Sentenciador que el 13 de mayo de 2003, la parte actora, ciudadano JOSÉ AMER HENRIQUEZ, asistido por la abogada ciudadana DAISY ALFONZO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 88.271, diligencio solicitando la designación del perito evaluador para estimar el justiprecio de los inmuebles a los fines de ejecutar la sentencia proferida en fecha 11 de agosto de 1.998, sin que hasta ahora se haya hecho presente nuevamente en autos alguna de las partes u otra persona que legítimamente acreditada por ellas, muestre tener algún interés en el presente asunto, pese a que han trascurrido más de doce años (12) años desde que se realizó la última actuación en el mismo. No obstante ello, igualmente se aprecia que en el presente caso nos encontramos ante una causa, en donde a criterio de este Tribunal, dada la etapa procesal en la que se encuentra no cabe la figura de la perención a la que se contrae el primer párrafo del artículo 267 de Código de Procedimiento Civil, a lo cual se agrega que dado el tiempo transcurrido en el presente expediente tampoco están llenos los extremos para declarar el abandono del tramite al que se refiere la sentencia N° 256, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero de junio del 2001, en el caso Fran Valero González y Milena Portillo. En virtud de lo anterior, este Sentenciador, a fin de evitar la pendencia indefinida de expedientes en este Tribunal, previniendo así el colapso de nuestros archivos y en procura de la tutela judicial efectiva a que también tienen derecho otros usuarios de este Juzgado que se encuentran en espera de que se sentencien sus causas o sean atendidas y proveídas sus solicitudes y de igual forma de que este Despacho cuente con un espacio adecuado para el archivo de sus expedientes activos y en consecuencia de una mejor custodia y manejo de los mismos, a lo cual se agrega como bien lo ha dicho la Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal de la República en su Sentencia de fecha 17 de marzo de 2.003, que “…el análisis de cualquier causa ocasiona tardanzas en los demás procesos…”, en virtud de que periódicamente las mismas deben ser revisadas para determinar el estado en que se encuentran y mantener así actualizadas tanto las estadísticas como la relación de expedientes existentes, para poder alimentar eficazmente el sistema computarizado Juris 2000 que al efecto ha sido instaurado, ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Archivo Judicial de este Estado, sólo a los fines de su mejor resguardo, en el entendido de que el mismo podrá ser recabado por este Juzgado en cualquier tiempo, en el caso en que cualquiera de los interesados lo solicitare, a fin de atender a las solicitudes que éstos tuvieren a bien hacer en el mismo. Así se decide Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Cúmplase lo ordenado. EL JUEZ TITULAR, Dr. HENRY JOSE AGOBIAN VIETTRI LA SECRETARIA, LAURA PARDO DE VELASQUEZ