REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, Dos de Agosto de dos mil diecisiete
206º y 157º
ASUNTO: BP02-U-2010-000107
Visto el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha doce (12) de Julio del 2010, por el ciudadano RAMÓN RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro V-4.013.136, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 10.328, con domicilio procesal en el Edificio Centro de Profesionales, Cuarto Piso, oficina Nº 41, escritorio Jurídico Ramón Ramírez G & Asociados, Maturín Estado Monagas, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente AUTOAR, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha diecisiete (17) de Mayo de 1996, bajo el Nº15, Tomo A-31, con domicilio en la Avenida Alirio Ugarte Pelayo Maturín Estado Monagas, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nro J-30344567-5, y recibido por ante este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental en fecha trece (13) de Julio de 2010, contra la Resolución Nº DA-151/2010 de fecha tres (03) de Mayo de 2010, la cual declara Primero: La nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Resolución Nro DA127/08 de fecha 29-05-2009, dirigido a la contribuyente AUTOAR, C.A., donde se ordenó aplicar la alícuota identificada como ensambladora de vehículos a la proporción de ingresos brutos equivalentes a los costos, ya que la misma era ilegal y poseía inconformidad a derecho, Segundo: Se ordenó a la Dirección de Hacienda Municipal efectuar el ajuste correspondiente a la declaración del Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de índole Similar, de los ejercicios fiscales 01/01/2006 hasta el 31/12/2006 y desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2007, realizada por el contribuyente AUTOAR, C.A., por haber declarado en base a la actividad de Construcción y Ensamblaje de Vehículos, siendo lo correcto como concesionarios; dictada por el Profesor José Vicente Maicavares, actuando en su condición de Alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas.
Por auto de fecha 16-07-2010, se le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano RAMÓN RAMIREZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente AUTOAR, C.A., contra la Resolución Nº DA-151/2010 de fecha tres (03) de Mayo de 2010 dictada por el Profesor José Vicente Maicavares, actuando en su condición de Alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas. Asimismo se libraron boletas de Notificación Nros. 888/2010, 889/2010, 890/2010, 891/2010, dirigidas a la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, Alcalde y Síndico Procurador de la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas respectivamente. (Folios 39 al 43).-
Por auto de fecha 10-06-2015, se abocó al conocimiento y decisión ha que hubiere lugar en el presente asunto el Dr. Frank Fermín, Juez de este despacho. (Folio 44).-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Vistas las actas procesales que conforman el presente asunto, este Tribunal Superior observa que: es deber de las partes impulsar el proceso desde su inicio hasta su culminación. Siendo este un principio fundamental enmarcado en la Carta Magna, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido normas para sancionar la no actuación de los interesados a saber:
El Código Orgánico Tributario vigente, establece en su Artículo 272 lo siguiente:
“Artículo 272: La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”
Sin embargo conviene destacar, que el Tribunal Supremo de Justicia en innumerables decisiones ha fijado posición, en relación a los casos en los cuales es aplicable la figura de de la Perención de la Instancia y la falta de interés procesal.
En efecto, la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido en reiteradas jurisprudencias que el interés procesal se traduce en la manifestación de la voluntad del administrado en resolver el conflicto en el cual se encuentra incurso, sin embargo es necesario establecer que la pérdida del interés procesal viene dada solo en dos etapas del procedimiento a saber: antes de la admisión del Recurso y después que el Tribunal de la causa diga vistos (etapa de sentencia), mientras que la perención de la instancia ocurre cuando la causa ha sido paralizada luego de la admisión del recurso y antes que entre en etapa de sentencia definitiva. Así dispuso la Sala Constitucional en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó su criterio en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.” (Resaltado de la sentencia).
En razón de lo anterior, este Juzgador considera que la interposición del Recurso Contencioso Tributario, le otorga al recurrente el derecho a solicitar al Juez competente solventar la controversia, por lo tanto surge una nueva carga procesal para el administrado, que consiste en manifestar el interés de continuar con la acción, esto quiere decir que al haber transcurrido un tiempo prudencial (más de un año), sin que el recurrente accione o impulse el procedimiento por ante el Tribunal de la causa, debe entenderse que no tiene interés en que se resuelva la controversia. Por lo que este sentenciador debe concluir que aún cuando se le imparte una carga al Tribunal del proceso, esta carga debe ser compartida con el administrado a los fines de resolver la causa.
