REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE CAPISTRANO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÀTEGUI.
PARTE SOLICITANTE: La ciudadana IRMA CELESTINA MARTINEZ TONITO, de 44 años de edad, venezolana, de estado civil soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-8.293.606, de profesión u oficio comerciante, domiciliada en el sector Barrio Ajuro, calle La Chica, casa sin número de este Municipio, actuando como representante legal de su hijo, el niño************.
PARTE REQUERIDA: El ciudadano MARCIAL DANIEL RAMOS AMUNDARAY, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.931.349, quien se desempeña como comerciante informal, y puede ser localizado en su domicilio, en el Sector Felicia Medina, calle El Río, casa sin numero, punto de referencia, frente a los Cupireños, en este Municipio
I
PARTE NARRATIVA
En fecha 09 de Octubre de 2017, la ciudadana IRMA CELESTINA MARTINEZ TONITO actuando en nombre de su hijo, el niño ********** interpuso en forma oral, solicitud de obligación de manutención en contra del ciudadano MARCIAL DANIEL RAMOS AMUNDARAY, manifestando que aspira como obligación de manutención para su hijo la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) quincenales, para comprarle los alimentos necesarios y que él la ayude con los gastos de medicinas y gastos médicos en caso de enfermedad, en el mes de agosto con los gastos escolares, y en el mes de diciembre que la ayude con los gastos de ropa y regalos de navidad de su hijo. De su solicitud se levantó acta respectiva, por la Secretaría del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 511 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (en adelante LOPNA).
En fecha 13 de Octubre de 2017, este Juzgado admitió la solicitud y ordenó citar al requerido, ciudadano MARCIAL DANIEL RAMOS AMUNDARAY para que compareciera a los fines de instar a la conciliación entre las partes o en su defecto se diese contestación a la solicitud. Se libró en consecuencia, boleta de citación junto con orden de comparecencia, así como, telegrama N°3760-17-30, a cualquier Fiscal de Guardia del Ministerio Público competente en materia de Niños, Niñas y Adolescentes, notificándolo de la apertura del procedimiento.
En fecha 20 de Octubre de 2017, el Alguacil adscrito a este Tribunal, consignó mediante diligencia boleta de citación debidamente firmada por el requerido.
En fecha 26 de Octubre de 2017, siendo la oportunidad legal para celebrar el acto conciliatorio entre las partes, por cuanto solo acudió la parte solicitante, este Tribunal declaró desierto el acto. El requerido tampoco dio contestación a la solicitud de pensión de manutención en la respectiva oportunidad.
II
PARTE MOTIVA
Alegatos de la parte demandante: La ciudadana IRMA CELESTINA MARTINEZ TONITO, en la oportunidad de incoar el presente procedimiento, alegó que tiene un hijo de once (11) años de edad. Que no convive con el padre de su hijo, y que el mismo no está cumpliendo con la obligación de manutención que tiene con el mismo. Aspira para su hijo la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) QUINCENALES, por concepto de obligación de manutención para comprarle los alimentos. y que él la ayude con los gastos de medicinas y gastos médicos en caso de enfermedad, en el mes de agosto con los gastos escolares, y en el mes de diciembre que la ayude con los gastos de ropa y regalos de navidad de su hijo.
Alegatos de la parte demandada: En la oportunidad del acto conciliatorio, el requerido no dio contestación a la demanda
III
DE LAS PRUEBAS
Seguidamente corresponde analizar todo el material probatorio como impone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 511 de la LOPNA, valorando todas y cada uno de los medios traídos a los autos.
Al momento de introducir la solicitud, la parte actora se valió de la siguiente documental: *Copia certificada de la partida de nacimiento nº 279 del niño ********* emanada del Registro Civil y Electoral del Municipio San Juan de Capistrano del estado Anzoátegui, la cual riela a los folios dos al cinco (02 al 05) del presente expediente. La parte contraria contra quien se produjo tal documento, no tachó dicho instrumento, en consecuencia este instrumento produce plena prueba de los hechos litigiosos, toda vez que conforme el artículo 457 del Código Civil, las actas que sobre el Estado Civil se extienden cumpliendo las formalidades de ley, tienen el carácter de auténticas respecto de los hechos presenciados por la autoridad.
De conformidad con los artículos 366 y 367 de la LOPNA se deviene que con respecto al beneficiario, el niño***********, la solicitante demostró la filiación existente entre el referido niño y el requerido, desprendiéndose de la partida de nacimiento que el niño fue presentado tanto por la solicitante como por el requerido MARCIAL DANIEL RAMOS AMUNDARAY. Y así se decide.
