TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui
Barcelona, 01 de octubre de 2015
205º y 156º

ASUNTO: BJ01-P-2014-0000071
ASUNTO: BP01-R-2015-0000093
PONENTE: Dra. MAGALY BRADY URBAEZ

Se recibió recurso de apelación interpuesto por la abogada MARIA VICTORIA HEREDIA, en su condición de Defensora Pública Cuarta Penal del imputado JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, titular de la cédula de identidad Nº 21.387.863, contra la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2015, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la cual decretó “MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD” en contra del prenombrado ciudadano por la presunta comisión de los delitos ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO),

Dándosele entrada el 11 de junio de 2015, se le dio cuenta al Juez Presidente y efectuada la distribución legal, de acuerdo al sistema automatizado JURIS 2000, correspondió la ponencia a la Dra. MAGALY BRADY URBAEZ, quien con el carácter de Jueza Superior Ponente suscribe el presente auto.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La abogada MARÍA VICTORIA HEREDIA en su escrito de apelación, entre otras cosas, alega lo siguiente:

“Yo, MARIA VICTORIA HEREDIA, actuando en mi carácter de Defensora Público Cuarta Penal del Ciudadano JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, plenamente identificado en el asunto Nº BJ01-P-14-000071, ocurro ante du competente autoridad a los fines de exponer y solicitar:

CAPITULO I

De conformidad con lo establecido en el Artículo 439 Ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal, interpongo RECURSO DE APELACION en contra del auto de fecha 26 de Febrero de 2015, en donde el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control Nº 04, decreto Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de mi asistido, y en consecuencia solicito que la presente apelación de autos sea declarada con LUGAR y les sean decretadas MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de las contentivas en el Articulo 242 de nuestra Ley Penal Adjetiva.

CAPITULO II

Es el caso Ciudadanos Magistrados, que en fecha 26 de febrero de 2015, con ocasión a la Celebración del acto de Audiencia de Presentación en la presente causa, el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 05 de Barcelona, decreto MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de mi asistido, por encontrase incurso en la presunta comisión de delito de Homicidio Calificado cometido con Alevosía, previsto y sancionado en el Articulo 408 Ordinal 1º del Código Orgánico Penal, y Robo Agravado en Perjuicio de Simón Eduardo Aparicio (occiso).

CAPITULO III

Esta Defensa señala la falta de motivación del auto y podemos mencionar la debida motivación en la que debió exponer las razones por las que se acordaba la medida privativa de libertad, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, en contra de mi asistido, a los fines de garantizar efectivamente la Tutela Judicial Efectiva y con ello verificar efectivamente la vialidad o no de dicha medida , asi como de los pronunciamientos, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y conforme a los establecido en el Articulo 157 del Código Procesal Penal.

Es importante señalar que la obligación del juez es motivar sus pronunciamientos ya sean mediante auto o sentencia, no solo se refiere cuando exista decreto de una mediada privativa judicial preventiva de libertad, puesto que el Artículo 242 refiere textualmente lo siguiente:

“Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad pueden ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Publico o del imputado deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas….

Pues bien en el presente caso no se fundamentó en el auto separado los motivos que dieron lugar para el d decreto de la medida de coerción personal a mi defendido violentándose igualmente el contenido del Articulo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

“Las decisiones del Tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación”.

Ahora bien, a todo evento el pronunciamiento dictado en la audiencia de presentación realizada en fecha 26 de febrero de 2015, presenta vicios de motivación, por cuanto el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control Nº 04 de Barcelona, no estableció de manera clara y precisa cuales eran las circunstancias directas que justificaban adoptar tales resoluciones, lo que denota falta de motivación y por ende violación al debido proceso, al derecho a la defensa y a la Tutela Judicial Efectiva. El Juzgador se limita en su fundamentación a señalar una serie de actuaciones arrojadas al proceso, que mediante esta fase de investigación ha recabado el Ministerio Publico sin señalar en forma precisa y detallada cuales fueron las circunstancias en que se materializo la aprehensión del imputado , ni cuales fueron las evidencias incautadas al mismo, ni de que modo esta acreditado que el imputado fue el autor de los delitos señalados, mi cual fue la conducta desplegada por el para atacar bien jurídico protegido por la Ley. No se examino el contenido y formar así un criterio Judicial pata admitir o no la precalificación del delito aportad por la vindicta publica y en modo especial para determinar la existencia de un nexo causal entre la conducta del imputado y el evento dañoso recriminado y para determinar la procedencia de la mediad de coerción a imponer, quedando a la imaginación de las partes lo que considero en su psiquis el Juzgador como fundamento para decidir.

PETITORIO

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, solicito sea declarada con lugar la presente Apelación y sea revocada la Medida Privativa de libertad dictada en fecha 26 de Febrero de 2015 y en consecuencia sea decretada LIBERTAD PLENA Ciudadano JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, con fundamento en el Articulo 44 Ordinal 1º de nuestra Carta Magna en perfecta armonía con el Articulo 49 Ordinal 2º Ejusdem.

DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Emplazado el Representante de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Abogada ERIKA VASQUEZ, de conformidad a lo establecido en el artículo 441 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, el mismo no diò contestación al recurso de apelación.

DE LA DECISIÓN APELADA

La decisión impugnada, dictada en fecha 26 de febrero de 2015, entre otras cosas, expresa lo siguiente:

