REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. El Tigre, dos (02) de marzo de dos mil diecisiete 206º y 158º SENTENCIA ASUNTO PRINCIPAL: BP12-N-2012-000085. PARTE ACTORA : ENTIDAD DE TRABABO CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado JESUS ALBERTO AGUANA inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nº 119.192 PARTE DEMANDADA: INSPECTORÌA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS SIMON RODRIGUEZ, MONAGAS, MIRANDA, GUANIPA E INDEPENDENCIA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI; APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUIDO. TERCERO BENEFICIARIO: LUIS ALBERTO MEJIAS MUJICA venezolano, mayor de edad y titular de las cedula de identidad Nº V-12.501.548 MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 0078-2012 dictada por la Inspectoria del Trabajo de lo Municipios Simon Rodríguez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzoátegui. Con vista a la reanudación de la presente causa y revisadas las actas procesales, este tribunal a los fines de pronunciarse sobre el estado procesal de la causa sin estar incurso el juzgador en causales de inhibición ni reacusación que revelen la incompetencia subjetiva para conocer el presente asunto, considera oportuno realizar las siguientes consideraciones previas: ANTECEDENTES: Se inicia el presente asunto, en fecha 14 de diciembre de 2012, mediante demanda incoada por el ciudadano: JESUS ALBERTO AGUANA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 119.192, con el carácter de Apoderado Judicial de la entidad de trabajo CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS SIMON RODRIGUEZ, MONAGAS, MIRANDA, GUANIPA E INDEPENDENCIA DEL ESTADO ANZOATEGUI, con sede en la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, por motivo de Nulidad de la Providencia Administrativa Nº 00078-2012 de fecha 30 de noviembre de 2012, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano: LUIS ALBERTO MEJIAS MUJICA, titular de la cédula de identidad Nº 9.665.184. Mediante auto de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2012 el Juzgado Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en el Tigre, ADMITE la demanda y ordenándose las notificaciones a las partes. Y en fecha 18 de diciembre de 2012 se decreta medida preventiva de suspensión de efectos del acto administrativo d efectos particulares, representado por la providencia administrativa demandada en nulidad en el presente procedimiento, y la suspensión de todos los efectos que deriven de dicho acto. En fecha 9 de febrero del 2017; quien suscribe con el carácter de juez Provisorio a cargo de este Tribunal se aboca al conocimiento de la causa concediéndole a las partes el lapso de tres (3) días hábiles siguientes a dicha fecha para que ejerzan los recursos procesales sobre la competencia subjetiva del juez, y en fecha 22 de Febrero de 2017, fue declarada la reanudación de la causa visto que no existen causales de incompetencia subjetiva del juzgador por el cual deba apartarse del conocimiento del presente asunto. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR. Ahora bien este tribunal, verificadas las actuaciones procesales en precedencia constata que de los autos que la última y única actuación del recurrente, tuvo lugar en fecha 14 de diciembre de 2012; a través de su apodero judicial abogado JESUS ALBERTO AGUANA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 119.192, oportunidad en la cual presento el presente RECURSO DE NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos. Bajo este presupuesto, La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 41 establece: Artículo 41.- Perención. Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Del estudio de la normas ante precisada, se deduce que el efecto de la institución de la perención es la extinción del proceso por inactividad de las partes, vale decir por la no realización de algún acto de procedimiento. Es una actitud omisiva o negativa de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento, no lo realizan; Así el destacado jurista RENGEL ROMBERG, cuando se refiere a esta institución señala que la perención se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y, finalmente, condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, pag. 373). La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbre los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica y estadía a derecho. En este sentido, cabe advertir que al subsumir el estado procesal de la presente causa en los presupuestos de la norma in comento como consecuencia de la falta de impulso de las partes, siempre y cuando la causa no se encuentre en suspenso por efectos de actividades propias del órgano jurisdiccional tal como se ha precisado en el artículo ut supra, resulta forzoso para este tribunal aplicar la sanción de ley y declarar la perención de la Instancia. Y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVO. Este Tribunal Tercero de Primera Instancia de juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA, por haber transcurrido mas de 4 años sin impulso procesal de la parte recurrente. SEGUNDO: Se levanta la MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, dictada en fecha 18 de diciembre de 2012 en la presente causa; TERCERO: Se declara la terminación del procedimiento y ordena el archivo del expediente, una vez quede firme la presente decisión. Y ASI SE DECIDE. Se ordena la notificación a la parte recurrente en la dirección indicada en autos. No se ordena la notificación al Procurador General de la República por interpretación en contrario del artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, por cuanto en nada le puede afectar la presente decisión. Cúmplase.- Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en El Tigre, a los dos (02) días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, años 206º y 158º. EL JUEZ, ABG. OSCAR J. MARIN SANCHEZ LA SECRETARIA ABG. LISBETH MACHADO VALERA En esta misma fecha se dio cumplimiento con lo ordenado; siendo las 03:49 p.m, Conste. LA SECRETARIA ABG. LISBETH MACHADO VALERA ASUNTO PRINCIPAL: BP12-N-2012-000085