TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui
Barcelona, 04 de octubre de 2016
206º y 157º
ASUNTO: BP01-O-2016-000030
PONENTE: Dr. HERNAN RAMOS ROJAS.

Se recibió ante esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional, escrito contentivo de acción de amparo constitucional, interpuesto por las Abogadas MERCEDES SALAZAR Y ENMA VELASQUEZ, en ejercicio e inscritas en el IPSA bajo los números 113.675 y 114.056, respectivamente, en su carácter de Defensoras Privadas de los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, titulares de las cédulas de identidad Nº V-26.135.477 y V-24.984.299 respectivamente, a tenor de lo previsto en los artículos 2, 26, 44, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 174, 175, 236, 237, y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, contra el Tribunal Penal de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 01 de este Circuito Judicial Penal, al presuntamente haber vulnerados los derechos e intereses de sus defendidos, tales como: los valores del estado venezolano, la tutela judicial efectiva, libertad personal, el debido proceso, potestad de administrar justicia y la justicia y proceso, en el que presuntamente incurrió el Tribunal de instancia, “a que se decrete la nulidad absoluta del acta policial, inserta al folio 4 y vto, y en consecuencia los actos subsiguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, que Cesen las Medidas Cautelares impuestas a los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, respectivamente, extensiva al ciudadano JOSE MIGUEL CARDOZO, en consecuencia ordenar su LIBERTAD PLENA”.

Dándosele entrada en fecha 19 de agosto de 2016, se le dio cuenta al Juez Presidente y aceptada la distribución de acuerdo al Sistema Automatizado Juris 2000 le correspondió la ponencia del mismo al Dr. HERNAN RAMOS ROJAS, quien con tal carácter de Jueza Superior Ponente suscribe el presente fallo.

En fecha 27 de septiembre de 2016 se ABOCO al conocimiento del presente asunto la DRA. CARMEN BELEN GUARATA, quien se incorpora a sus labores jurisdiccionales; en virtud de haber culminado con el periodo vacacional.-

CAPÍTULO I
DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ACCIÓN DE AMPARO

Señalan las accionantes, entre otras cosas, lo siguiente:

“…Nosotras: MERCEDES SALAZAR y EMMA VELASQUEZ…actuando en este acto en representación de los ciudadanos: JOSE JAVIER MOYA MAZA y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, titulares de las cédulas de identidad Nº V-26.135.477 y V-24.984.299 respectivamente,… (Sic)

Solicitamos la NULIDAD ABSOLUTA DEL nulidad absoluta del acta de aprehensión inserta al folio 4 y su vto, y las cadenas de custodia a los folios 13 y 14, y de todos los actos que se deriven de ella incluyendo la ACUSACIÓN FISCAL, en los siguientes términos:

PRIMERO:
IDENTIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADOS

Los ciudadanos: JOSE JAVIER MOYA MAZA, de 19 años de edad y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, de 20 años de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-26.135.477 y V-24.984.299 respectivamente,… (Sic)

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL HECHO, ACTO, OMISIÓN Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

La defensa privada, una vez analizada el ACTA POLICIAL que riela a los (Folios 4 vuelto.) Y tratándose de una actuación propia de la investigación, de extrema importancia para el proceso, donde deben emerger de la propia ACTA levantada por los funcionarios actuantes, la mayor credibilidad posible sobre el asunto investigado y en todos estos casos donde intervengan los funcionarios policiales… (Sic)

TERCERO en cuanto al ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL INVESTIGACION POLICIAL.- “las informaciones que obtengan los órganos de policía, acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la identidad de sus autores y autoras, y demás partícipes (el funcionario Conrado autor del procedimiento de aprehensión) deberá (un deber) constar en acta que suscribirá el funcionario o funcionaria actuante, para que sirva al Ministerio Público a los fines de fundar la acusación, sin menoscabo del derecho de defensa del imputado o imputada…(Sic)

SEGUNDO PUNTO VICIADO:
En fecha: 09 de abril del año 2015, emiten boleta de encarcelación Nº 28 al ciudadano JESUS MIGUEL CARDOZO GONZÁLEZ…a quien se le sigue causa de robo agravado previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en la negativa de la revisión de y en fecha: 30 de junio de 2016 se realiza acto de audiencia preliminar con auto de apertura a juicio y solo indican como acusados JOSE JAVIER MOYA MAZA Y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, desapareció del procedimiento el acusado: JESUS MIGUEL CARDOZO GONZALEZ que riela como acusado en la ACUSACIÓN FISCAL como se puede leer en los folios 76, 77, 84 y 85 de la acusación Fiscal.-