La demandante no demostró la capacidad económica del obligado, supuesto éste que es necesario para poder fijar el quantum de la pensión de manutención.
En cuanto a la parte demandada no aportó pruebas al proceso que deban ser valoradas.
IV
DEL DERECHO
Ahora bien, demandándose la fijación de la Obligación de Manutención, es de recordar que el derecho de manutención es un derecho humano fundamental de infancia y adolescencia y un deber para ambos padres, como lo dispuso el Constituyente en el año 1999, cuando en el artículo 76, aparte único de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció: “...El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas...”.
Precisamente por ello, el Constituyente de 1999, adoptando la Doctrina de la Protección Integral que sustenta la Convención sobre los Derechos del Niño, da rango constitucional a la misma, erigiéndola en un derecho humano de los beneficiarios, al establecer expresamente en el artículo 76, parte in fine del aparte único de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que:
“...La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaría.”
Cumple así nuestro país con los compromisos internacionales contraídos al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, con la cual se obligó a adoptar medidas legislativas y judiciales, dirigidas a lograr la protección integral de la infancia y de la adolescencia, teniendo claro que los progenitores son los responsables prioritarios y primordiales en esto, puesto que la mencionada Convención dispone expresamente en su artículo 27:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres...les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño...
4. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres...”.
Esta obligación de manutención es consecuencia de la misma filiación, por lo que, estableciéndose la filiación nace la obligación misma, como lo dispone el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de la siguiente manera:
“La Obligación de Manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando...no se tenga la Responsabilidad de Crianza del hijo o hija, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto...”
Igualmente en el Artículo 377, ejusdem, se consagra que “El derecho a exigir el cumplimiento de la obligación de manutención es irrenunciable e inalienable…” (Subrayado del Tribunal).
Dicha Obligación de manutención, es un derecho humano de infancia y adolescencia, que resultar necesaria para garantizarles a los niños y adolescentes la única fuente para cubrirles sus necesidades básicas y de gran importancia y lograr su desarrollo integral, incluso es un mecanismo necesario para los jóvenes en aquellos supuestos previstos por el legislador, como el caso de la acción por extensión de la referida obligación, respecto de los padres cuya filiación está legalmente establecida y que no requiere declaratoria de existencia previa, al ser efecto directo de la filiación, debiendo garantizarse legal y judicialmente su efectividad a cargo de tales progenitores, motivo por el cual el legislador especial ha previsto distintas acciones relacionadas con el deber alimentario, entre ellas surge como primaria y fundamental la de Fijación del Quantum de la Obligación de Manutención, requisito sine qua non para el ejercicio de las otras acciones, pues no podría demandarse el cumplimiento, así como tampoco la revisión si previamente no se ha fijado judicialmente la misma, sea en vía contenciosa o no contenciosa.
Esta Juzgadora observa, que la parte solicitante demanda por Obligación de Manutención, lo que debe entenderse como fijación del quantum de la Obligación de Manutención, y aspira como monto necesario para cubrir las necesidades de su hijo, la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00) QUINCENALES, por lo que, siendo que es una obligación personal, es necesario efectuar todas las actuaciones idóneas para preservar y dar materialización a este derecho humano de infancia y adolescencia, que les permita obtener todo lo necesario para su manutención y desarrollo integral, en un nivel de vida adecuado, lo que no se lograría si no aparecen fijadas las reglas, bien por acuerdo entre los padres homologado en sede judicial, bien mediante pronunciamiento judicial en juicio contencioso, y no con base a la libre interpretación que hagan los progenitores, ni al capricho de los mismos.
De todo lo anterior resulta que, aún cuando la fijación del quantum alimentario se exige del padre del beneficiario, tal fijación debe efectuarse con fundamento al deber compartido e irrenunciable de ambos progenitores, como quiera que el deber de dar efectividad y materialización a favor de su hijo corresponde a ambos, para preservarlo en su derecho a recibir todo lo necesario para su manutención y crianza, lo que se traduce en desarrollo integral, y que corresponde compartidamente a los ciudadanos IRMA CELESTINA MARTINEZ TONITO y MARCIAL DANIEL RAMOS AMUNDARAY, como consecuencia de la obligación de ambos progenitores, por el ejercicio pleno de la responsabilidad de crianza que tienen sobre el niño *************.
