TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete
207º y 158º

ASUNTO: BP02-U-2013-000217

Visto el Recurso Contencioso Tributario remitido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha 17-09-2013, por el ciudadano BLADIMIL BRICEÑO inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 74.283, actuando en su carácter de Asesor Legal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la cual consignó copias certificadas del expediente administrativo, y el recurso interpuesto por la ciudadana DEL VALLE DAMELIS JIMENEZ DE MALDONADO venezolana, casada, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.913.735, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.510, actuando en representación de la contribuyente MSI INVERSIONES, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, bajo el Nº 20, Tomo -23-A, de fecha 05-09-2003, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-31048213-6, con domicilio procesal en la Avenida Santiago Mariño, Edificio Margabella Suites, P.B., Local S/N Sector Guaraguao Porlamar Municipio Mariño Estado Nueva Esparta, y recibido en este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, en fecha 18-09-2013, contra la Resolución Nº P-DGCJ Nº 0025 de fecha 30-05-2013, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto en fecha 19-10-2012, por la apoderada judicial de la contribuyente MSI INVERSIONES, C.A., ratificando en todas y cada una de sus partes, la Decisión de Multa signada con las siglas Nº OANE-D-DGF-2011-000744 de fecha 24-09-2012, la cual ordenó pagar por concepto de Multas la cantidad total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA CON CERO CENTIMOS (BsF. 446.330,00), dictada por el ciudadano Carlos Alberto Rotondaro Cova, actuando en su condición de Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) Adscrito al Ministerio del Poder Popular Para El Trabajo y Seguridad Social.

Por auto de fecha 25-09-2013, se le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario remitido, interpuesto por la ciudadana DEL VALLE DAMELIS JIMENEZ DE MALDONADO, actuando en representación de la contribuyente MSI INVERSIONES, C.A., contra la Resolución Nro Nº P-DGCJ Nº 0025 dictada por el ciudadano Carlos Alberto Rotondaro Cova, actuando en su condición de Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) Adscrito al Ministerio del Poder Popular Para El Trabajo y Seguridad Social. Asimismo se libraron boletas de Notificación Nros. 2135/2013, 2136/2013, 2137/2013 y 2138/2013 dirigidas a la FISCALIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, a la contribuyente MSI INVERSIONES, C.A., y al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), respectivamente, y oficio 2139/2013 dirigido al JUZGADO DISTRIBUIDOR DE LOS MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, TUBORES, VILLALBA Y PENÍNSULA DE MACANAO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA a los fines legales pertinentes. (Folios del 276 al 282).-

En fecha 10-03-2014, mediante auto se agregó oficio proveniente del Juzgado Cuarto de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta contentivo de la boleta de notificación de notificación Nro 2137-2013 dirigida a la contribuyente MSI INVERSIONES, C.A; debidamente cumplida. (Folios 283 al 294).-

Por auto de fecha 16-10-2017, mediante el cual el suscrito Juez de este despacho se aboca al conocimiento y decisión que hubiere lugar en la presente causa. (Folio 295).-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistas las actas procesales que conforman el presente asunto, este Tribunal Superior observa que: es deber de las partes impulsar el proceso desde su inicio hasta su culminación. Siendo este un principio fundamental enmarcado en la Carta Magna, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido normas para sancionar la no actuación de los interesados a saber:

El Código Orgánico Tributario vigente, establece en su Artículo 272 lo siguiente:

“Artículo 272: La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”

Sin embargo conviene destacar, que el Tribunal Supremo de Justicia en innumerables decisiones ha fijado posición, en relación a los casos en los cuales es aplicable la figura de de la Perención de la Instancia y la falta de interés procesal.

En efecto, la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido en reiteradas jurisprudencias que el interés procesal se traduce en la manifestación de la voluntad del administrado en resolver el conflicto en el cual se encuentra incurso, sin embargo es necesario establecer que la pérdida del interés procesal viene dada solo en dos etapas del procedimiento a saber: antes de la admisión del Recurso y después que el Tribunal de la causa diga vistos (etapa de sentencia), mientras que la perención de la instancia ocurre cuando la causa ha sido paralizada luego de la admisión del recurso y antes que entre en etapa de sentencia definitiva. Así dispuso la Sala Constitucional en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó su criterio en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), lo siguiente:

“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.” (Resaltado de la sentencia).

En razón de lo anterior, este Juzgador considera que la interposición del Recurso Contencioso Tributario, le otorga al recurrente el derecho a solicitar al Juez competente solventar la controversia, por lo tanto surge una nueva carga procesal para el administrado, que consiste en manifestar el interés de continuar con la acción, esto quiere decir que al haber transcurrido un tiempo prudencial (más de un año), sin que el recurrente accione o impulse el procedimiento por ante el Tribunal de la causa, debe entenderse que no tiene interés en que se resuelva la controversia. Por lo que este sentenciador debe concluir que aún cuando se le imparte una carga al Tribunal del proceso, esta carga debe ser compartida con el administrado a los fines de resolver la causa.

