REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, cinco de FREBRERO de dos mil dieciséis
205º y 156º
ASUNTO: BP02-U-2009-0000148
Visto el Recurso Contencioso Tributario Subsidiario, recibido por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha 29 de Julio del 2009, el cual fue remitido por el ciudadano Carlos Ernesto Padrón Rocca, actuando en su carácter de Gerente Regional de Tributos Internos Región Nor-Oriental del SENIAT, según Providencia Administrativa Nº SNAT-2008-00304 de fecha 26/12/2008, Gaceta Oficial Nº 39.087 de fecha 26-12-2008, mediante oficio N° SNAT/INTI/GRTI/RNO/DJT/2009-02554, de fecha 23 de julio de 2009, interpuesto ante el Área de Correspondencia División de Tramitaciones de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental, Sector Maturín en fecha 22 de octubre de 2003, por el ciudadano ROMULO LEZAMA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V- 8.454.595, actuando en su carácter de Representante Legal de la contribuyente INVERSIONES LUSORDANY, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 11 de septiembre de 2001, bajo el Nº 16, del Libro A-8 del Tercer Trimestre, domiciliado en Calle Principal, Sector Costa Arriba, Maturín Estado Monagas, debidamente asistido por el abogado LENIN UZCATEGUI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.398.765 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 46.150 y recibido por este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental en fecha 30 de Julio de 2009, contra el Oficio Nº RNO/DR/L/2003/E-004764 de fecha 19-09-2003, emitido por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Por auto de fecha 04-08-2009, se le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario Subsidiario remitido y se ordenó librar las respectivas notificaciones de ley dirigidas a los ciudadanos: la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Procuradora y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, a la contribuyente Inversiones Lusordany, C.A. y se libró oficio a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del SENIAT (Folios 47 al 53).
En fecha 22-11-2012, se agregó diligencia presentada por la abogada Petra Guaiquirian, actuando en su carácter de Representante Legal de la República, adscrita al SENIAT Región Nor-Oriental, mediante la misma solicitó requerir información acerca de las resultas de la boleta de notificación N° 1926/2009. Se abstuvo de proveer lo solicitado en virtud no existir en la referida boleta en la presente causa. (folios 54 al 56).
En fecha 22-10-2013, se agregó diligencia presentada por la abogada Petra Guaiquirian, actuando en su carácter de Representante Legal de la República, adscrita al SENIAT Región Nor-Oriental, mediante la misma solicitó ordenar lo conducente para la práctica de la notificación de la contribuyente. Se abstuvo de proveer lo solicitado en virtud de no existir oficio de comisión. Asimismo, se ordenó dejas sin efecto auto de fecha 22-11-2012, visto que hubo abocamiento por parte del Juez Provisorio de este despacho. Igualmente, el suscrito juez se abocó a la causa de conformidad con lo establecido en el 90 del Código de Procedimiento. (folios 57 al 58).
En fecha 26-11-2013, se agregó y acordó diligencia suscrita por la Representación Fiscal, mediante la cual solicitó requerir información de la boleta de notificación N° 1926/09 dirigida a la contribuyente recurrente. En esta misma fecha se libró oficio dirigido al Juzgado Distribuidor de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora del Estado Monagas. (Folios 59 al 62).
En fecha 03-07-2014, se agregó y acordó diligencia suscrita por la Representación Fiscal, mediante la cual solicitó requerir información de la boleta de notificación N° 1926/09 dirigida a la contribuyente recurrente. En esta misma fecha se libró oficio dirigido al Juzgado Distribuidor de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora del Estado Monagas. (Folios 63 al 66).
En fecha 21-07-2014, se agregó resultas procedentes del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante la cual remitió resultas debidamente practicadas de la boleta de notificación N° 1926/09, dirigida a la contribuyente Inversiones Lusordany, C.A. (Folios 67 al 76).
En fecha 25-01-2016, se agregó diligencia suscrita por la Representación Fiscal, mediante la cual solicitó la extinción de la acción de la presente causa. Igualmente, el suscrito Juez de este despacho se abocó al conocimiento de la causa, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se dejó constancia que la referida se proveerá por auto separado. (folios 77 al 79).
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Vistas las actas procesales que conforman el presente asunto, este Tribunal Superior observa que: es deber de las partes impulsar el proceso desde su inicio hasta su culminación. Siendo este un principio fundamental enmarcado en la Carta Magna, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido normas para sancionar la no actuación de los interesados a saber:
El Código Orgánico Tributario vigente, establece en su Artículo 265 lo siguiente:
“Artículo 265: La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”
Sin embargo conviene destacar, que el Tribunal Supremo de Justicia en innumerables decisiones ha fijado posición, en relación a los casos en los cuales es aplicable la figura de de la Perención de la Instancia y la falta de interés procesal.
En efecto, la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido en reiteradas jurisprudencias que el interés procesal se traduce en la manifestación de la voluntad del administrado en resolver el conflicto en el cual se encuentra incurso, sin embargo es necesario establecer que la pérdida del interés procesal viene dada solo en dos etapas del procedimiento a saber: antes de la admisión del Recurso y después que el Tribunal de la causa diga vistos (etapa de sentencia), mientras que la perención de la instancia ocurre cuando la causa ha sido paralizada luego de la admisión del recurso y antes que entre en etapa de sentencia definitiva. Así dispuso la Sala Constitucional en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó su criterio en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.” (Resaltado de la sentencia).