“...En el día de hoy, Jueves 26 de febrero de 2015, siendo la data fijada por este Tribunal para llevarse a efecto la Audiencia para oír al imputado, en la causa signada con el Nº BJ01-P-2013-00071, nomenclatura asignada por el Sistema Computarizado JURIS 2000, en vista de la orden de aprehensión acordada y librada en fecha 15-11-2013, en contra del imputado JESUS ABRAHAN PARICHE CARABALLO, titular de la Cédula de Identidad Nº 21.387.863 por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el articulo 406, Ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (occiso), ROBO AGRAVADO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los Artículos 458 y 174 Ambos del Código Penal, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo y POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 111 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones. Constituido como se encuentra el Tribunal con el Juez Cuarto de Control, a cargo de la Juez Titular DRA.- LUZ VERONICA CAÑAS, la Secretaria de sala ABG. DISNEIVY GUERRERO y EL ALGUACIL LUIS FIGUERA.- La ciudadana Juez solicitó a la Secretaria verificara la presencia de las partes, dejando constancia de la asistencia del Fiscal Primero del Ministerio Público, DRA. ERIKA VASQUEZ, el imputado JESUS ABRAHAN PARICHE CARABALLO, previo traslado desde EL Instituto Autónomo de la Policía del Estado Anzoátegui, debidamente asistido por la defensa pública DRA. MARIA VICTORIA HEREDIA, quien acepto el cargo y prestaron el Juramento de Ley en acta separada. Acto seguido la Juez informa a las partes el objeto de la presente audiencia y le concedió la palabra al Representante del Ministerio Público, a los fines de que exponga las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue detenido el imputado, así como la pre-calificación jurídica, y solicite el procedimiento; quien expuso: "Yo, ERIKA VASQUEZ, en mi carácter de Fiscal 1º (A) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, solicito se ratifique la aprehensión y coloco a disposición de este Juzgado al imputado JESUS ABRAHAN PARICHE CARABALLO, titular de la Cédula de Identidad Nº 21.387.863 por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el articulo 406, Ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (occiso), ROBO AGRAVADO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los Artículos 458 y 174 Ambos del Código Penal, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo y POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 111 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en virtud de orden de aprehensión solicitada por ante este Tribunal de Control Nº 04, en 15-11-2013, y siendo acordada en la misma fecha; solicito de igual manera en este acto le sea ratificada y decretada Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad en contra del referido ciudadano, todo conforme a lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal; así como la aplicación del procedimiento Ordinario, por considerar que se encuentran llenos los extremos de la norma procesal enunciada, así como la presunción razonable de peligro de fuga, por la pena que pudiera imponérsele al hoy imputado; solicito copia simple de la presente acta. Es todo”. Seguidamente el Juez impone al imputado del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se procede a interrogar al imputado JESUS ABRAHAN PARICHE CARABALLO, venezolano, natural de Barcelona, Estado Anzoátegui, donde nació en fecha 22/08/1992 de 22 años edad, estado civil soltero, de profesión u oficio Obrero, titular de la cédula de identidad Nº V.- 21.387.863 hijo de los ciudadanos Carmen Caraballo (V) Y German Pariche (v) residenciado Invasión Fuerte Tiuna, Casa S/N, Vía San Diego, Barcelona, se deja constancia que el referido ciudadano no presenta ni tatuaje ni cicatriz y quien manifestó: ese día Salí a trabajar desde las siete, Salí a las cinco de la tarde llegue a mi casa me bañe y me fui a la universidad y llegue a las nueve a mi casa, al otro día fui a trabajar, llegue en la tarde a mi casa me bañe y volví a ir a la universidad, al día siguiente como a las once me llamaron que la ptj estaba en mi casa que habían agarrado a mi mama a mi mujer y a dos chamos que estaban allí y los pusieron como testigos, yo no estaba el día del hecho ese. es todo.- SEGUIDAMENTE EL TRIBUNAL LE CEDE EL DERECHO DE PALABRA AL FISCAL DEL MINISTERIO PARA QUE FORMULE PREGUNTAS: no voy a realizar preguntas.- SEGUIDAMENTE EL TRIBUNAL LE CEDE EL DERECHO DE PALABRA AL DEFENSOR PUBLICA DRA. MARIA VICTORIA HEREDIA, QUIEN EXPONE DE LA MANERA SIGUIENTE: De la revisión efectuada a la presente causa se observa que no existen suficientes elementos de convicción que hagan presumir la participación de mi defendido en la comisión del ilícito penal imputado por el ministerio publico, ahora bien, como la presente causa se encuentra en etapa de investigación y aun faltan elementos de investigación criminalística así como diligencias tendientes al total esclarecimiento de los hechos es por lo que esta defensa se reserva la oportunidad legal de realizar los alegatos de fondo , sin embargo a favor de mi defendido concurren y se encuentran presentes los principios de presunción, de inocencia y afirmación de libertad contenidos en nuestra carta magna y en armonía con lo establecido en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal , es por ello que pido al tribunal muy respetuosamente se aparte de la solicitud fiscal de decretar privación de libertad y le conceda medida cautelar sustitutiva de libertad, y solicito copia simple es todo.- SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Nº 04 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, DR. ELEAZAR JAVIER SALDIVIA, QUIEN ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, EXPONE: ANALIZADOS LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 236 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, ESTE TRIBUNAL DE CONTROL Nº 04, PASA A EMITIR LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: Dadas las circunstancia de modo, lugar y tiempo en que se practico la detención del ciudadano imputado JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO,, en virtud de la Orden de Aprehensión dictada por este Tribunal en fecha 15/11/2013, previa solicitud de la Fiscal 1° del Ministerio Publico, siendo la misma materializada en fecha 24/02/15 previo traslado del Centro de Coordinación Policial de Barcelona, por lo que dicha detención se encuentra ajustada a derecho de conformidad con lo establecido en el articulo 44.1 Constitucional. Se acuerda proseguir la presente investigación por le PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con lo establecido en el articulo 262 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Revisada la presente causa se observa que cursa en autos lo siguiente: LOS HECHOS “…LOS HECHOS“…En fecha (07) de Noviembre de 2013, siendo aproximadamente las 07:30 horas de la noche, el ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), se encontraba realizando sus labores como vigilante privado en la empresa “Auto lavado Over Car” ubicado en la calle Los Cocos de la ciudad de Puerto la Cruz en el Estado Anzoátegui, cuando de pronto fue sorprendido por varios sujetos entre ellos los ciudadanos RAFAEL ANTONIO BETANCOURT FARFAN, ANTONY JAVIER NATANIEL MORALES, RONALD RAFAEL BLANCO BARRETO, ROBERTH RAMON URBANEJA MORALES y JESUS ABRAHAN PARICHE CARABALLO, quienes ingresaron al local y lo sometieron con armas de fuego para proceder a sustraer del mismo varios artefactos electrónicos y luego retirarse del lugar en un automóvil Marca Chevrolet, Modelo Caprice, Placas ACE51M, Color Marrón, Año 1982, llevándose como rehén a la victima SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO) a quien amordazaron y amarraron de pies para inmovilizarlo, para luego dirigirse a la Calle Country Club, Sector Universidad, entre el Supermercado Makro y el Campo de Golf Country en la Parroquia Puerto la Cruz en el Estado Anzoátegui, donde lo bajaron y le propinaron un disparo con arma de fuego al cráneo, lo cual le produjo la muerte de manera instantánea, para luego darse a la fuga y dejar el cadáver tendido en el suelo en estado de abandono en el referido lugar…”.