En este sentido se observa que en fecha 10-03-2014, este órgano jurisdiccional agregó Oficio emanado del Juzgado Cuarto de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en el cual remitieron resultas debidamente practicada de la Boleta de Notificación Nro. 2137/2013 notificando a la contribuyente MSI INVERSIONES, C.A., de la entrada del recurso a este tribunal, quedando a derecho en el presente Recurso a partir del día 10-03-2014 computándose los lapsos legales correspondientes. Visto lo anterior, se desprende de un estudio minucioso de las actas que comprenden el presente asunto que desde el día 10-03-2014 hasta el día de hoy 25-10-2017, han transcurrido tres (03) años, siete (07) meses y quince (15) días, no evidenciándose interés procesal por parte de los representantes de la contribuyente " MSI INVERSIONES, C.A.," en darle continuidad al procedimiento visto que hasta la fecha no se han impulsado las Boletas de Notificación ni se ha manifestado la voluntad por parte del administrado en la prosecución de la controversia.-

Así las cosas, este Juzgado considera que el interés procesal surge de la necesidad que tienen los administrados en que se les reconozca un derecho y se les evite un daño innecesario, por lo que si bien es cierto que el interés procesal se manifiesta con tan solo la voluntad e interposición del Recurso sea en sede administrativa o por vía judicial, no es menos cierto que dicho interés debe ser manifiesto, expreso y continuo a lo largo de la controversia y hasta su culminación, ya que la pérdida del interés o la falta de impulso en el mismo conllevaría a sanciones coercitivas tales como el decaimiento y la extinción de la acción. Y así queda establecido.-

Ahora bien, habiendo establecido lo anterior y visto que en el caso de marras, se observa que hasta la presente fecha no ha habido actuación alguna por parte de la contribuyente que ponga en manifiesto algún interés en darle continuidad al presente procedimiento, por cuanto el asunto se encuentra en etapa de notificación de las Boletas dirigidas a la FISCALIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), signadas con los Nros. 2135/2013, 2136/2013 y 2138/2013, respectivamente, para luego proceder a la admisión del presente Recurso Contencioso Tributario. Siendo entonces, que la Recurrente no le ha dado el impulso procesal necesario a las referidas Boletas de Notificación, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Nor Oriental administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara EXTINGUIDA LA ACCION por Pérdida Sobrevenida del Interés Procesal del Recurso Contencioso Tributario remitido, interpuesto por la ciudadana DEL VALLE DAMELIS JIMENEZ DE MALDONADO, actuando en representación de la contribuyente MSI INVERSIONES, C.A., contra la Resolución Nro Nº P-DGCJ Nº 0025 dictada por el ciudadano Carlos Alberto Rotondaro Cova, actuando en su condición de Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) Adscrito al Ministerio del Poder Popular Para El Trabajo y Seguridad Social. Así se decide.-

Se ordena notificar a las partes de la presente decisión y se ordena librar Boleta de Se ordena notificar de la presente decisión a la contribuyente MSI INVERSIONES, C.A., y al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) Adscrito al Ministerio del Poder Popular Para El Trabajo y Seguridad Social; Igualmente se ordena librar Boleta de Notificación con sus respectivas copias certificadas de la presente Decisión Interlocutoria con carácter de Definitiva, a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para lo cual se comisiona al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas a los fines de que realice la debida practica de la boleta de notificación dirigida a Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela y al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) Adscrito al Ministerio del Poder Popular Para El Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, se ordena comisionar la boleta dirigida a la contribuyente a través del Juzgado Distribuidor De Municipio Y Ejecutor De Medidas De Los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba Y Península De Macanao De La Circunscripción Judicial Del Estado Nueva Esparta, a los fines de que el Alguacil del Juzgado a que corresponda la presente comisión se sirva de realizar su debida practica, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese oficio con las inserciones pertinentes. Conste.-

Se insta a la parte interesada se sirva consignar los fotostatos relacionados con la mencionada Sentencia, a fin de ser certificadas y anexadas a la boleta de notificación dirigida a la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Conste.-

Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación del presente fallo, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.-

Dado firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de le Región Oriental. Barcelona, a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del año 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-

EL JUEZ,

FRANK A. FERMÍN V.
LA SECRETARIA ACC,

GISELA YGUALGUANA

Nota: En esta misma fecha (24-10-2017), siendo la 11:57 a.m. se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste.

LA SECRETARIA ACC,

GISELA YGUALGUANA

FFV/GY/fo