En tal sentido, el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, señala expresamente que:
“Para la determinación de la obligación de manutención el Juez o Jueza debe tomar en cuenta, la necesidad e interés del niño y adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado u obligada, el principio de unidad de filiación, la equidad de género en las relaciones familiares y el establecimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social...”
Con relación a las necesidades del beneficiario, prácticamente no requieren prueba, siendo que el legislador ha eximido de prueba al mismo, cuando los alimentos se reclaman de los ascendientes, por mandato legal expreso contenido en el artículo 294 del Código Civil, en concordancia con el artículo 295 ejusdem; respecto a tales necesidades, consagra nuestra Jurisprudencia y Doctrina que la Obligación de Manutención es aquella que no solo comprende las sustancias nutrientes básicas propias de la subsistencia, sino que envuelve todo aquello que requiere cualquier ser humano para lograr un pleno desarrollo de sus facultades físicas y espirituales, por lo que abarca, además de los alimentos, la vivienda, el vestido, la educación, la salud y la recreación, entre los aspectos más importantes de la vida y la existencia del sujeto, tal como lo indica el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y que por su edad se puede deducir que está en pleno desarrollo, debiendo obligatoriamente contar con el apoyo que les puedan brindar sus progenitores, cuya misión primordial es velar por el sano crecimiento de sus descendientes conforme se establece en nuestro ordenamiento jurídico, en el Artículo 282 del Código Civil Venezolano, el cual señala: “El padre y la madre están obligados a mantener, educar e instruir a sus hijos menores.”, así como en el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando indica: “Derecho a un Nivel de Vida Adecuado. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de: a) Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; b) Vestido apropiado al clima y que proteja la salud; c) Vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales.”
Como en el proceso la parte solicitante no logró demostrar la capacidad económica del requerido en cuanto a la suficiencia de sus ingresos económicos para fijar la Obligación de Manutención, en la cantidad exigida por la demandante de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.50.000,00) quincenales, y como quiera que es un hecho notorio el alto costo de la vida, y en atención a las necesidades del niño ya identificado, conforme a lo establecido en el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual indica “...La cantidad a pagar por concepto de obligación de manutención se fijará en una suma de dinero de curso legal para lo cual se tomará como referencia el salario mínimo mensual que haya establecido el Ejecutivo Nacional...”, lo procedente es Fijar la Obligación de Manutención en la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs.53.252,10) mensuales, monto éste que equivale a un treinta por ciento (30%) del salario mínimo vigente que asciende a la cantidad CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE BOLIVARES (Bs. 177.507,00) mensuales, y no habiendo demostrado la solicitante, que el requerido posea capacidad la económica para cubrir el monto exigido por la misma, y siendo que el fin último es el beneficio para el niño y de conformidad con el Principio del Interés Superior de niños, niñas y adolescentes (Art.8 LOPNA) se fija prudencialmente el quantum de la pensión de manutención en un monto de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs.53.252,10) mensuales, cantidad que debe cancelar mensualmente el requerido como pensión de manutención. ASÍ SE DECLARA.
De igual manera, respecto al pago correspondiente a la Obligación de Manutención del niño, debe realizarse por adelantado, como lo establece el artículo 374 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, esto es debido a que no deben ser pagos vencidos, ya que el niño tiene necesidades inmediatas de alimentación, vestido, salud, entre otros.
Por todo lo antes mencionado, y en virtud que el padre debe cumplir con su responsabilidad, respecto al quantum de la Obligación de Manutención, cumplidos los trámites legales, y siendo la oportunidad procesal fijada para dictar Sentencia, este Tribunal seguidamente decide previa las siguientes consideraciones:
De la solicitud interpuesta se evidencia que el problema planteado es el establecimiento de una Obligación de Manutención, a la cual está obligado el padre para con su hijo. ASÍ SE DECLARA.
Para fijar el monto de la manutención, esta Jueza debe guiarse por las disposiciones establecidas en los Artículos 282 del Código Civil y 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en virtud de que la Obligación de Manutención será compartida entre ambos padres, por lo que cuando los niños, niñas y/o adolescentes se encuentren bajo la guarda de uno de sus progenitores, debe el Juez fijar el monto que tiene que aportar el otro progenitor para la manutención de sus hijos.
No obstante, la actora en el presente Juicio se encuentra en el deber legal de exigir una Obligación de Manutención que ha de ser estipulada mediante una sentencia definitivamente firme. ASÍ SE DECLARA.