Al folio 124 y 126 de fecha 14 de abril de 2015 acta de diferimiento de audiencia preliminar y boleta de traslado al Internado Judicial José Antonio Anzoátegui De Barcelona, hasta este momento aparece en los autos…(Sic)

fecha:15 de agosto del 2016 la juez manifiesta que este ciudadano JESUS MIGUEL CARDOZO GONZALEZ que riela como acusado en la ACUSACION FISCAL, es menor de edad y fue enviado a responsabilidad de adolescentes y en auto, no consta solicitud, ni diligencia de su abogado, sus datos filiatorios, acta de nacimiento, oficio de información al SAIME para que refieran su ficha alfanumérica u otra prueba fehaciente de que es menor de edad…(Sic)

CUARTO VICIO DENUNCIADO

Al folio4 ultimo aparate y su vto, Siendo las cinco y treinta (5:30) atendieron el llamado de un oficial uniformado de apellido Conrado, adscrito a la dirección general (Iapanz) de los destacados quien tenia sometido a (3) sujetos, y él (Conrado) es que los informa de los actos de aprensión, este funcionario nunca participo en las actas del procedimiento policial de detención, no fue identificado, no firma las cadenas de custodia, ni las actas, de nombre solamente CONRADO los persiguió, capturándolos y realizándoles al revisión corporal…(Sic)

QUINTO VICIO DENUNCIADO al folio Nº 13 y 14 se observan las actas de cadena de custodia del arma entregada por el funcionario adscrito de nombre Conrado, y los teléfonos, funcionario (Conrado) sin identificación solo aparece como identificación ni firma del funcionario actuante YOEL MACAYO y al reverso DELGADO SANCHEZ y la recibe ROJAS JOH,..(Sic)

Por cuanto la defensa privada, realizó una revisión exhaustiva de la presente causa y considera salvo mejor criterio de los Juzgadores y se pudo evidenciar, que a los folio 4 y su Vto., se encuentra inserta ACTA POLICIAL, en la cual efectivamente está firmada por tres de los funcionarios actuantes (YOEL MACAYO, JUAN GUAICARA Y LEONARDO GUACHEQUE)

SEXTO VICIO DENUNCIADO. Se observa que fue participado el fiscal del ministerio público dos días es decir el día dos de enero del año 2915 según riela al folio 16, de las actuaciones. Por ello, su digno cargo debe decretar la nulidad absoluta del ACTA POLICIAL, inserta a los folios 4 y su Vto. Y en consecuencia los actos subsiguientes, de conformidad con los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Pena, los cuales establecen:

“…ART. 174. Principio. No podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial…(Sic)

ART. 175. Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada…(Sic)

SÉPTIMO APOYO LEGAL A LO SOLICITADO:
En fecha 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, LA Juez oficia al FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO para que informe de lo denunciado por las defensas privadas, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la respectiva notificación, informe sobre la pretendida violación o amenaza que hubiere motivado la solicitud de amparo. Y no observo en autos el informe presentado por la Fiscalia.-

Por ello solicito que: La falta de informe correspondiente se entienda como aceptación de los hechos incriminados.

Lapso que se cumplió en fecha:____ , sabemos porque así lo muestra el COPP que las revisiones no tienen apelación, pero los vicios denunciados son de oficio.-

JURISPRUDENCIA QUE RESPALDA LO SOLICITADO

Al respecto la Sala Constitucional en sentencia Nº 783, del 21 de julio de 2010, con Ponencia de la Magistrado CARMEN SULETA DE MERCHAN, en la cual expone: “…La teoría de las nulidades…(Sic)

PETITORIO

PRIMERO: DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA del ACTA POLICIAL, inserta a los folios 4 y su Vto., y en consecuencia los actos subsiguientes, de conformidad con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal,
SEGUNDO: Por ello solicito que: La falta de informe correspondiente se encienda como aceptación de los hechos Incriminados.

TERCERO: y en consecuencia, CESEN LAS MEDIDAS CAUTELARES IMPUESTAS A LOS CIUDADANOS: JOSE JAVIER MOYA MAZA Y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE…y extensivamente al ciudadano JESÚS MIGUEL CARDOZO GONZALEZ que riela también como acusado en la ACUSACION FISCAL,..(Sic)

CUARTO: Una vez firme la presente decisión que sabemos será positiva remítase a la Fiscalía del Ministerio Público, a los fines de que presente el acto conclusivo.