- Ahora bien, de los elementos de convicción, correspondientes a las diligencias de investigación practicadas por el órgano policial con relación al presente caso, se aprecia lo siguiente: 1.- TRANSCRIPCION DE NOVEDAD, de fecha 08/11/2013. 2.- ORDEN DE INICIO DE INVESTIGACION de fecha 13/11/2013.- 3.- ACTA DE INVESTIGACION, de fecha 08/11/2013. 4.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2873, de fecha 08/11/2013. 5.- RESEÑA FOTOGRAFICA de fecha 08/11/2013.- 6.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2874, de fecha 08/11/2013.- 7.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1001-13, de fecha 08/11/2013.- 8.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 551, de fecha 08/11/2013.- 9.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 552, de fecha 08/11/2013.- 10.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1000-13.- 11.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1002-13.- 12.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 09/11/2013, rendida por el Ciudadano GIULIO OLINDO ZOINO CELIS.- 13.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 09/11/2013, rendida por el Ciudadano APARICIO YREMIA NOHEMI.- 14.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 11/11/2013.- 15.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 09/11/2013, rendida por el Ciudadano NATANIEL MORALES ANTONI JAVIER.- 16.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano MEDINA RODRIGUEZ GREGORI RAFAEL.- 17.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 11/11/2013.- 18.- CERTIFICADO DE DEFUNCION DE FECHA 11/11/2013.- 19.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano NELSON JOSE MARCANO.- 20.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano JUAN CARLOS MARTINEZ.- 21.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano DOMINGO JOSE PATIÑO ARCIA.- 22.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano VILLALON CHACIN OMAR JAVIER.- 23.- ACTA DE AMPLIACION DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano JUAN CARLOS MARTINEZ.- 24.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/11/2013.- 25.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS de fecha 12/11/2013.- 26.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 560, de fecha 12/11/2013.- 27.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/11/2013.- 28.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/11/2013.- 29.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2920, de fecha 12/11/2013.- 30.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1014.- 31.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2921, de fecha 12/11/2013.- 32.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 561.- 33.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano SIFONTES URBANEJA JOSE EMILIO.- 34.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano NORBERTO ANTONIO GAMBOA PARICHE.- 35.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano MOYA PINO RONALD VALENTIN.- 36.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano ROSAIDA DEL CARMEN BLANCO COLMENARES.- 37.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano CARMEN DEMETRIA CARABALLO ROSALES.- 38.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano NATACHA COROMOTO BRITO ZARMIENTO.- 39.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/11/2013.- 40.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano GLORIANNY DEL CARMEN NATANIEL DURAN.- 41.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 13/11/2013.- 42.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1016-13.- 43.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2920, de fecha 13/11/2013.- 44.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 560.- EXPERTICIA DE REGULACION REAL Nº 301.- 45.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 13/11/2013, rendida por la Ciudadana GIULIO OLINDO ZOINO CELIS.- 46.- EXPERTICIA TECNICO CIENTIFICA DE SERIALES Y AVALUO Nº 657, de fecha 13/11/2013.- 47.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 13/11/2013.- 48.- ACTA DE INVESTIGACION CRIMINAL, de fecha 15/11/2013.- 49.- PROTOCOLO DE AUTOPSIA NRO 139-684-(222)-2013, suscrita por la DRA. GUMERSINDA CARNEIRO.- TERCERO: De las actas antes descritas, se evidencia que estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, hay suficientes elementos de convicción para estimar la participación o autoría en el presente hecho punible. Asimismo el Ministerio Público ratifico la orden de aprehensión a fin de que esta Instancia Judicial dictara Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, por lo que existe una presunción razonable de peligro de fuga en razón a la pena que se podría llegar a imponer en el caso, la magnitud del daño causado y por ser el hecho punible un delito que en su límite máximo prevé una pena mayor a diez años de prisión por tales motivos es que este Tribunal de Control Nº 04, SE DECRETA MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del imputado JESUS ABRAHAN PARICHE CARABALLO, titular de la Cédula de Identidad Nº 21.387.863 por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el articulo 406, Ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (occiso), ROBO AGRAVADO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los Artículos 458 y 174 Ambos del Código Penal, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo y POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 111 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones; conforme a lo establecido en los artículos 236, numerales 1°, 2° y 3° y 237, numerales 2° y 3° Parágrafo Primero del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia de lo anteriormente narrado se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa de que sea dada a su representado una medida cautelar sustitutiva de libertad, vista la magnitud del delito que se le atribuye a su representado cuya pena excede de los limites a que se refiere el articulo 237 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal, siendo insuficiente la aplicación de una medida cautelar para garantizar las resultas del proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 229 y 239 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Se acuerda como sitio de reclusión para el imputado JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, el órgano aprehensor donde quedara recluido a la orden de este Tribunal, Se ordena librar el correspondiente oficio. QUINTO: Se acuerdan las copias simples de la presente acta de presentación y de la totalidad de la causa a la defensa de confianza.- SEXTO: Quedan las partes presentes en este acto, debidamente notificadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal...”

DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE ESTA CORTE

El día 11 de junio de 2015, ingresó el presente asunto se le dio cuenta al Juez Presidente y efectuada la distribución legal, de acuerdo al sistema automatizado JURIS 2000, correspondió la ponencia a la Dra. MAGALY BRADY URBAEZ.

En fecha 22 de junio de 2015, se dictó auto mediante el cual se acordó devolver el presente cuaderno separado al Tribunal a quo, a los fines de que sea agregada la decisión refutada. El mismo reingresa en fecha 21 de septiembre de 2015.

Seguidamente en fecha 23 de septiembre de 2015, se admitió el presente recurso de apelación conforme a lo establecido en el artículo 442 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

LA DECISIÓN DE LA CORTE DE APELACIÓN

Una vez verificadas las actas que conforman el presente cuaderno separado, esta Corte de Apelaciones, para decidir, observa:

Recurre ante esta Instancia Superior la abogada MARIA VICTORIA HEREDIA, en su condición de Defensora Pública Cuarta Penal del imputado JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, titular de la cédula de identidad Nº 21.387.863, contra la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2015, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la cual decretó “MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD” en contra del prenombrado ciudadano por la presunta comisión de los delitos ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), todo de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal; seguidamente se pasa a examinar las pretensiones de la recurrente y son las siguientes:

Alega la impugnante la falta de motivación de la sentencia recurrida, considerando que el Tribunal a quo no expuso las razones por las que acordaba la medida privativa de libertad ni “fundamentó en el auto separado los motivos que dieron lugar para el decreto de la medida de coerción personal impuesta” a su representado, considerando que con ello incurrió en la violación de derechos constitucionales y legales del imputado de autos, como son el debido proceso, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

Denuncia la quejosa que en la decisión impugnada “no se examino el contenido y formar así un criterio judicial para admitir o no la precalificación del delito” imputado por el Ministerio Público, para determinar la existencia de un nexo causal entre la conducta del imputado y el evento dañoso recriminado.

Delata la apelante, que el Tribunal a quo no analizó debidamente “la existencia de las condiciones excepcionales necesarias” para justificar la aprehensión preventiva y posteriormente dictar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de su defendido.

Finalmente la impugnante solicita se revoque la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en contra del ciudadano JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO y sea decretada libertad plena a su defendido.

Nuestra Ley Adjetiva Penal, en su artículo 432, faculta a las Cortes de Apelaciones para conocer solo los puntos de la decisión que han sido refutados, de manera que dentro de estos parámetros se producirá la decisión de esta Superioridad, criterio éste que ha sido ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo Nº 104 del 20 de febrero de 2008, con Ponencia del Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, en el cual, entre otras cosas, se dejó sentado lo siguiente:

“…el Juez de la apelación no podrá conocer sino, exclusivamente, los particulares de la decisión que han sido impugnados; ello, justamente, como tutela al derecho fundamental a la tutela judicial eficaz que reconocen los artículos 26 y 257 de la Constitución, protección esta que se vería seriamente menoscabada si se entrara al conocimiento de una apelación que fuera interpuesta sin la concreción de los puntos contra los cuales se originó la contención, ya que ello obligaría a la valoración de la integridad del fallo que sea objeto de dicho recurso, tal como debía hacerse en el caso de la ahora extinta consulta, contra la cual son oponibles no sólo los fundamentos que fueron explicados en el antes referido acto decisorio, sino, igualmente, al ya anotado riesgo de que, en perjuicio de las partes, se decida sobre particulares del fallo, respecto de los cuales aquéllos no tengan objeción alguna…”

Ahora bien, en su primera denuncia plantea la recurrente la falta de motivación en los fundamentos por auto separado de la sentencia impugnada, considerando que con ello incurrió en la violación de derechos constitucionales y legales del imputado de autos, como son el debido proceso, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, al respecto considera importante este Tribunal Colegiado acotar lo siguiente:

La motivación constituye una obligación para el juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que lo lleva a decidir de determinada manera, resultando suficiente la exposición clara de las razones jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión, permitiendo así el control de la actividad jurisdiccional.

La función de motivar es evitar o erradicar la arbitrariedad en las resoluciones judiciales, por lo que debe hacerse la exposición lógica y racional de los argumentos que las forman, constituye una consecuencia esencial de la función que desempeñan los jueces y de la vinculación de éstos a la ley, siendo también que este requisito constituye para el justiciable un mecanismo esencial para contrastar la razonabilidad de la decisión, que posibilite el control externo de sus fundamentos.

Si bien existen ciertas actuaciones que no requieren una motivación extensa de los fallos, es decir, que excedan de lo razonable, deben los órganos jurisdiccionales establecer de manera precisa y detallada las razones de hecho y derecho que fundamentaron su decisión, por cuanto lo contrario imposibilita a los accionantes el ejercicio de su derecho a la defensa, en virtud del desconocimiento de los motivos de hecho y de derecho que determinaron la adopción de una determinada decisión.

El artículo 157 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

“Artículo 157. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación.
Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer.
Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente.” (Sic).

Ahora bien, como se ha expresado anteriormente, motivar una sentencia implica expresar las razones por las cuales la juzgadora toma una determinada decisión, de tal manera que con la simple lectura de la misma, se entienda qué es lo que se está decidiendo.

Sobre este particular, consideramos oportuno destacar un extracto del fallo Nº 1821 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 1 de diciembre de 2011, con Ponencia del Magistrado DR. ARCADIO DELGADO ROSALES, el cual entre otras cosas estableció lo siguiente:

“…Ahora bien, la Sala ha considerado que si bien todas las decisiones deben ser motivadas, aunque se trate de una motivación mínima de la cual se desprenda que el juzgador apreció y analizó todos los elementos probatorios y los alegatos presentados por las partes constitutivos de sus pretensiones y defensas, con miras a dictar un pronunciamiento exhaustivo en la causa de que se trate, también es cierto que la motivación exigua, por sí misma, no lesiona el derecho al debido proceso y por ende la tutela judicial efectiva.
Diferente es cuando se omite un pronunciamiento puntual respecto de algún alegato o defensa opuesta, en cuyo caso se estaría configurando el vicio de incongruencia omisiva, que tampoco es el supuesto de autos.
En esos términos se ha pronunciado esta Sala de forma reiterada, según lo plasmado en la sentencia N° 190/2010, al indicar lo siguiente:
“La motivación exigua, como lo ha expresado la Sala en varias sentencias, no consiste en una inmotivación y por lo tanto, no hace procedente la violación de la tutela judicial efectiva…”

Para abundar en lo anterior, es oportuno destacar la sentencia de la misma Sala, con ponencia del Magistrado Dr. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, de fecha 30/11/2011, Nº 1816, la cual establece lo siguiente:

