REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 206º y 157º ASUNTO: BP02-N-2015-000061 PARTE RECURRENTE: JOSE ANTONIO GONZALEZ VALLENILLA, titular de la cédula de identidad Nº 5.487.680. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: ALFREDO CABRERA, ALIVIC CABRERA ZAPATA, PEDRO JOSE ACERO, CLAUDIA PRADO, MARIA ELENA CARRION, CAMPOS CARVAJAL, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros. 63.442, 113.679, 60.239, 120.532, 109.101 y 94.226, respectivamente. PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO ALBERTO LOVERA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI TERCERO INTERESADO: INSTITUTO AUTONOMO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO SIMON BOLIVAR DEL ESTADO ANZOATEGUI. MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto por el ciudadano JOSE ANTONIO GONZALEZ VALLENILLA, titular de la cédula de identidad Nº 5.487.680 contra la Providencia Administrativa 00584-2014 (expediente nro. 003-2014-01-01345) dictada por la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera de Barcelona, en fecha 15 de diciembre de 2014. La presente causa versa sobre el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VALLENILLA, titular de la cédula de identidad Nro 5.487.680, asistido por el abogado PEDRO JOSÉ ACERO PINO, inpreabogado nro. 60.239, en su condición de recurrente del acto administrativo de efectos particulares nro. 584-2014, de fecha 15 de diciembre de 2014, emanado de la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera de Barcelona del estado Anzoátegui, expediente nro. 003-2014-01-01345, y que declarara SIN LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el referido ciudadano identificado como recurrente en esta causa. Conforme cursa de las actas procesales, por auto de fecha 29 de abril de 2015 (f. 34 y 35), se admitió el recurso de nulidad interpuesto por la empresa, ordenándose las correspondientes notificaciones, las que según el auto en cuestión eran a Inspector del Trabajo emisor del acto recurrido; al Fiscal General de la República y al tercero interesado, a saber el Instituto Autónomo de Transporte del Municipio Simón Bolívar, siendo libradas las notificaciones respectivas. En este sentido, es de advertir que el tercero interesado y el cual por jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional debe ser llamado a juicio como parte, es un instituto municipal y por ende, se encuentra involucrado de manera indirecta el patrimonio ejidal. Así pues, es de advertir el contenido del artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el cual es del tenor siguiente: Los funcionarios judiciales están obligados a citar al Síndico Procurador o Sindica Procuradora municipal en caso de demandas contra el Municipio, o a la correspondiente entidad municipal, así como a notificar alcalde o alcaldesa de toda demanda o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales del Municipio o la correspondiente entidad municipal. Dicha citación se hará por oficio y se acompañará de copias certificadas de la demanda y todos sus anexos. Mientras no conste en el expediente la citación realizada con las formalidades aquí exigidas, no se considerará practicada. La falta de citación o la citación practicada sin las formalidades aquí previstas, será causal de anulación y, en consecuencia, se repondrá la causa. Una vez practicada la citación, el síndico procurador o síndica procuradora municipal tendrá un término de cuarenta y cinco días continuos para dar contestación a la demanda. Los funcionarios judiciales están obligados y obligadas a notificar al síndico procurador o síndica procuradora municipal de toda sentencia definitiva o interlocutora. Así las cosas, al estar involucrado en la presente causa el instituto municipal aludido, por vía de consecuencia, estaba implicado de manera indirecta el patrimonio del Municipio, lo que imponía la obligación de citar tanto al Síndico o Síndica Procurador Municipal, así como notificar al Alcalde a los fines de la sustanciación de la causa, so pena de nulidad al no hacerlo así. En este contexto, se observa que hubo omisión en el auto de admisión de ordenar la citación de los mencionados ciudadanos, lo que trajo como consecuencia que no se libraran las citaciones correspondientes. Al no haberse actuado en esa forma, obviamente no estaban completas las notificaciones legales exigidas y por ende, no podía celebrarse válidamente la audiencia de juicio en esta causa, la cual se efectuó el día 30 de mayo de 2016, tratándose consecuentemente de un acto inválido. Así las cosas, el Tribunal aprecia que debe declarar la nulidad de todo lo actuado posterior al auto de admisión y aras de la certeza jurídica, se repone la causa al estado de practicar las citaciones y notificaciones de todos los involucrados en este proceso, con inclusión del Síndico y del Alcalde del Municipio Simón Bolívar; lo cual se materializará una vez firme la presente decisión, ello administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Regístrese, publíquese, déjese copia certificada de esta decisión y notifíquese al Síndico Procurador del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui de esta decisión mediante oficio y copia certificada de la misma. Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial Del estado Anzoátegui, En Barcelona a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016). LA JUEZ PROVISORIA, ABG. ANALY SILVERA LA SECRETARIA, ABG. LOURDES ROMERO En esta misma fecha, siendo las 3:19 de la tarde se publicó la anterior decisión. Conste. LA SECRETARIA, ABG. LOURDES ROMERO