DEL DERECHO O DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONALES VIOLADOS O AMENAZADOS DE VIOLACION;

El fundamento legal de la presente solicitud se encuentra en los artículos 2, 26, 44, 49, 253 y 257 Constitucional; artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 174, 175, 236, 237 y 238 Código Orgánico Procesal Penal. Y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional en sentencia Nº 783, del 21 de julio de 2010, con Ponencia de la Magistrado CARMEN ZULETA DE MERCHAN…” (Sic).

CAPÍTULO II
DE LA COMPETENCIA DE ESTA CORTE DE APELACIONES ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ahora bien, en virtud que el presunto agraviante es un Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio de esta Circunscripción Judicial, esta Corte de Apelaciones, actuando en sede Constitucional se DECLARA COMPETENTE para conocer el presente Amparo Constitucional, atendiendo a la naturaleza jurídica de los derechos presuntamente vulnerados, así como al presunto agraviante, pues tratándose de un Tribunal de Primera Instancia, su Superior es este Tribunal Colegiado; ello en base a la Sentencia Vinculante emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01 de Febrero de 2000, Nº 07, con Ponencia del Magistrado DR. JESÚS EDUARDO CABRERA, expediente 00-0010.
CAPÍTULO III
DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE ESTA CORTE DE APELACIONES ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL

Dándosele entrada en fecha 19 de agosto de 2016, se le dio cuenta al Juez Presidente y aceptada la distribución de acuerdo al Sistema Automatizado Juris 2000 le correspondió la ponencia del mismo al Dr. HERNAN RAMOS ROJAS.

En esa misma fecha 19 de agosto de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se emplazó a las Abogadas MERCEDES SALAZAR Y ENMA VELASQUEZ, a los fines de que consignara documento poder en original o en su defecto copia debidamente certificada conferido por los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA Y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, el cual fue recibido en esta Instancia en fecha 05 de septiembre de 2016.

Por auto de fecha 06 de septiembre de 2016, esta Corte de Apelaciones acordó librar oficio al Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, a fin de solicitar informe sobre la Acción de Amparo Constitucional interpuesto, pedimento que se le hiciera, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Siendo recibido en fecha 20 de septiembre de 2016 la información requerida, por el Tribunal Primero de Juicio, en virtud de que cursa ante ese Juzgado la causa BP01-P-2015-000010, seguida en contra de los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA Y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE.

En fecha 27 de septiembre se ABOCO al conocimiento del presente asunto la DRA. CARMEN BELEN GUARATA, quien se incorpora a sus labores jurisdiccionales; en virtud de haber culminado con el periodo vacacional.-

Seguidamente por auto de fecha 27 de septiembre de 2016, este Tribunal de Alzada acordó solicitar al presunto Tribunal Agraviante alcance del oficio signado bajo el Nº 761/2016, recibiéndose respuesta en fecha 29 de septiembre de 2016 según oficio Nº 796/2016.

CAPITULO IV
DEL INFORME DEL PRESUNTO AGRAVIANTE
Por su parte, el Tribunal Penal de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 01 de este Circuito Judicial Penal, actualmente encargado de la causa penal signada con la nomenclatura BP01-P-2015-000010 seguida en contra de los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA Y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, dejó asentado en el informe de fecha 20 de septiembre de 2016, recibido en esta Alzada en fecha 23 de septiembre de 2016, lo siguiente:

“…Visto el oficio signado bajo el Nº 740/2016, proveniente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, este Juzgado, mediante el cual solicita información relacionada con el asunto penal signado bajo el Nº BP01-P-2015-0010, seguida a los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA Y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, titulares de la cedulas de identidad Nº 26.135.477 y 24.984.299, respectivamente, en caso afirmativo, indique el estado actual, debiendo remitir con el mismo soportes documentales, correspondiente, todo ello en aras de garantizar la Tutela Judicial Efectiva t de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Sobre el particular cumplo con informarle efectivamente los respectivo acusados se le sigue el mencionado asunto penal por ante este despacho judicial, y se encuentra en fase de apertura de juicio oral el cual esta pautada para el día 26 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA.