“...la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos…”.
(Resaltado de esta Superioridad)

Igualmente la Sala, estableció en fallo Nº 499, de fecha 14 de abril de 2005, con Ponencia del Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, lo siguiente:
“…En todo caso, debe recordarse, a estos efectos, que la Sala ha establecido que, en virtud de la etapa del proceso en la cual es dictada, no es exigible, respecto de la decisión por la cual se decrete, en la audiencia de presentación del imputado, la medida cautelar de coerción personal, una motivación que se desarrolle con la exhaustividad que es característica de otras decisiones…”

En el caso que nos ocupa se evidencia que la Juez a quo fundamentó su decisión en la existencia de elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal del imputado de autos, aunado al hecho que consideró que se encuentran llenos los extremos del artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, suficientes elementos de convicción y una presunción razonable de peligro de fuga, derivada de la pena que pudiera llegar a imponerse en caso de encontrarlo culpable, la magnitud del daño causado y el peligro de obstaculización al proceso, cumpliendo la recurrida con estos requisitos a los fines de decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO.

Debe destacar esta Superioridad, que la Jurisprudencia patria ha sido clara en el deber que tienen los jueces de motivar sus decisiones, siendo que en el caso de marras una vez revisado el fallo impugnado y al concertarla con lo exigido en nuestro ordenamiento jurídico adjetivo penal, se infiere que dicha decisión resulta viable, contentiva de una motivación mínima, que hace procedente la medida de coerción personal dictada en contra del imputado de autos.

Con respecto a lo alegado por la recurrente, en el sentido que la decisión dictada por el Tribunal de Instancia, al decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad, al ciudadano JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), viola los derechos constitucionales y legales del imputado de autos, como son el debido proceso, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, esta Alzada considera necesario hacer las siguientes observaciones:

Es oportuno señalar el artículo 49 de la Carta Magna, el cual dispone:

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley...” (sic).

El debido proceso comprende un conjunto de garantías mínimas para el juzgamiento. En el marco del proceso penal, una de las exigencias que derivan del debido proceso, implica, cuando se trata del acusado, el cumplimiento de una serie de requisitos y formas, que le permitan a éste materializar su defensa en condiciones de igualdad de armas con la acusación. De igual forma, implica que el órgano jurisdiccional mantenga un equilibrio y equidistancia de las acusaciones y las defensas, asegurándole a las partes –tanto el Ministerio Público como a la defensa- ejercer sus facultades correspondientes a los fines de someter al debate contradictorio sus argumentos y sus pretensiones probatorias (vid. CORDÓN MORENO, Faustino. Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal. 2ª edición. Editorial Aranzadi. Madrid, 2002, p. 192).

Los principios rectores del proceso penal venezolano, son siempre la aplicación de la justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, a tenor del artículo 26 de la Carta Magna que establece la garantía a la tutela judicial efectiva, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 26. “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independientemente, responsable, equitativa y expedita, en dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva es importante traer la siguiente opinión doctrinaria: “(...) no garantiza sólo el libre acceso a los Juzgados y Tribunales, sino también que éstos resuelvan sobre el fondo de las pretensiones que ante ellos se formulan. En términos gráficos escribe Díez-Picazo Jiménez que el derecho a la tutela judicial efectiva no es sólo el derecho a traspasar el umbral de la puerta de un tribunal, sino el derecho a que, una vez dentro, éste cumpla la función para la que está instituido” [Cfr. Fernando Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, 3º edición, Madrid, Civitas, Edit., 2001, pág. 538].

Es oportuno destacar el criterio establecido por la Sala de Casación Penal en fecha 18 de agosto de 2009, sentencia Nº 421, con ponencia de la Magistrada DRA. MIRIAM MORANDY, que expresó, entre otras cosas lo siguiente:

“Entre las garantías fundamentales que ofrece el debido proceso está el derecho a la defensa y el derecho a ser oído, y por disposición constitucional y legal, estos derechos individuales, deben garantizarse en todas las etapas del proceso, no pudiendo ningún órgano del Estado coartarlo bajo cualquier excusa”.

Igualmente es necesario destacar el fallo emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado DR. FRANCISCO CARRASQUERO LOPEZ, de fecha 18 de noviembre de 2011, sentencia Nº 1744, el cual estableció entre otras cosas lo siguiente:

“El derecho a la tutela judicial efectiva es el que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los tribunales de justicia, de conformidad con lo pautado en la ley, que a su vez ofrece distintas vías procesales”

En este orden de ideas, podemos señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan las pretensiones de las partes y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumental fundamental para la realización de la justicia, en un Estado social de derecho y de justicia, donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que establece el artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

De allí que, toda actividad procesal o judicial necesita para su validez llenar una serie de exigencias que le permitan cumplir con los objetivos básicos esperados, esto es, las estrictamente formales y las que se refieren al núcleo de dicha actividad. Sin embargo, independientemente de cuáles sean los variados tipos de requisitos, ciertamente ellos dan la posibilidad de conocer cuándo se está cumpliendo con lo preceptuado por la norma, circunstancia que permite entonces conocer hasta donde se puede hablar de nulidad o validez de los actos procesales.
Ahora bien, la Jurisprudencia patria ha sido clara al establecer diferencias entre las medidas cautelares sustitutiva de libertad y la privación judicial preventiva de libertad y debe entenderse que la actividad que realiza cada Juzgador al aplicar una u otra debe ajustarse a la Constitución y a las Leyes y a cada caso en concreto, ajustándolo a la actividad propia de juzgar, siendo concebidas por el Legislador como un medio para asegurar la finalidad del proceso y la sujeción del imputado a éste, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de su procedencia.
El propósito del decreto de una medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de un ciudadano es para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso, más aún cuando existen suficientes elementos que hacen presumir su participación en el hecho imputado. Por ende, la medida de privación judicial preventiva de libertad debe entenderse que es sólo para asegurar la comparecencia del imputado en el proceso y las resultas de éste y nunca debe considerarse como una pre-condena, considerando este Tribunal Colegiado de todo lo expuesto con anterioridad, que se evidencia de la audiencia oral de presentación celebrada por el Tribunal a quo, de fecha 26 de febrero de 2015, donde se acogió la precalificación jurídica por el tipo penal: ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), en ningún momento se lesionaron las garantías mínimas que componen la imagen del debido proceso ni mucho menos el derecho a la defensa, y específicamente, no se le restringió al imputado el ejercicio de sus facultades en el proceso penal, ya que al momento de dictar su fallo, la Juez de Instancia analizó los diversos elementos de convicción presentes que hacen presumir que existía una presunción grave de que el imputado hubiese participado en la realización del tipo penal precalificado por el Ministerio Público en la Audiencia de Flagrancia, así como por la gravedad del delito imputado, la pena que podría llegar a imponerse, y en criterio de este Tribunal Colegiado existen suficientes elementos de convicción para que el a quo decretara la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad en contra del imputado ciudadano JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, tal y como lo establece el artículo 236 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se encuentra debidamente motivado el fallo impugnado, motivo por el cual este Tribunal de Alzada declara SIN LUGAR la presente denuncia, en virtud de lo antes expuesto Y ASÍ SE DECIDE.

