REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SIMÓN BOLIVAR, DIEGO BAUTISTA URBANEJA, JUAN ANTONIO SOTILLO Y GUANTA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. Puerto La Cruz, 03 de Noviembre de 2017. 207° y 158° ASUNTO N° BP02-V-2017-001321 Vista la demanda por DESOLOJO (Ejecución) presentada por los ciudadanos YOLANDA DEL ROSARIO RODRIGUEZ DE ARIAS y RUBEN EUTIMIO ARIAS GUERRERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad No. V-2.797.874 y V-1.629.710, asistido en este acto por las Abogadas en ejercicio MARIA DE LOS ANGELES MONTAÑO y DULCEMARIA JOSE ACOSTA LOPEZ, inscritas ante el Inpreabogado bajo los No. 193.550 y 43.503; este Tribunal antes de proveer lo solicitado previamente observa: En virtud de la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente Nº 15-0484 de fecha 17-08-2015, la cual textualmente reza: “Por tal razón, esta Sala, consciente de la complejidad de la garantía del derecho a la vivienda, con el objeto de continuar su tutela eficaz, decreta de oficio, en aras de la conceptualización concluyente del plazo razonable en el que pudiera proveerse de refugio digno o solución habitacional a las personas sobre las que, de acuerdo con la legislación vigente, deban ser reubicadas por decisión judicial, se ordena al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Vivienda, que en un lapso no mayor de treinta (30) días continuos contados a partir de la publicación del presente fallo, constituya una mesa de trabajo entre la SUNAVI, los movimientos sociales en defensa de los inquilinos y de los propietarios, el Ejecutivo Nacional, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial a través del representante que designe la Junta Directiva de esta Máximo Tribunal y cualquier otra entidad vinculada con ese asunto a conformar la mesa nacional, en cuyo seno los participantes podrán designar representantes en el ámbito estadal, a objeto de elaborar y aplicar un protocolo de actuación conjunta y corresponsable que permita revisar y brindar solución integral en todas las causas que se encuentren en estado de ejecución, en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, para efectuar las reubicaciones de los inquilinos afectados por medidas de desalojo, y, por ende, produzca un informe preliminar sobre tales aspectos, que deberá ser consignado ante esta Sala, en plazo de tres (3) meses contados a partir del vencimiento del lapso de treinta (30) días antes establecido, luego de lo cual iniciará el lapso de tres (3) meses adicionales para la presentación del informe definitivo en el que consten las resultas de esa mesa de trabajo nacional (y de las regionales si se constituyeren como órganos de apoyo de la mesa principal), a objeto de un pronunciamiento definitorio de este Máximo Tribunal, y, por ende, todos los casos que a esa fecha ya estén resueltos con las reubicaciones efectivas, en trabajo jurídicamente compartido y corresponsable, cómo única forma temporal, para la solución de los conflictos interpersonales que determinaron, en cumplimiento de la ley, las ordenes de devolución de los inmuebles destinados a vivienda y la consiguiente reubicación de los arrendatarios que la requieran. Así se decide. (…) Ahora bien, esta Sala, consciente de que en materia de cumplimiento, resolución contractual y desalojo, la obligación a que se refiere la Disposición Transitoria Quinta no es parte del tema de decisión, pero la pérdida de la ocupación del inmueble producto de la desocupación forzosa pudiera vulnerar a los inquilinos el derecho de adquisición, si lo tuvieren conforme al orden jurídico, considera necesario suspender preventivamente, y hasta tanto se resuelva esta acción en la definitiva, los desalojos forzosos, hasta tanto el SUNAVI no haya proveído refugio o solución habitacional o se determine que el arrendatario tiene un lugar donde habitar. No podrá procederse al desalojo en aquellos casos en que el inmueble sea propiedad de multiarrendadores, tal como los define el artículo 7 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas, sin que el propietario hubiese cumplido con la obligación a la que se refiere la Disposición Transitoria Quinta. Así se decide. (…) “Por otra parte, se advierte que este Tribunal conoce por notoriedad judicial (s. Sala Plena n.° 8 del 30 de enero de 2014, caso: SUNAVI y n.° 14 del 15 de enero de 2015, caso: SUNAVI) que en ciertos casos la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda ha solicitado a los tribunales el desalojo como consecuencia de las resultas del procedimiento previo a la demandas a que se refieren los artículos 7 al 10 de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, por remisión del artículo 95 de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda, casos en los que se ha designado a los Juzgados de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas como competentes para la ejecución, en este contexto, la Sala considera necesario establecer que, en aquellos procesos en los que el desalojo se tramite a solicitud de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, también deberá suspender preventivamente tanto aquellas causas actualmente en trámite como en las que se propongan durante el curso de este juicio y hasta tanto se resuelva este amparo en la definitiva. Así se decide”. (Cursiva y subrayado del Tribunal).- De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente contentivo de juicio por Desalojo; observa esta Juzgadora que la misma se encuentra en fase de ejecución, lo cual pudiera dar lugar a la desocupación forzosa del inmueble que ocupa la demandada, lo cual estaría en contradicción a la prohibición expresa contenida º en la sentencia antes señalada, ya que la misma ordena la suspensión preventiva de este tipo de causas, hasta que se resuelva en definitiva el amparo que dio origen a ella; este Tribunal en acatamiento a lo ordenado en la sentencia in comento, acuerda suspender la presente causa hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Amparo Constitucional que dio origen a las medidas cautelares dictadas por la referida Sala en la Sentencia aqui señalada. Cumplase.- LA JUEZ PROVISORIO DRA. DARQUIS TOVAR LA SECRETARIA, ABG. TOMIRIZ SÁNCHEZ ASUNTO N° BP02-V-2017-001321 DT/tsr.-