Igualmente la Juez de Instancia en fecha 29 de septiembre de 2016, remite mediante oficio Nº 796/2016 alcance relacionado con el informe requerido por esta Instancia Constitucional, con sus debidos soportes en copias debidamente certificadas, donde expresa lo siguiente:

“…Visto el oficio signado bajo el Nº 811/2016, proveniente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, este Juzgado, mediante el cual solicita alcance del oficio Nº 761/2016, a los fines de que informe si por este organo judicial la defensa privada de los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, titulares de la cedulas de identidad Nº 26.135.477 y 24.984.299, interpuso recurso de apelación o solicitud de nulidad absoluta de actuaciones procesales contentivas en la causa signada bajo el Nº BP01-P-2015-000010, en caso afirmativo, remita soporte documentales correspondientes a la información suministrada…Sobre el particular cumplo con informarle efectivamente que en fecha 26-07-2016, las ABOG. MERCEDES SALAZAR y EMMA YELIZA VELASQUEZ, actuando en su condición de Defensoras de Confianza de los acusados JOSE JAVIER MOYA MAZA y JEAN CARLOS GUZMAN, interpusieron exclusivamente recurso de apelación de la decisión dictada por esta Instancia Penal en fecha 19-07-2016.

CAPÍTULO V
DE LA DECISIÓN DE ESTA CORTE DE APELACIONES ACTUANDO
EN SEDE CONSTITUCIONAL

Cumplidos todos los trámites procedimentales, esta Corte de Apelaciones actuando como Tribunal Constitucional, pasa emitir el siguiente pronunciamiento:

Tiene como fundamento la presente Acción de Amparo Constitucional, conocer de la presunta violación de la normativa Constitucional, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que, en criterio de las accionantes, el Tribunal Penal de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 01 de este Circuito Judicial Penal, presuntamente ha vulnerado los derechos e intereses de sus defendidos, tales como: los valores del estado venezolano, la tutela judicial efectiva, libertad personal, el debido proceso, potestad de administrar justicia, la justicia y proceso, establecidos en los artículos 2, 26, 44, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 174, 175, 236, 237, y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en el que presuntamente incurrió el Tribunal de instancia, al no decretar la nulidad absoluta del acta de aprehensión, cadena de custodia y de todos los actos que se deriven de ella incluyendo la acusación fiscal, decretándose la libertad plena de sus representados.

Una vez analizadas todas y cada una de las actuaciones habidas en la presente Acción de Amparo, considera necesario hacer las siguientes consideraciones:

La Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 6, establece los presupuestos por los cuales no se admitirá el amparo, a saber, son los siguientes:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;
2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado;
3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;
4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.
El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;
6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia;
7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos;
8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta.
(Subrayado de esta Superioridad)

Con respecto a los presupuestos de admisibilidad de la Acción de Amparo el Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 5067, de la Sala Constitucional, de fecha 15 de diciembre de 2005, con ponencia de la Magistrada Dra. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, estableció lo siguiente:

“…Por su parte, las causales de inadmisibilidad constituyen la revisión de los presupuestos procesales que condicionan la pretensión, pero en virtud de su carácter de orden publico, son revisables en todo estado y grado de la causa, lo cual permite que, incluso una vez sustanciado el juicio de amparo constitucional, sean declaradas en la definitiva, sin que ello signifique una decisión sobre el derecho material discutido Ello así, esta Sala señala al a quo que resulta excluyente analizar de forma conjunta razones de improcedencia y de inadmisibilidad en un mismo fallo, para lo cual se exhorta que en futuras decisiones acoja la distinción procesal expuesta.
Visto entonces que el quejoso contaba con una vía procesal ordinaria para revisar en serle jurisdiccional la actuación administrativa de los funcionarios adscritos a un órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Tierras, ni adujo la imposibilidad de acudir a ella, esta Sala declara sin lugar la apelación ejercida y confirma en los términos expuestos el fallo dictado el 24 de agosto de 2005 por el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida, toda vez que la misma se encuentra inmersa en la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide…” (Sic) (Subrayado de esta Superioridad)