En su segunda denuncia, alega la quejosa que en la decisión impugnada no se examinó el contenido para admitir o no la precalificación del delito imputado por el Ministerio Público y determinar así la existencia de un nexo causal entre la conducta del imputado y el evento dañoso recriminado.

Conforme a lo denunciado, este Tribunal Pluripersonal considera importante traer a colación lo señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1895, de fecha 15 de diciembre de 2011 con ponencia de la Magistrada Dra. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, quien dejó asentado lo que sigue:

“…la Sala precisa indicar, que las calificaciones jurídicas surgidas durante el desarrollo de las audiencias de presentación del imputado- de acuerdo a las previsiones del artículo 250 ó 373 del Código Orgánico Procesal Penal- son provisionales, que de acuerdo a las incidencias que surjan en el transcurso de la investigación, podrán mantenerse o cambiarse, en cuyo último caso, el imputado deberá ser imputado por estos nuevos hechos surgidos, que hayan originado ese cambio, por lo que, de manera alguna, debe entenderse que la decisión referida a este cambio de calificación por la alzada en la fase investigativa, sea vinculante para el fiscal del Ministerio Público a cargo de quien esté la investigación o para el tribunal causa...”

Verificado el contenido de la jurisprudencia citada, queda claro que la sentencia impugnada se trata de la primera decisión emitida por el Tribunal a quien correspondió el conocimiento de la causa principal y tal como lo ha dejado sentado nuestro Máximo Tribunal de Justicia, la misma no debe contener mayores exigencias que las mencionadas anteriormente, ya que el proceso apenas se está iniciando y las calificaciones surgidas en la etapa preparatoria son provisionales, de manera que, la precalificación dada por el Ministerio Público y que fuere admitida por la Juez de Control en la audiencia de presentación, por la presunta comisión de los delitos ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), se trata de una precalificación provisoria, esto es, la misma pudiera cambiar en el devenir del proceso, ya que no se trata de una calificación definitiva y en caso de considerar la defensa que no es la calificación que pudiera darse en el presente hecho, tiene la oportunidad de desvirtuarlos durante el proceso, el cual se encuentra en fase preparatoria, por consiguiente lo procedente y ajustado en derecho es declarar SIN LUGAR la presente denuncia Y ASÍ SE DECIDE.

Como tercer punto delata la apelante, que el Tribunal a quo no analizó debidamente “la existencia de las condiciones excepcionales necesarias” para justificar la aprehensión preventiva y posteriormente dictar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de su defendido.

Esta Alzada destaca que nuestra Ley Adjetiva Penal establece, que previa solicitud fiscal, el Juez de Control podrá decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad a que se contrae el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, verificando con antelación que se encuentren plenamente demostrados en autos y de manera acumulativa los tres requisitos de procedencia de la misma, en concordancia con los artículos 237 y 238 ejusdem; a los fines de resolver el anterior planteamiento esta Alzada considera oportuno citar el contenido de las mentadas normas, las cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 236. Procedencia. El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”.

Artículo 237.Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.
3. La magnitud del daño causado.
4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.

Artículo 238. Peligro de Obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:

1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. Influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia. (sic).

En relación al contenido del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en primer lugar, se debe corroborar la existencia de un hecho delictivo merecedor de pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; en segundo término, que existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el posible autor o partícipe de tal hecho y finalmente, que exista una presunción razonable de fuga o de obstaculización de la investigación, que haga peligrar la búsqueda de la verdad en la investigación.

Es bien sabido por establecerlo así la jurisprudencia y la doctrina patria, que los presupuestos ut supra referidos deben darse conjuntamente de manera, que la no demostración plena de uno de ellos hace improcedente la aplicación de la medida restrictiva de libertad y en consecuencia, operaría el otorgamiento de una de las medidas cautelares sustitutivas, de las contenidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así tenemos que en relación a la satisfacción o no de los extremos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Alzada luego de efectuado el estudio a las actas que contienen la presente causa, observa lo siguiente:

1.- Existen unos hechos punibles que merecen pena privativa de libertad, a saber: los delitos ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), el cual es perseguible de oficio y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, ello por el quantum y la naturaleza de la pena que tiene asignado.

2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado haya sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible.

Con ocasión a esta exigencia, esta Alzada considera, que si bien es cierto sólo es en la fase de juicio oral y público, la que permite, luego de la práctica de todas las pruebas y dado el correspondiente contradictorio, establecer la responsabilidad o no de un imputado, no obstante se evidencia de la recurrida que existe sólo a los efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, una serie de elementos que en criterio de la Vindicta Pública, hacen presumir la participación en el hecho delictivo precedentemente descrito, el cual se encuentra debidamente reproducido en el acta de Audiencia oral de Presentación que hacen procedente el decreto de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a saber:

