REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Barcelona Barcelona, 7 de Enero de 2016 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2015-020886 ASUNTO : BP01-P-2015-020886 Visto el escrito presentado por la Dra. DEL VALLE ZORRILLA, en su carácter de Defensora Publica Penal del imputado JESUS RAUL FIGUEROA AVILEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº 25.250.775, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Articulo 458 del Código Penal, y PORTE ILICITO DE FACSIMILE, previsto y sancionado en el Articulo 114 de la Ley contra el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio de la adolescente ISABEL CRISTINA COVA MARCANO, mediante el cual solicita la Revisión de la Medida de conformidad con el Articulo 250 Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal Séptimo de Control antes de decidir, observa: El Articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su Titulo I, consagra los Principios Fundamentales, por lo que establece: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”,... “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas: 2.- Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario; 3.- Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad”... Las medidas cautelares procede cuando las demás medidas sean insuficiente para asegurar las finalidades del proceso; el Código Adjetivo Penal consagra como garantías la Presunción de Inocencia, articulo 8 ibídem y la Afirmación de la Libertad, el cual señala el Artículo 9 Eiusdem, lo siguiente: “Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta...” Así mismo establece Articulo 237 Ibídem, que: “Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;… De igual manera el Parágrafo Primero del Articulo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que “…Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años…”; en el presente caso estamos en presencia de un delito cuya pena es igual a lo establecido en la precitada norma, vale decir, existe una presunción razonable que existe el peligro de fuga por la pena que podría llegarse a imponer al imputado de autos, por lo que este Tribunal considera que lo procedente es negar lo solicitado por las defensas. ASI SE DECIDE.- DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Tribunal Séptimo de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: Sin Lugar la Revisión de Medida interpuesto por la Dra. DEL VALLE ZORRILLA, en su carácter de Defensora Publica Penal del imputado JESUS RAUL FIGUEROA AVILEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº 25.250.775, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Articulo 458 del Código Penal, y PORTE ILICITO DE FACSIMILE, previsto y sancionado en el Articulo 114 de la Ley contra el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio de la adolescente ISABEL CRISTINA COVA MARCANO, de conformidad con lo establecido en el Artículo 236 Numerales 1º, 2º y 3º del Código Orgánico Procesal Penal y Artículos 237 y 238 Eiusdem, en concordancia con el Articulo 250 Ibídem. Regístrese. Notifíquese a las partes. Cúmplase.- EL JUEZ DE CONTROL Nº 07 Dr. SALIM ABOUD NASSER EL SECRETARIO Abg. ISRAEL URBAEZ