En consecuencia, y por todas las consideraciones anteriormente expuestas, tomando en cuenta la edad del reclamante y las necesidades básicas propias de su etapa, esta Juzgadora atendiendo el interés superior del niño conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, siendo que es de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes y que va dirigido a asegurar el desarrollo integral del mismo, en este caso, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías y en esta situación en particular aprecia esta Juzgadora a los fines de determinar ese interés superior del niño establecido en el literal e) del parágrafo primero del artículo 8 en referencia, en particular, la condición especifica del beneficiario como persona en desarrollo, en concordancia con el artículo 30, ejusdem, que señala que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral; que ese derecho comprende una alimentación nutritiva, balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; así como, un vestido adecuado al clima y que proteja la salud.
Al respecto en el artículo 365, de la ley en comento, se señala que la obligación alimentaría comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, recreación y deportes requeridos por el niño, niña y el adolescente y que por un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, corresponde al padre y a la madre. En consecuencia, por cuanto no fue desvirtuado en autos el estado de necesidad del niño que nos ocupan como requisito indispensable para la Obligación de Manutención, estado de necesidad éste que prevé el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se fija prudencialmente la Obligación de Manutención en la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs.53.252,10) mensuales, que deberá entregar el obligado MARCIAL DANIEL RAMOS AMUNDARAY, a la solicitante IRMA CELESTINA MARTINEZ TONITO quien actúa en representación de su hijo**********, en dinero efectivo, previa firma de recibo, los primeros cinco (5) días de cada mes, cantidad ésta que de conformidad con lo establecido en el Artículo 369 y 374 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se ajustará en forma automática y proporcional, de acuerdo a las necesidades e intereses de la beneficiaria de la manutención y realizará el pago correspondiente por adelantado. En el mes de Agosto de cada año se fijan dos mensualidades adicionales por un monto igual al establecido como Quantum por concepto de Obligación de Manutención, es decir la cantidad de CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs.106.504,20) adicionales, con el objeto de cubrir los gastos de útiles y uniformes escolares. En el mes de Diciembre de cada año se fijan dos mensualidades adicionales por un monto igual al establecido como Quantum por concepto de Obligación de Manutención, es decir la cantidad de CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs.106.504,20) adicionales, con el objeto de cubrir los gastos de ropa y juguetes de navidad. En cuanto a los gastos médicos y de medicinas estos serán compartidos en un cincuenta (50%) por cada progenitor. ASI SE DECLARA
V
PARTE DISPOSITIVA.
Por todos los argumentos de hecho y de derecho, en atención a lo establecido en el Artículo 377 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda que por Fijación de Obligación de Manutención, interpuso la ciudadana IRMA CELESTINA MARTINEZ TONITO, contra el ciudadano MARCIAL DANIEL RAMOS AMUNDARAY, ampliamente identificados, en beneficio de su hijo**********, y como se expresa ut supra en la motiva.
Se condena al obligado MARCIAL DANIEL RAMOS AMUNDARAY, a cancelar la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs.53.252,10) mensuales, por concepto de Obligación de Manutención, a favor de su hijo.
Se fija en el mes de Agosto de cada año, dos mensualidades adicionales, es decir la cantidad de CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs.106.504,20) adicionales, con el objeto de cubrir los gastos de útiles y uniformes escolares.
Se fija en el mes de Diciembre de cada año, dos mensualidades adicionales, es decir la cantidad de CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs.106.504,20) adicionales, con el objeto de cubrir los gastos de ropa y juguetes de navidad.
En cuanto a los gastos médicos y de medicinas estos serán compartidos en un cincuenta (50%) por cada progenitor.
Por haber sido declarada PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Fijación de Obligación de Manutención, no hay especial condenatoria en costas.
Se ordena notificar a cualquier Fiscal de Guardia del Ministerio Público con competencia en materia de Niños, Niñas y Adolescentes de lo aquí decidido.
Por haber salido el fallo dentro del lapso natural no requiere la notificación de las partes.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio San Juan de Capistrano de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2017. 207º y 158°.
La Jueza Provisoria
Abg. María G. Correia de Mendoza.
El Secretario
Abg. Willians José Marin A.
En esta misma fecha siendo las 2:30 pm, se publicó la anterior sentencia dejándose copia certificada en el archivo del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
El Secretario
Abg. Willians José Marin A.
Exp. P.N.A.2017-322
MGC/WJM
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