REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de El Tigre. El Tigre, treinta de noviembre de dos mil quince 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL: BP12-V-2005-000406 Por auto de fecha 30 de septiembre del 2.005, este Tribunal admitió la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, que hubiere incoado la ciudadana MARIELA ARMATA SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.062.241, y domiciliada en la Segunda Carrera Norte, del Sector Pueblo Nuevo, casa Nº 37-A, de la Ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, a través de su apoderado judicial abogado ALEXANDER GONZALEZ, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 91.111, contra la ciudadana LAURA MARIA PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.217.850, y domiciliada en la Calle Ruiz Pineda, del Sector La Charneca de esta Ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez, del Estado Anzoátegui. Ahora bien, revisado minuciosamente como lo ha sido el presente expediente, observa este Sentenciador que desde el 14 de diciembre del 2006, fecha en la cual este Tribunal a cargo para ese entonces de la Abogada Karellis Rojas Torres, le dio reingreso al presente asunto proveniente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, quien inadmitió el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 8 de marzo de 2.006, que confirmó la decisión dictada por este Despacho el 01 de de febrero de 2.006, mediante la cual declaró con lugar la acción propuesta, y hasta la presente fecha no ha hecho acto de presencia en este Despacho ninguna de las partes u otra persona que legítimamente acreditada por ellas, muestre tener algún interés en el asunto, pese a que han trascurrido más de ocho (08) años desde que se realizó la última actuación en el mismo. No obstante ello, igualmente se aprecia que en el presente caso nos encontramos ante una causa, en donde a criterio de este Tribunal, dada la etapa procesal en la que se encuentra no cabe la figura de la perención a la que se contrae el primer párrafo del artículo 267 de Código de Procedimiento Civil, a lo cual se agrega que dado el tiempo transcurrido en el presente expediente tampoco están llenos los extremos para declarar el abandono del tramite al que se refiere la sentencia N° 256, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero de junio del 2001, en el caso Fran Valero González y Milena Portillo. En virtud de lo anterior, este Sentenciador, a fin de evitar la pendencia indefinida de expedientes en este Tribunal, previniendo así el colapso de nuestros archivos y en procura de la tutela judicial efectiva a que también tienen derecho otros usuarios de este Juzgado que se encuentran en espera de que se sentencien sus causas o sean atendidas y proveídas sus solicitudes y de igual forma de que este Despacho cuente con un espacio adecuado para el archivo de sus expedientes activos y en consecuencia de una mejor custodia y manejo de los mismos, a lo cual se agrega como bien lo ha dicho la Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal de la República en su Sentencia de fecha 17 de marzo de 2.003, que “…el análisis de cualquier causa ocasiona tardanzas en los demás procesos…”, en virtud de que periódicamente las mismas deben ser revisadas para determinar el estado en que se encuentran y mantener así actualizadas tanto las estadísticas como la relación de expedientes existentes, para poder alimentar eficazmente el sistema computarizado Juris 2000 que al efecto ha sido instaurado, ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Archivo Judicial de este Estado, sólo a los fines de su mejor resguardo, en el entendido de que el mismo podrá ser recabado por este Juzgado en cualquier tiempo, en el caso en que cualquiera de los interesados lo solicitare, a fin de atender a las solicitudes que éstas tuvieran a bien hacer en el mismo. Así se decide Administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Cúmplase lo ordenado. EL JUEZ TITULAR, Dr. HENRY JOSE AGOBIAN VIETTRI LA SECRETARIA, LAURA PARDO DE VELASQUEZ HJAV/ztb.-