Se colige pues, que las causales de inadmisibilidad de la Acción de Amparo, son de estricto orden público, además son revisables en todo estado y grado de la causa pudiendo ser declaradas en la definitiva.
Esta Superioridad destaca la sentencia Nº 2161 de la misma Sala, del 05 de septiembre de 2002, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, que entre otras cosas, estableció lo siguiente:
“…De donde se infiere que hubo un cambio de criterio en lo relativo a considerar que la nulidad preceptuada en la Ley Adjetiva Penal, en tanto estimada como una vía ordinaria para restablecer situaciones jurídicas infringidas, acarrearía la inadmisibilidad de la acción de amparo de conformidad con el artículo 6.5. de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no obstante, tal pronunciamiento no justificó el reemplazo del primer razonamiento, siendo imperioso para la Sala dilucidarlo en esta oportunidad.
En este estado y luego de una seria reflexión al respecto, vale acotar que, tal como considera la doctrina antes citada, admitir la nulidad como una sanción aplicada o aplicable a aquél o aquellos actos del proceso que han sido cumplidos de modo imperfecto, esto es, con vicios, que puedan reconocer su origen en el desconocimiento de disposiciones constitucionales –nulidad absoluta- e incluso de orden legal –nulidad relativa-, no impide que pueda considerarse como un medio ordinario preexistente, dado que además de una sanción es un mecanismo de corrección, por las razones que de seguidas expondremos.
De la regulación de la nulidad contenida en los artículos 190 al 196 del Código Orgánico Procesal Penal, se colige que los actos procesales pueden adolecer de defectos en su conformación, por lo que las partes pueden atacarlos lo más inmediatamente posible –mientras se realiza el acto o, dentro de los tres días después de realizado o veinticuatro horas después de conocerla, si era imposible advertirlos antes- de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 193 eiusdem, precisamente, mediante una solicitud escrita y un procedimiento, breve, expedito, donde incluso se pueden promover pruebas, sino fuere evidente la constatación de los defectos esenciales, a fin de dejar sin efecto alguna actuación por inobservancia e irregularidad formal en la conformación de misma, que afecte el orden constitucional, siendo ésta la hipótesis contemplada en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando prevé que podrá intentarse la acción de amparo si algún órgano jurisdiccional dicte u ordene una resolución, sentencia o acto que lesione un derecho fundamental; esto es, que con tal disposición se busca la nulidad de un acto procesal, pero ya como consecuencia jurídica de la infracción, configurándose entonces una nulidad declarada mediante el amparo como sanción procesal a la cual refiere la doctrina supra citada.
Esa misma consecuencia de nulidad como sanción puede derivarse de la interposición del recurso de apelación o el de casación, pues, en dichos casos la normativa aplicable contempla, como un posible efecto de la declaratoria con lugar, de acuerdo a los fundamentos de las denuncias, en uno u otro caso, la anulación de lo actuado.
Observamos así, que la nulidad solicitada de manera auténtica puede tener la misma finalidad del amparo accionado con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es decir para proteger la garantías, no sólo constitucionales, sino las previstas en los acuerdo y convenios internacionales, lo que concluyentemente nos lleva a determinar su carácter de recurso ordinario que debe normalmente agotarse antes de recurrir a la solicitud de tutela de derechos fundamentales. De no ser así, se correría el riesgo de reconducirse el proceso ordinario sustituyendo sus recursos con procedimientos de amparo constitucional.
En consecuencia, y con fundamento en el razonamiento precedente, esta a consulta debe ser confirmada, en virtud de que Sala Constitucional considera que la decisión sometida como se infiere de los autos, el presunto agraviado no procedió, previo a la incoación de la acción de amparo, a solicitar la declaratoria judicial de la nulidad absoluta o subsanación del acto anulable, es decir, agotar la vía ordinaria expedita establecida en los artículos 192 y 193 del Código Orgánico Procesal Penal para obtener, si así fuere el caso, el restablecimiento de las situaciones jurídicas que se dicen infringidas, por lo cual la acción de amparo ejercida se encuentra incursa en la causal prevista en el artículo 6.5. de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que la hacía inadmisible. Así se declara…”

Asimismo, abundando el criterio anterior, nos permitimos señalar de la Sentencia Nº 1346 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 13 de Agosto de 2008, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, lo siguiente:

