REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. Barcelona, siete de diciembre de dos mil dieciséis 206º y 157º ASUNTO: BP02-O-2016-000129. DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO BOLIVAR FLAMEZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 18.246.047 y de este domicilio. ABOGADO ASISTENTE JULIO CESAR FARIÑAS CAYAMO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro: 95.374, en su carácter de defensor Público Primero en materia Contencioso Administrativo, adscrito a la Coordinación Regional de la Defensa Pública del Estado Anzoátegui. DEMANDADO: INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO GUANTA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.- MOTIVO: Acción de Amparo Constitucional. Vista el presente recurso de Amparo Constitucional, intentado por el ciudadano CESAR AUGUSTO BOLIVAR FLAMEZ, asistido por el abogado Julio César Fariñas en su carácter de Defensor Público Primero en materia Contencioso Administrativo, adscrito a la Coordinación Regional de la Defensa Pública del Estado Anzoátegui, plenamente identificados, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA DEL MUNICIPIO GUANTA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, en relación a la suspensión sin goce de sueldo del cargo de oficial que ocupa en el instituto accionado, así como de la averiguación administrativa de carácter disciplinaria iniciada en su contra, presuntamente por estar incurso en una de las causales destitución, ya que desde que fue notificado de tal situación en múltiples ocasiones se ha dirigido a la Oficina de Control de actuación Policial de la Policía del Municipio Guanta a los fines de informarse sobre el estado del Procedimiento administrativo abierto en su contra, sin que se le haya brindado ningún tipo de información ni mucho menos se le haya permitido el acceso al expediente, por lo que no se le permite la reincorporación a su puesto de trabajo y no se le ha cancelado sus salarios y otros beneficios laborales, alegando que ello vulnera su derecho a la defensa, en franca violación a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 49° ejusdem y con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad del amparo incoado, y analizadas las actas procesales, el Tribunal hace las siguientes consideraciones: DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán VS el Vice-Ministerio del Interior y Justicia), en relación a la competencia de los órganos jurisdiccionales, estableció lo siguiente: “…Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta…” De este modo, vista la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el ciudadano CESAR AUGUSTO BOLIVAR FLAMEZA, asistido por el abogado Julio César Fariñas en su carácter de Defensor Público Primero en materia Contencioso Administrativo, adscrito a la Coordinación Regional de la Defensa Pública de Defensa Publica del Estado Anzoátegui, plenamente identificados, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO GUANTA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, resulta este Juzgado competente para conocer de dicha Acción.- Así se establece.- Declarada la competencia de este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, corresponde ahora revisar los términos en que ha sido planteada la presente acción de amparo constitucional a los fines de pronunciarse sobre el fondo de la causa. DE LA ACCION PROPUESTA: La acción de amparo constitucional es la vía idónea para proteger los derechos y garantías constitucionales lesionados o amenazados, con el objeto de restituir la situación jurídica infringida. Procede contra actos, actuaciones, vías de hecho, abstenciones u omisiones de la administración pública, “cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional” (artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). No obstante, es pacífica la jurisprudencia sobre la improcedencia del amparo como medio procesal sustitutivo de los medios ordinarios existentes. En efecto, no sólo es inadmisible la acción de amparo cuando se haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (numeral 5 del artículo 6 eiusdem), sino también será inadmisible cuando, existiendo tales vías ordinarias y medios judiciales preexistentes que puedan proveer de tutela oportuna ante la eventual lesión constitucional, no se haya hecho uso de ellos.- Al respecto, ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 67, del 22 de febrero de 2005: “…Ahora bien, el articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece los supuestos de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, entre los cuales puede extraerse el establecido en el numeral 5, el cual textualmente señala: “Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…”, vale decir, que será inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, cuando el quejoso haya elegido recurrir por vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de medios judiciales ya existentes. Por su parte, la doctrina patria, ha considerado que “….la mencionada causal está referida, (….) a los casos en que el particular primero acude a la vía ordinaria y luego pretende la acción de amparo constitucional…”, y que de igual forma se ha Interpretado, debido al carácter extraordinario de este tipo de acciones que, “…no solo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que se utiliza el medio extraordinario.”….Visto lo anterior la acción de amparo constitucional será ejercida ante la evidencia de que, el uso de las vías judiciales o los recursos procesales ordinarios no existieran o se hubieran agotado (este último supuesto se refiere al amparo judicial), en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no diera satisfacción a la pretensión deducida….” Ahora bien, observa el Tribunal que conforme a los planteamientos expuestos por el accionante, la pretensión constitucional va dirigida contra omisión o falta de respuesta oportuna por parte del Instituto autónomo de la Policía del Municipio Guanta del Estado Anzoátegui, en cuanto al estatus del procedimiento administrativo abierto al accionante así como en relación a la suspensión de su cargo sin goce de sueldo. En este orden de ideas, y de acuerdo a lo sostenido por nuestro máximo Tribunal, no es posible sustituir a través de la acción de amparo constitucional, el ejercicio de recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico vigente, en el cual el legislador consagró un procedimiento especial donde se otorgan garantías procesales. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Tribunal debe forzosamente declarar inadmisible la pretensión de amparo interpuesta, por cuanto existe vías ordinarias y medios judiciales preexistentes que pueden proveer tutela oportuna ante la eventual lesión constitucional, como lo es el Recurso de Abstención o Carencia, contenido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a fin de que el accionante pueda obtener respuesta a lo peticionado. Y así se declara. En base a las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la presente demanda, Interpuesta por el ciudadano CESAR AUGUSTO BOLIVAR FLAMEZ, asistido por el abogado Julio César Fariñas en su carácter de Defensor Público Primero en materia Contencioso Administrativo, adscrito a la Coordinación Regional de la Defensa Pública del Estado Anzoátegui, plenamente identificados, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA DEL MUNICIPIO GUANTA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.- SEGUNDO: Remítase al Archivo Judicial en su oportunidad legal correspondiente.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en Barcelona, a los siete (7) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. La Jueza, La Secretaria. Dra. Mirna Mas y Rubí Spósito. Abg. Marieugelys García Capella