“…SEGUNDO: Revisada la presente causa se observa que cursa en autos lo siguiente: LOS HECHOS “…LOS HECHOS“…En fecha (07) de Noviembre de 2013, siendo aproximadamente las 07:30 horas de la noche, el ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), se encontraba realizando sus labores como vigilante privado en la empresa “Auto lavado Over Car” ubicado en la calle Los Cocos de la ciudad de Puerto la Cruz en el Estado Anzoátegui, cuando de pronto fue sorprendido por varios sujetos entre ellos los ciudadanos RAFAEL ANTONIO BETANCOURT FARFAN, ANTONY JAVIER NATANIEL MORALES, RONALD RAFAEL BLANCO BARRETO, ROBERTH RAMON URBANEJA MORALES y JESUS ABRAHAN PARICHE CARABALLO, quienes ingresaron al local y lo sometieron con armas de fuego para proceder a sustraer del mismo varios artefactos electrónicos y luego retirarse del lugar en un automóvil Marca Chevrolet, Modelo Caprice, Placas ACE51M, Color Marrón, Año 1982, llevándose como rehén a la victima SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO) a quien amordazaron y amarraron de pies para inmovilizarlo, para luego dirigirse a la Calle Country Club, Sector Universidad, entre el Supermercado Makro y el Campo de Golf Country en la Parroquia Puerto la Cruz en el Estado Anzoátegui, donde lo bajaron y le propinaron un disparo con arma de fuego al cráneo, lo cual le produjo la muerte de manera instantánea, para luego darse a la fuga y dejar el cadáver tendido en el suelo en estado de abandono en el referido lugar…”.- Ahora bien, de los elementos de convicción, correspondientes a las diligencias de investigación practicadas por el órgano policial con relación al presente caso, se aprecia lo siguiente: 1.- TRANSCRIPCION DE NOVEDAD, de fecha 08/11/2013. 2.- ORDEN DE INICIO DE INVESTIGACION de fecha 13/11/2013.- 3.- ACTA DE INVESTIGACION, de fecha 08/11/2013. 4.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2873, de fecha 08/11/2013. 5.- RESEÑA FOTOGRAFICA de fecha 08/11/2013.- 6.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2874, de fecha 08/11/2013.- 7.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1001-13, de fecha 08/11/2013.- 8.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 551, de fecha 08/11/2013.- 9.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 552, de fecha 08/11/2013.- 10.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1000-13.- 11.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1002-13.- 12.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 09/11/2013, rendida por el Ciudadano GIULIO OLINDO ZOINO CELIS.- 13.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 09/11/2013, rendida por el Ciudadano APARICIO YREMIA NOHEMI.- 14.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 11/11/2013.- 15.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 09/11/2013, rendida por el Ciudadano NATANIEL MORALES ANTONI JAVIER.- 16.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano MEDINA RODRIGUEZ GREGORI RAFAEL.- 17.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 11/11/2013.- 18.- CERTIFICADO DE DEFUNCION DE FECHA 11/11/2013.- 19.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano NELSON JOSE MARCANO.- 20.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano JUAN CARLOS MARTINEZ.- 21.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano DOMINGO JOSE PATIÑO ARCIA.- 22.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 11/11/2013, rendida por el Ciudadano VILLALON CHACIN OMAR JAVIER.- 23.- ACTA DE AMPLIACION DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano JUAN CARLOS MARTINEZ.- 24.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/11/2013.- 25.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS de fecha 12/11/2013.- 26.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 560, de fecha 12/11/2013.- 27.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/11/2013.- 28.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/11/2013.- 29.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2920, de fecha 12/11/2013.- 30.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1014.- 31.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2921, de fecha 12/11/2013.- 32.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 561.- 33.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano SIFONTES URBANEJA JOSE EMILIO.- 34.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano NORBERTO ANTONIO GAMBOA PARICHE.- 35.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano MOYA PINO RONALD VALENTIN.- 36.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano ROSAIDA DEL CARMEN BLANCO COLMENARES.- 37.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano CARMEN DEMETRIA CARABALLO ROSALES.- 38.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano NATACHA COROMOTO BRITO ZARMIENTO.- 39.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 12/11/2013.- 40.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 12/11/2013, rendida por el Ciudadano GLORIANNY DEL CARMEN NATANIEL DURAN.- 41.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 13/11/2013.- 42.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS Nº 1016-13.- 43.- INSPECCION TECNICA POLICIAL Nº 2920, de fecha 13/11/2013.- 44.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 560.- EXPERTICIA DE REGULACION REAL Nº 301.- 45.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 13/11/2013, rendida por la Ciudadana GIULIO OLINDO ZOINO CELIS.- 46.- EXPERTICIA TECNICO CIENTIFICA DE SERIALES Y AVALUO Nº 657, de fecha 13/11/2013.- 47.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 13/11/2013.- 48.- ACTA DE INVESTIGACION CRIMINAL, de fecha 15/11/2013.- 49.- PROTOCOLO DE AUTOPSIA NRO 139-684-(222)-2013, suscrita por la DRA. GUMERSINDA CARNEIRO.l…” (Sic.)

Dichos supuestos dan por demostrado que el Tribunal a quo fundamentó las razones por las cuales llegó a la conclusión que existen suficientes elementos de convicción en contra del imputado de autos, que lo hacen aparecer como el presunto autor o partícipe del hecho delictivo reseñado por el representante del Ministerio Público.

3.-Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación.