“…No obstante lo anterior, se desprende de los autos, que si bien es cierto que la defensa solicitó la nulidad de las actuaciones previas a la audiencia preliminar, no es menos cierto que contra el pronunciamiento emitido en dicha Audiencia Preliminar no se intentó recurso de nulidad alguno, siendo ésta una de las vías ordinarias existentes para obtener la suspensión de los efectos de la sentencia causante del presunto agravio…
…Ahora bien, se constata que la presente acción de amparo fue admitida por esta Alzada, en la respectiva oportunidad procesal, no advirtiéndose ninguna de las causales de inadmisibilidad a que se contrae el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En este orden de ideas, el auto que se dicta para admitir la demanda no prejuzga sobre el fondo, sino que verificado que se reúnen los requisitos mínimos para dar curso a la acción, se ordena su trámite, con el fin de que en la sentencia de mérito se analice y examine todo lo referente al fondo, y aún se revisen de nuevo los presupuestos de admisibilidad. Al efecto, mediante decisión No. 0567/2005 de fecha 15 de diciembre de 2005, caso: Antonio José Quintero, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, consideró:
Por su parte, las causales de inadmisibilidad constituyen la revisión de los presupuestos procesales que condicionan la pretensión, pero en virtud de su carácter de orden público, son revisables en todo estado y grado de la causa, lo cual permite que, incluso una vez sustanciado el juicio de amparo constitucional, sean declaradas en la definitiva, sin que ello signifique una decisión sobre el derecho material discutido (…)’
Del mismo modo, debe señalar este Órgano Jurisdiccional de Alzada, que nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de manera reiterada ha asentado lo siguiente:
“(…) Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:
5) Cuando el agraviado haya optado por recorrer a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (omissis).
…Como puede observarse del fallo parcialmente transcrito, si bien esta Sala declaró con lugar el amparo considerando que lo cuestionado fue la inmotivación de la declaratoria sin lugar de las excepciones y de la decisión que decretó sin lugar la nulidad que fue solicitada en la audiencia preliminar, tal declaratoria obedeció a un supuesto distinto al caso de autos, pues mediante la acción de amparo constitucional que ocupa a la Sala, la parte accionante, pretende –y en ello debe insistirse- enervar los efectos del acta de la audiencia preliminar en su totalidad, así como el auto de apertura a juicio, por cuanto vulneran presuntamente los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, infracciones de orden constitucional impugnables a través de la nulidad absoluta según lo dispone expresamente el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, de allí que no existe la vulneración al derecho a la igualdad alegada…
…En segundo lugar, el apelante alegó que aun cuando la Corte de Apelaciones en referencia declaró inadmisible el amparo propuesto, por cuanto la parte accionante disponía del recurso de nulidad, la Sala Constitucional mediante decisión Nº 1228/2005 estableció que la nulidad no estaba concebida como un medio recursivo ordinario
Por lo tanto, tal como lo hizo el a quo constitucional, -al haberse ejercido acción de amparo contra el acta de la audiencia preliminar así como contra el auto de apertura a juicio por cuanto se alega que infringen derechos constitucionales- y siendo que contra dichas actuaciones procesales la parte actora disponía de la nulidad absoluta para enervar sus efectos; debe aplicarse en este caso la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…
…Según la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, esta Sala ha interpretado reiteradamente que la admisibilidad de dicha acción está sujeta a que el interesado no disponga de otras vías judiciales preexistentes, o bien que, ante su existencia, éstas no permitan la reparación apropiada de la lesión constitucional denunciada; en consecuencia, el amparo resulta inadmisible cuando el presunto agraviado se haya abstenido de acudir a la vía ordinaria prevista en el ordenamiento jurídico –en este caso, como se dijo disponía de la solicitud de nulidad absoluta contra el acta que contiene lo decidido en la audiencia preliminar, y contra el auto de apertura a juicio, de conformidad con lo dispuesto en lo artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual puede denunciarse la pretendida infracción constitucional alegada por el accionante mediante este amparo, medio de impugnación que además puede ejercerse en cualquier estado y grado del proceso-, a través del cual podía obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos constitucionales por cuanto todo juez de la República es tutor de la constitucionalidad, por lo tanto, si bien el precedente judicial debe aplicarse en casos análogos, en el caso bajo examen, las circunstancias fácticas no guardan la debida correspondencia con los casos ya resueltos por esta Sala y que el apelante pretende hacer valer como precedente judicial…” (Subrayado y negrillas de esta Superioridad)

El sistema Constitucional descansa sobre la supremacía de la Constitución y al ser el Amparo Constitucional un medio procesal que garantiza únicamente la posibilidad de restablecer violaciones de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales; la misma está reservada únicamente para restablecer las situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de regulaciones legales.

La finalidad de la acción de amparo Constitucional es proporcionar a los particulares la protección jurisdiccional necesaria para evitar la continuación de la violación de un derecho constitucional o la probabilidad de que ésta ocurra. Debido a la importancia de los bienes que tutela la acción de amparo Constitucional los jueces deben conocer de forma preferente este tipo de pretensiones, razón por la cual los usos abusivos de esta acción generan un mayor perjuicio en el funcionamiento del sistema de administración de justicia.

En tal sentido, esta Alzada detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica.

Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el Juez de la Alzada, quien además es un protector de la Constitución, del restablecimiento de inmediato de la situación jurídica lesionada. Viene en estos casos, a ser el objeto del amparo, la dilación judicial como un hecho concurrente con la violación ya existente de los derechos y garantías violados por los actos, omisiones o sentencias judiciales y que consolidan dichas infracciones.

