REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete
206º y 157º

ASUNTO: BP02-V-2016-000946

JURISDICCIÓN CIVIL
I
DEMANDANTE: Ciudadano JOSE GREGORIO PADRON RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº 5.011.956, en su condición de Representante de la Empresa IPC SOLUCIONES J&B, C.A., de RIF J-31400020-9, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 26 de Abril de 2011, anotado bajo el numero 21, Tomo -18-A RM1ROBAR, Asamblea de fecha 28 de Septiembre de 2011, anotado bajo el Numero 40, Tomo -39-A RM1ROBAR, Asamblea fecha 29 de Mayo de 2012, anotado bajo el Numero 24, Tomo -25-A RM1ROBAR, Asamblea de fecha 20 de Agosto de 2012, anotado bajo el Numero 52, Tomo -36-A RM1ROBAR y ultima Asamblea de fecha 26 de Noviembre de 2014 y quedó anotado bajo el Numero 3, Tomo-77-A RM1 ROBAR

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Abogado en ejercicio PEDRO JOSE ACERO PINO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 60.239.-

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LA FORGIA, C.A.,-

JUICIO: CUMPLIMINETO DE CONTRATO PARA EL DASARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE OBRA CIVIL.

Motivo: PERENCIÓN.-


II

Por auto de fecha diecinueve (19) de Julio de 2016, este Tribunal admitió la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, hubiere incoado el ciudadano JOSE GREGORIO PADRON RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº 5.011.956, actuando en este acto en nombre y representación de la Empresa IPC SOLUCIONES J&B, C.A., de RIF J-31400020-9, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 26 de Abril de 2011, anotado bajo el numero 21, Tomo -18-A RM1ROBAR, Asamblea de fecha 28 de Septiembre de 2011, anotado bajo el Numero 40, Tomo -39-A RM1ROBAR, Asamblea fecha 29 de Mayo de 2012, anotado bajo el Numero 24, Tomo -25-A RM1ROBAR, Asamblea de fecha 20 de Agosto de 2012, anotado bajo el Numero 52, Tomo -36-A RM1ROBAR y ultima Asamblea de fecha 26 de Noviembre de 2014 y quedó anotado bajo el Numero 3, Tomo-77-A RM1 ROBAR, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio PEDRO JOSE ACERO PINO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 60.239, en contra de la Sociedad Mercantil SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LA FORGIA, C.A., representada por el ciudadano GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ LA FORGIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 16.926.892 ordenándose librar compulsa, a los fines de la citación del demandado.-

III
El Tribunal para decidir observa lo siguiente:
Del análisis de las actuaciones contenidas en el presente expediente, observa este Juzgado, que la presente demanda fue admitida el 19 de Julio de 2016, y desde esa fecha, se evidencia que transcurrieron en este Juzgado más de treinta (30) días, sin que la parte actora haya impulsado la citación del demandado.-

Dispone el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su Ordinal Primero:
“Toda instancia se extingue (….)
(…)También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días, a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado."
Texta igualmente el artículo 269 ejusdem:
La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.

En cuanto a la perención breve de la Instancia, en sentencia Nº 537 del 06 de julio de 2004, caso José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, expediente Nº 2001-000436, la Sala de Casación Civil estableció un criterio sobre la perención de la Instancia

Asimismo, es de advertir que el criterio jurisprudencial anteriormente mencionado, fue modificado parcialmente por la misma Sala Civil, bajo la ponencia de la Magistrada, Dra. Yris Armenia Peña Espinoza, en la decisión de fecha 30 de enero de 2.007, dictada en el Expediente Nº 2006-000262, en donde se estableció el criterio que a continuación parcialmente se transcribe:
“…Con referencia al señalamiento de la doctrina de esta Sala en cuanto a la obligación del Alguacil de dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó los emolumentos exigidos en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación, la Sala debe señalar en esta oportunidad, que el silencio del alguacil respecto al cumplimiento de tal obligación, pese a los traslados realizados tendentes a procurar la citación de la parte demandada no puede ocasionar perjuicio a la parte.
En tal sentido ante una situación de esta naturaleza se debe interpretar la situación factica en beneficio de la parte demandante, que en el presente caso fue diligente, en velar porque se citara al demandado, todo ello en aras de preservar el debido proceso y el derecho a la defensa del actor y en virtud del principio pro actione, todo con la finalidad de tutelar con preferencia el derecho fundamental de acceso a la justicia.
En tal sentido, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal ha realizado una interpretación sobre el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y del principio pro actione, de la que se desprende que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales. ..
…En vista de las consideraciones antes señalada y de la jurisprudencia antes transcrita, al haberse declarado una perención que no correspondía en derecho, el juez superior violó el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo violó el artículo 15 ejusdem pues al extinguir indebidamente la instancia, cercenó a la demandante su derecho a que se tramitara el juicio y se dictara sentencia con apego al debido proceso…”(subrayado de este tribunal)

Considera este Sentenciador que al haberse suprimido la obligación de cancelar aranceles judiciales, el accionante cumple inicialmente su obligación de impulsar la citación, consignando dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda los fotostátos necesarios para la elaboración de las compulsas destinadas a lograr las citaciones de los demandados.-
Ahora bien, examinadas detenidamente las actas que componen el presente expediente, constata este sentenciador que desde el día 19 de Julio de 2016, fecha en que fue admitida la presente demanda, transcurrieron más de treinta (30) días en este despacho sin que la parte actora haya impulsado la citación del demandado.- Así se declara.-

Aplicando las disposiciones transcritas a los hechos planteados supra, considera quien Sentencia que la parte actora no cumplió con la obligación que le impone nuestro ordenamiento jurídico vigente para practicar la citación de los demandados dentro del lapso indicado; en tal virtud éste Tribunal considera que debe declararse la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio y así se declara.
IV
DECISIÓN.

Por los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, hubiere incoado el ciudadano JOSE GREGORIO PADRON RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº 5.011.956, actuando en este acto en nombre y representación de la Empresa IPC SOLUCIONES J&B, C.A., de RIF J-31400020-9, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 26 de Abril de 2011, anotado bajo el numero 21, Tomo -18-A RM1ROBAR, Asamblea de fecha 28 de Septiembre de 2011, anotado bajo el Numero 40, Tomo -39-A RM1ROBAR, Asamblea fecha 29 de Mayo de 2012, anotado bajo el Numero 24, Tomo -25-A RM1ROBAR, Asamblea de fecha 20 de Agosto de 2012, anotado bajo el Numero 52, Tomo -36-A RM1ROBAR y ultima Asamblea de fecha 26 de Noviembre de 2014 y quedó anotado bajo el Numero 3, Tomo-77-A RM1 ROBAR, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio PEDRO JOSE ACERO PINO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 60.239, en contra de la Sociedad Mercantil SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LA FORGIA, C.A., representada por el ciudadano GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ LA FORGIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 16.926.892.- Así se decide.-

Regístrese, Publíquese y Déjese Copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Juez Temporal,

Abg. Alfredo Peña Ramos. La Secretaria Titular,

Abg. Judith Moreno Sabino

En esta misma fecha, siendo las Diez y Diez minutos de la mañana (10:10) a.m., se dictó y publicó la anterior Sentencia, previa las formalidades de Ley.- Conste.-
La Secretaria,


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