En este sentido se observa que en fecha 16-07-2010, se dicto auto se le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano RAMÓN RAMIREZ, en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente AUTOAR, C.A., y contra la Resolución Nº DA-151/2010 de fecha tres (03) de Mayo de 2010, dictada por el Profesor José Vicente Maicavares, actuando en su condición de Alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas., computándose los lapsos legales correspondientes. Visto lo anterior, se desprende de un estudio minucioso de las actas que comprenden el presente asunto que desde el día 16-07-2010 hasta el día de hoy 02-08-2017, han transcurrido siete (07) años y diecisiete (17) días, no evidenciándose interés procesal por parte de los representantes de la contribuyente " AUTOAR, C.A.," en darle continuidad al procedimiento visto que hasta la fecha no se han impulsado las Boletas de Notificación ni se ha manifestado la voluntad por parte del administrado en la prosecución de la controversia.
Así las cosas, este Juzgado considera que el interés procesal surge de la necesidad que tienen los administrados en que se les reconozca un derecho y se les evite un daño innecesario, por lo que si bien es cierto que el interés procesal se manifiesta con tan solo la voluntad e interposición del Recurso sea en sede administrativa o por vía judicial, no es menos cierto que dicho interés debe ser manifiesto, expreso y continuo a lo largo de la controversia y hasta su culminación, ya que la pérdida del interés o la falta de impulso en el mismo conllevaría a sanciones coercitivas tales como el decaimiento y la extinción de la acción. Y así queda establecido.-
Ahora bien, habiendo establecido lo anterior y visto que en el caso de marras, se observa que hasta la presente fecha no ha habido actuación alguna por parte de la contribuyente que ponga en manifiesto algún interés en darle continuidad al presente procedimiento, por cuanto el asunto se encuentra en etapa de notificación de las Boletas dirigidas a la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, Alcalde y Síndico Procurador de la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas, signadas con los Nros. 888/2010, 889/2010, 890/2010, 891/2010, respectivamente, para luego proceder a la admisión del presente Recurso Contencioso Tributario. Siendo entonces, que la Recurrente no le ha dado el impulso procesal necesario a las referidas Boletas de Notificación, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Nor Oriental administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara EXTINGUIDA LA ACCION por Pérdida Sobrevenida del Interés Procesal del Recurso Contencioso Tributario interpuesto ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha doce (12) de Julio del 2010, por el ciudadano RAMÓN RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro V-4.013.136, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 10.328, con domicilio procesal en el Edificio Centro de Profesionales, Cuarto Piso, oficina Nº 41, escritorio Jurídico Ramón Ramírez G & Asociados, Maturín Estado Monagas, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente AUTOAR, C.A., y recibido por ante este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental en fecha trece (13) de Julio de 2010, contra la Resolución Nº DA-151/2010 de fecha tres (03) de Mayo de 2010, dictada por el Profesor José Vicente Maicavares, actuando en su condición de Alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas. Así se decide.-
Se ordena notificar a las partes de la presente decisión y se ordena librar Boleta de Notificación con sus respectivas copias certificadas de la presente Decisión Interlocutoria con carácter de Definitiva, al Alcalde y al Síndico Procurador de la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas y a la contribuyente AUTOAR, C.A., de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese oficio con las inserciones pertinentes.-
Se insta a la parte interesada se sirva consignar los fotostatos relacionados con la mencionada Sentencia, a fin de ser certificadas y anexadas a la boleta de notificación dirigida al Síndico Procurador de la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas. Conste.-
Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación del presente fallo, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.-
Dado firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de le Región Oriental. Barcelona, a los dos (02) días del mes de agosto del año 2017. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
EL JUEZ,
FRANK A. FERMÍN V.
LA SECRETARIA,
YARABIS POTICHE
Nota: En esta misma fecha (02-08-2017), siendo la 11:57 a.m. se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste.
LA SECRETARIA,
YARABIS POTICHE
FFV/YP/fo
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