En atención a este requisito y resolviendo el otro aspecto impugnado por la recurrente de que no existe peligro de fuga ni obstaculización en la búsqueda de la verdad, esta Alzada considera que de los delitos ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), el primero posee una pena que oscila entre los diez (10) y diecisiete (17) años de prisión, el segundo una pena de quince (15) días a treinta (30) meses de prisión; el tercer delito una pena de seis (06) a diez (10) años de prisión, el cuarto delito posee una pena de cuatro (04) a seis (06) años de prisión, y el delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, establece una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, siendo que tales delitos tienen la presunción ope lege de peligro de fuga conforme al parágrafo primero del artículo 237 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, y el peligro de obstaculización previsto en el artículo 238 de la Ley Adjetiva Penal vigente, el cual establece que dependiendo de las circunstancias del caso y de la grave sospecha de que el imputado con su conducta podrían dificultar la investigación seguida en su contra o entorpecer la misma le nace al A quo la presunción para decidir sobre el tercer requisito in comento, tal y como lo consideró la Juez de la recurrida, más la magnitud del daño causado y la pena a imponer. Aunado a lo anteriormente explanado, se debe tener presente que la única finalidad de la detención es “asegurar que el imputado estará a disposición del Juez para ser juzgado”, esto es, que en ningún caso el fin de la detención preventiva puede ser asegurar el cumplimiento de la pena, sino el fin procesal de asegurar la comparecencia del imputado cada vez que fuere requerido.
En atención a lo anterior, este Tribunal Superior, considera importante destacar un extracto de la decisión Nº 637, Exp. Nº 07-0345 del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 22 de abril de 2008, con ponencia del Magistrado Dr. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, la cual entre otras cosas expresa lo siguiente:
“… Ahora bien, conforme a la doctrina reiterada de esta Sala, la garantía procesal del estado de libertad nace del principio de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. Por ello, toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas en la ley y apreciadas por el juez en cada caso.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento de los imputados durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.
De allí que las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada, sujeta -en su oportunidad legal- al recurso de apelación de autos.
Así las cosas, la necesidad del aseguramiento de los imputados durante el proceso penal cuando existan fundados elementos en su contra, así como el temor fundado de la autoridad respecto a la voluntad de ese imputado a no someterse a la persecución penal, fundamentan el derecho que tiene el Estado de imponer medidas cautelares.
(Resaltado Nuestro)

De tal manera que, con relación al cumplimiento de los extremos establecidos en la Ley Adjetiva Penal, para que proceda la medida privativa de libertad, esta Superioridad da por verificado que la decisión refutada por la recurrente se corresponde perfectamente con el contenido de los artículos 236, 237 y 238 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado a la existencia de un hecho punible merecedor de pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible; y la existencia del peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, y estando la misma en cumplimiento a los artículos antes referidos. Por lo que, en criterio de quienes aquí decidimos se encuentran satisfechos los extremos exigidos en los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, artículo 237 parágrafo primero y 238 de la Ley Adjetiva Penal Vigente. Y ASI SE DECIDE.

Finalmente la quejosa solicita a esta Corte de Apelaciones se revoque la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en contra de su representado y se decrete Libertad Plena; al respecto considera esta Superioridad necesario resaltarle a la impugnante de autos, que tal como fuere establecido en líneas anteriores, al verificarse que la precalificación jurídica dadas a los hechos y acogidas por la Juez a quo en la audiencia oral de presentación es por los delitos de ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO), el primero posee una pena que oscila entre los diez (10) y diecisiete (17) años de prisión, el segundo una pena de quince (15) días a treinta (30) meses de prisión; el tercer delito una pena de seis (06) a diez (10) años de prisión, el cuarto delito posee una pena de cuatro (04) a seis (06) años de prisión, y el delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, establece una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y por ende es necesario cumplir además con lo dispuesto en el artículo 239 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: “Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo…sólo procederán medidas cautelares sustitutivas”.

En razón de lo anterior en el presente caso no procede la Libertad Plena, en virtud de la pena establecida para el delito imputado, ya que exceden del límite establecido en la Ley, cumpliendo de esta manera la recurrida con todos los presupuestos previstos en el artículo 236 ibidem, para que sea posible el decreto de la medida de coerción, estando razonadas y fundamentadas las circunstancias que le llevaron a dictar la medida cuestionada. En consecuencia se declara SIN LUGAR la solicitud de Libertad Plena. Y ASÍ SE DECIDE.

En base a los alegatos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui considera procedente y ajustado a derecho declarar SIN LUGAR, como en efecto se declara el recurso de apelación, interpuesto por la abogada MARIA VICTORIA HEREDIA, en su condición de Defensora Pública Cuarta Penal del imputado JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, titular de la cédula de identidad Nº 21.387.863, contra la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2015, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la cual decretó “MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD” en contra del prenombrado ciudadano por la presunta comisión de los delitos ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO); al haberse demostrado llenos los extremos exigidos en los artículos 236, 237 y 238 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda tal medida de coerción personal y al considerar que tal decisión se encuentra enmarcada dentro del debido proceso y la tutela judicial efectiva, garantías estas consagradas en nuestra Carta Magna en los artículos 2, 26, 49, 51 y 257, así como cumple con los requisitos de los artículos 157 y 240 de la Ley adjetiva penal, considerando que la referida decisión no vulneró, así como tampoco menoscabó garantías ni derechos de rango Constitucional o legal ninguno. En consecuencia se CONFIRMA la decisión apelada. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada MARIA VICTORIA HEREDIA, en su condición de Defensora Pública Cuarta Penal del imputado JESUS ABRAHAM PARICHE CARABALLO, titular de la cédula de identidad Nº 21.387.863, contra la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2015, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la cual decretó “MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD” en contra del prenombrado ciudadano por la presunta comisión de los delitos ROBO AGRAVADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD previstos y sancionados en el artículo 458 y 174 ambos del Código Penal, respectivamente, ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio del ciudadano SIMON EDUARDO APARICIO (OCCISO); al haberse demostrado cumplidos los extremos exigidos en los artículos 236, 237 y 238 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda tal medida de coerción personal y al considerar que tal decisión se encuentra enmarcada dentro del debido proceso y la tutela judicial efectiva, garantías estas consagradas en nuestra Carta Magna en los artículos 2, 26, 49, 51 y 257, así como cumple con los requisitos de los artículos 157 y 240 de la Ley adjetiva penal, considerando que la referida decisión no vulneró, así como tampoco menoscabó garantías ni derechos de rango Constitucional o legal ninguno; en consecuencia se CONFIRMA la decisión apelada.
Regístrese, déjese copia y en su oportunidad remítase la causa al Tribunal de origen.
LOS JUECES INTEGRANTES DE ESTA CORTE DE APELACIONES

EL JUEZ PRESIDENTE,

DR. HERNAN RAMOS ROJAS

LA JUEZA SUPERIOR, LA JUEZA SUPERIOR y PONENTE

DRA. CARMEN B. GUARATA. DRA. MAGALY BRADY URBAEZ

LA SECRETARIA,

Abg. KAREN VARELA

Barcelona, 01 de octubre de 2015
ASUNTO: BJ01-P-2014-0000071
ASUNTO: BP01-R-2015-0000093
PONENTE: Dra. MAGALY BRADY URBAEZ