En razón de lo anterior, este Juzgador considera que la interposición del Recurso Contencioso Tributario, le otorga al recurrente el derecho a solicitar al Juez competente solventar la controversia, por lo tanto surge una nueva carga procesal para el administrado, que consiste en manifestar el interés de continuar con la acción, esto quiere decir que al haber transcurrido un tiempo prudencial (más de un año), sin que el recurrente accione o impulse el procedimiento por ante el Tribunal de la causa, debe entenderse que no tiene interés en que se resuelva la controversia. Por lo que este sentenciador debe concluir que aún cuando se le imparte una carga al Tribunal del proceso, esta carga debe ser compartida con el administrado a los fines de resolver la causa.
En este sentido se observa que en fecha 21-07-2014, este Órgano Jurisdiccional, agregó a los autos resultas de la boleta de notificación Nº 1926/09, dirigida a la contribuyente recurrente Inversiones Lusordany, C.A., debidamente practicada, quedando a derecho en el presente Recurso a partir del 21-07-2014, computándose los lapsos legales correspondientes. Visto lo anterior, se desprende de un estudio minucioso de las actas que comprenden el presente asunto que desde el día 21-07-2014 hasta el día de hoy 05-02-2016, ha transcurrido un (1) año, seis (06) meses y catorce (14) días, no evidenciándose interés procesal por parte de los representantes de la contribuyente Inversiones Lusordany, C.A, en darle continuidad al procedimiento visto que hasta la fecha no se han impulsado las Boletas de Notificación ni se ha manifestado la voluntad por parte del administrado en la prosecución de la controversia.
Así las cosas, este Juzgador considera que el interés procesal surge de la necesidad que tienen los administrados en que se les reconozca un derecho y se les evite un daño innecesario, por lo que si bien es cierto que el interés procesal se manifiesta con tan solo la voluntad e interposición del Recurso sea en sede administrativa o por vía judicial, no es menos cierto que dicho interés debe ser manifiesto, expreso y continuo a lo largo de la controversia y hasta su culminación, ya que la pérdida del interés o la falta de impulso en el mismo conllevaría a sanciones coercitivas tales como el decaimiento y la extinción de la acción. Y así queda establecido.-
Ahora bien, habiendo establecido lo anterior y visto que en el caso de marras, la contribuyente Inversiones Lusordany, C.A., desde el día 21-07-2014, fecha esta en la cual quedó debidamente notificado en el presente Recurso Contencioso Tributario remitido Subsidiario, hasta la presente fecha, no ha evidenciado actuación alguna que demuestre algún interés en darle continuidad al presente procedimiento, por cuanto se observa que el asunto se encuentra en etapa de notificación de las Boletas de Notificación signadas con los Nros: 1923/09, 1924/209 y 1925/2012, dirigidas a los ciudadanos: Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público del Estado Anzoátegui, Contralor y Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, para luego proceder a la admisión del presente Recurso Contencioso Tributario Subsidiario. Siendo entonces, que la Recurrente no le ha dado el impulso procesal necesario a las referidas Boletas de Notificación, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: EXTINGUIDA LA ACCION por Pérdida Sobrevenida del Interés Procesal del Recurso Contencioso Tributario Subsidiario interpuesto por el ciudadano ROMULO LEZAMA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V- 8.454.595, actuando en su carácter de Representante Legal de la contribuyente INVERSIONES LUSORDANY, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 11 de septiembre de 2001, bajo el Nº 16, del Libro A-8 del Tercer Trimestre, domiciliado en Calle Principal, Sector Costa Arriba, Maturín Estado Monagas, debidamente asistido por el abogado LENIN UZCATEGUI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.398.765 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 46.150 y recibido por este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental en fecha 30 de Julio de 2009, contra el Oficio Nº RNO/DR/L/2003/E-004764 de fecha 19-09-2003, emitido por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Así se decide.-
Se ordena notificar de la presente decisión a la contribuyente INVERSIONES LUSORDANY, C.A., y a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del SENIAT; Igualmente se ordena librar Boleta de Notificación con sus respectivas copias certificadas de la presente Decisión Interlocutoria con carácter de Definitiva, a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para lo cual se comisiona al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de Caracas. Asimismo, se ordena comisionar la boleta dirigida a la contribuyente a través del Juzgado Distribuidor de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, a los fines de que el Alguacil del Juzgado a que corresponda la presente comisión se sirva practicar las Boletas de Notificación dirigidas a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela y INVERSIONES LUSORDANY, C.A., respectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese oficio con las inserciones pertinentes.
Se insta a la parte interesada se sirva consignar los fotostatos relacionados con la mencionada Sentencia, a fin de ser certificadas y anexadas a la boleta de notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. Conste.
Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación del presente fallo, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.
Dado firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de le Región Oriental. Barcelona, a los cinco (05) días del mes de febrero del año 2016. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
EL JUEZ,
FRANK A. FERMÍN V.
LA SECRETARIA,
YARABIS POTICHE.
Nota: En esta misma fecha (05-02-2016), siendo las 09:00 a.m. se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste.
LA SECRETARIA,
YARABIS POTICHE.
PR/YP/gi
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