Así las cosas, evidencia este Tribunal Constitucional que las Abogadas MERCEDES SALAZAR Y ENMA VELASQUEZ, actuando en este acto como Defensoras Privadas de los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, previamente identificados, plantean la presente acción de Amparo Constitucional contra el Tribunal Primero de Juicio, en virtud de que sus defendidos se encuentran privados de libertad, alegando que “se decrete la nulidad absoluta del acta policial, inserta al folio 4 y vto, y en consecuencia los actos subsiguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, que Cesen las Medidas Cautelares impuestas a los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, respectivamente, extensiva al ciudadano JOSE MIGUEL CARDOZO, en consecuencia ordenar su LIBERTAD PLENA…”; motivos por los cuales consideran la parte actora que debe decretarse la nulidad absoluta de las procesales, cesando con ello las medidas cautelares impuestas a su defendidos en su oportunidad, haciéndose extensiva al ciudadano JESUS MIGUEL CARDOZO GONZALEZ que riela también como acusado en la acusación fiscal y por consecuencia se ordene la libertad plena a favor de los mismos.

Así pues, observa esta Alzada que la acción de amparo constitucional no procede como se refirió en líneas anteriores, cuando existen medios ordinarios capaces de tutelar los derechos señalados como infringidos, como en el caso de autos; tales como la nulidad, por otra parte, esta Alzada pudo constatar en el Sistema Juris 2000 que el Tribunal Primero en Función de Juicio de esta Circunscripción Judicial, por auto de fecha 19 de julio de 2016 acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZAY y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, aclarando no hacer extensivo al ciudadano JESUS MIGUEL CARDOZO GONZALEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº 25.892.934, quien esta siendo Juzgado por un Tribunal de Primera Instancia en Materia de Responsabilidad Penal del Adolescente de este mismo Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, pues las accionantes ejercieron recurso de apelación en fecha 26 de julio de 2016 contra el referido auto mediante el cual el Tribunal A quo decidió mantener la medida privativa judicial preventiva de libertad, corroborada dicha información por el mencionado Juzgado en alcance recibido según oficio signado con el Nº 796/2016, en virtud de que las denunciantes podían ejercer las vías judiciales ordinarias o emplear los medios judiciales preexistentes (solicitud de nulidad), antes de hacer uso de la vía del amparo constitucional, interponiendo un recurso ordinario, siendo el procedimiento a seguir si la decisión es contraria a sus intereses; tal como lo refiere la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo vinculante del 4 de marzo de 2011, Sentencia Nº 221, con Ponencia del Magistrado DR. JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, expediente 11-0098, el cual entre otras cosas estableció:

“…Conforme la doctrina anteriormente reproducida, esta Sala reitera que la nulidad no constituye un recurso ordinario propiamente dicho, que permita someter un acto cumplido en contravención con la ley al control de la doble instancia, ya que la nulidad constituye un remedio procesal para sanear actos defectuosos por la omisión de ciertas formalidades procesales o para revocarlos cuando dichos actos fueron cumplidos en contravención con la ley. Tan es así lo aquí afirmado que la normativa adjetiva penal venezolana vigente permite que la nulidad pueda ser declarada de oficio por el juez cuando no sea posible el saneamiento del acto viciado, ni se trate de casos de convalidación. De allí que la nulidad se solicita al juez que esté conociendo de la causa para el momento en el cual se produce el acto irrito, salvo que se trate de un acto viciado de nulidad absoluta, en cuyo caso podrá solicitarse en todo estado y grado del proceso (Vid. sentencia Nro. 206 del 05 de noviembre de 2007, caso: “Edgar Brito Guedes”). Lo contrario sería desconocer la competencia que legalmente le es atribuida al juez para asegurar la efectiva aplicación de los principios y garantías que informan el proceso penal…”
(Subrayado y negrita de esta Superioridad)

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia Nº 122, de fecha 6 de febrero de 2001, con Ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA, caso Seauto La Castellana, C.A., así lo ha confirmado:

“(...) No obstante, cuando se puede acudir a la vía procesal ordinaria, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente el trámite o el medio procesal ordinario la vía para reparar la lesión y no la acción de amparo, pues no habría posibilidad de interponer la acción de amparo si hubiese prevista otra acción o un recurso para dilucidar la misma cuestión y lograr el restablecimiento de la situación violentada (...)”. (omisis)

Ciertamente, la jurisprudencia en forma reiterada, ha ampliado el alcance del numeral 5º del artículo 6 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al señalar que, igualmente, resulta inadmisible el amparo cuando exista la posibilidad de acudir a otros medios judiciales de los cuales no se ha hecho uso para satisfacer la misma pretensión, siempre y cuando, este medio sea breve, sumario y eficaz para restablecer la situación jurídica infringida, tal y como ya se ha referido por la jurisprudencia.

De modo que la interpretación que se le ha dado a la causal de inadmisibilidad bajo examen ha sido tan extensa, fundamentándose en el carácter extraordinario de la institución del amparo constitucional, el cual se desvirtuaría en el supuesto de que sea utilizado este último como medio para satisfacer cualquier pretensión, lo cual vulneraría el equilibrio y subsistencia entre el amparo y los demás medios judiciales preexistentes, sustituyendo así la acción de amparo todo el ordenamiento procesal del derecho positivo.

Aunado a lo anterior, las accionantes solicitan “…se decrete con lugar la presente solicitud de Amparo y se ordene medidas cautelares sustitutivas de libertad…”; en tal sentido consideramos oportuno destacar el fallo Nº 38, Exp. 11-1012, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, de fecha 14 de febrero de 2013, mediante el cual entre otras cosas se estableció lo siguiente:
“…esta Sala destaca que la posibilidad que tiene la defensa técnica de solicitar, en reiteradas oportunidades, la revisión de la medida de coerción personal decretada se corresponde con un medio judicial ordinario que debe ser siempre utilizado, dentro del proceso penal, como vía idónea para restituir o reparar situaciones jurídicas infringidas por violaciones de derechos fundamentales, en el sentido que lo ha planteado el abogado de los accionantes…”
(Subrayado de esta Superioridad)

Con base a las consideraciones previas, esta Corte Superior actuando en sede Constitucional observa que en el caso bajo estudio, no se agotó la vía ordinaria preexistente con la finalidad de analizar la procedencia de las peticiones requeridas por las accionantes, como lo es la nulidad absoluta del acto presuntamente viciado, en cuyo caso podrá solicitarse en todo estado y grado del proceso. En consecuencia y de conformidad con el artículo 6 numeral 5º de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en justa concordancia con la Sentencia Nº 221, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 4 de marzo de 2011, con Ponencia del Magistrado DR. JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, se declara INADMISIBLE la presente acción de Amparo. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

En consecuencia, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, actuando en sede Constitucional Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: Declara INADMISIBLE la presente acción de Amparo Constitucional interpuesta por las Abogadas MERCEDES SALAZAR Y ENMA VELASQUEZ, en ejercicio e inscritas en el IPSA bajo los números 113.675 y 114.056, respectivamente, en su carácter de Defensoras Privadas de los ciudadanos JOSE JAVIER MOYA MAZA y JEAN CARLOS GUZMAN MAESTRE, titulares de las cédulas de identidad Nº V-26.135.477 y V-24.984.299 respectivamente, a tenor de lo previsto en los artículos 2, 26, 44, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 174, 175, 236, 237, y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, contra el Tribunal Penal de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 01 de este Circuito Judicial Penal, al presuntamente haber vulnerados los derechos e intereses de sus defendidos, tales como: los valores del estado venezolano, la tutela judicial efectiva, libertad personal, el debido proceso, potestad de administrar justicia y la justicia y proceso, en el que presuntamente incurrió el Tribunal de instancia, al no declarar de oficio la nulidad absoluta del acta de aprehensión inserta al folio 4 y su Vto, la cadena de custodia y de todos los actos que deriven de ella incluyendo la acusación fiscal, cesando las medidas impuestas, decretando libertad plena a favor de sus defendidos; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en justa concordancia con el fallo Nº 221, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado DR. JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, de fecha 4 de marzo de 2011 y del fallo Nº 122, de fecha 6/02/2001 de la misma Sala, con ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA.
Publíquese, regístrese, déjese copia y remítase la presente causa en su debida oportunidad.
LOS JUECES INTEGRANTES DE ESTA CORTE DE APELACIONES
CONSTITUCIONAL
EL JUEZ PRESIDENTE y PONENTE

Dr. HERNÁN RAMOS ROJAS
LA JUEZA SUPERIOR LA JUEZA SUPERIOR,

DRA. CARMEN BELEN GUARATA DRA. MAGALY BRADY URBAEZ

LA SECRETARIA

Abg. ROSMARI BARRIOS.

ASUNTO: BP01-O-2016-000030
PONENTE: Dr. HERNAN RAMOS ROJAS.
Barcelona, 04 de octubre de 2016