REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho
207º y 159º
ASUNTO: BP02-U-2016-000009
Visto el contenido del Recurso Contencioso Tributario presentado por ante por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha 27 de enero de 2016, interpuesto por el ciudadano SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.762.078, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.050, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente TÉCNICA PETROLERA GÓMEZ C.A., cuya ultima actualización fue inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 34, Tomo A-13, de fecha 30 de junio de 2003, domiciliada en la Calle Industria con Calle Piar, Edificio T.P.G., Sector el Chaparral, Anaco, Estado Anzoátegui, inscrita en el Registro de Información Fiscal, bajo el Nº J-08011303-9, contra la Resolución Sumario Administrativo Nº SNAT/INTI/GRTI/RNO/SA/ASA/2015/021, de fecha 08 de septiembre de 2015, resultando en total a pagar de Bolívares Fuertes DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CIENTO VEINTINCO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. F 289.125,93) por concepto de Impuesto, Multa e Intereses emanado de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del SENIAT.
En fecha 10/02/2016, se le dio entrada al Recurso Contencioso Tributario y se ordenó librar las respectivas notificaciones de Ley, a la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público del Estado Anzoátegui, Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, y a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región NOR-ORIENTAL del SENIAT, Nros. 263/2016, 264/2016, 265/2016. (Folios 138 al 141).
En fecha 01/03/2016, el ciudadano Alguacil de este Despacho, consignó la Boleta de Notificación N° 265/2016, de fecha 10/02/2016, dirigida a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región NOR-ORIENTAL del SENIAT, debidamente cumplida. (Folios 142 al 143).
En fecha 02/03/2016, se dictó auto en el cual se agregó y acordó diligencia presentada en fecha 22/02/2016, por el Abogado Pedro Bellorin, actuando en su carácter de Apoderado judicial de la contribuyente TÉCNICA PETROLETA GÓMEZ C.A., en la cual consignó los emolumentos necesarios para que sean certificadas y anexadas a la boleta de notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente solicitó librar Oficio de Comisión para que sea debidamente practicada la notificación antes mencionada. Asimismo este Tribunal Superior acordó de conformidad con la misma y ordenó librar Oficio de Comisión con sus inserciones pertinentes al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Área Metropolitana de Caracas a los fines de que se practicara la notificación Nº 264/2016. (Folios 144 al 151).
En fecha 20/06/2016, el ciudadano Alguacil de este Despacho, consignó la Boleta de Notificación N° 263/2016, de fecha 10/02/2016, dirigida a la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público del Estado Anzoátegui, debidamente cumplida. (Folios 152 al 153).
En fecha 02/08/2016 se dictó auto en el cual se agregó Oficio Nº 2016-299, de fecha 01/07/2018, proveniente del TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, en la cual se remitió Resultas, Debidamente Cumplida, contentiva de la Boleta de Notificación Nº 264/2016 dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo este en vista de la consignación de la resulta de la boleta de notificación 264/2016 dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, siendo esta la ultima de las boletas ordenadas en la entrada, dejó expresa constancia que a partir de la fecha 02/08/2016 comenzó a transcurrir el lapso legal correspondiente para la admisión o inadmisión de la presente causa. (Folios 154 al 166).
En fecha 10/10/2016, se dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº PJ602016000452, en la cual se ADMITIO el presente Recurso Contencioso Tributario, Asimismo se ordenó librar Boleta de Notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. (Folios 167 al 173).
En fecha 25/04/2017, se dictó auto en el cual se agregaron y acordaron diligencias presentadas en fecha 24/04/2017, por el Abogado Pedro Nuñez, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrente, en el cual dejó constancia de la consignación de los emolumentos necesarios para los fotostatos y la practica de la boleta de notificación Nº 1718/2016 dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela y solicitó la designación de correo especial al ciudadano Alguacil Hernán Chacín, a los fines de la practica de la boleta de Notificación antes mencionada. (Folios 174 al 178).
En fecha 24/05/2017, el ciudadano Alguacil de este Despacho, consignó la Boleta de Notificación N° 1718/2016, de fecha 10/10/2016, dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente cumplida. (Folios 179 al 180).
En fecha 26/06/2017 se dictó auto en el cual se agregaron Escritos de Promoción de Pruebas presentados por la Abogada PETRA TIBISAY GUAIQUIRIAN, actuando en su carácter de Representante de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo este Tribunal Superior dejó constancia que los representantes legales de la contribuyente TÉCNICA PETROLERA GÓMEZ, C.A. (Folios 181 al 192).
En fecha 04/07/2017, se dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº PJ602017000182, en la cual se ADMITEN las pruebas documentales en el presente Recurso Contencioso Tributario, presentadas por la Abogada PETRA TIBISAY GUAQUIRIAN. Asimismo se ordenó librar Boleta de Notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. (Folios 193 al 195).
En fecha 21/03/2018, se dictó auto en el cual se agregó diligencia presentada en fecha 20/03/2018, por la Abogada PETRA TIBISAY GUAQUIRIAN, actuando en su carácter de Representante de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual solicitó requerir resultas de la boleta de notificación Nº 1320/2017 dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, este Tribunal Superior dejo expresa constancia de que dicha boleta se encontraba en poder del ciudadano Alguacil de este Despacho por falta de fotostatos por lo que se instó a la parte interesada a consignar los emolumentos o recursos necesarios para la expedición de de las copias a fin de ser anexadas a la boleta de notificación antes mencionada. (Folios 196 al 198).
En fecha 18/07/2018, se dictó auto en el cual se agregó diligencia presentada en fecha 16/07/2018, por la Abogada PETRA TIBISAY GUAQUIRIAN, actuando en su carácter de Representante de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual solicitó la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente recurso. (Folios 199 al 200).
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
El presente procedimiento se inició el 27 de Enero de 2016, con la interposición del presente Recurso Contencioso Tributario, dándole entrada a este Tribunal Superior en fecha 10 de Febrero de 2016. Cabe destacar, que en fecha 10/10/2016, mediante Sentencia Interlocutoria N° PJ602017000182, se admitió el presente Recurso Contencioso Tributario.
Ahora bien, es el caso que desde el día 04/07/2018 fecha en la cual se admitieron las Pruebas presentadas por la Representación Fiscal librándose boleta N° 1320/2017 de notificación a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. y siendo que hasta el día de hoy 18/12/2018 la representación de la contribuyente recurrente no diligenció, ni impulsó el presente asunto para la practica de la boleta de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, este órgano jurisdiccional considera que no se ha demostrado la actuación ni el interés procesal en el presente asunto por parte del apoderado judicial de la recurrente, por cuanto el mismo aún se encuentra pendiente, la práctica de la boleta de notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, pasa este Tribunal Superior, a realizar un pronunciamiento con respecto a lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Tributario, previa exposición de las consideraciones siguientes:
El Código Orgánico Tributario vigente, establece en su Artículo 272 lo siguiente:
“Artículo 272: La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”
En el procedimiento contencioso tributario existía bajo la redacción del Código Orgánico Tributario de 1994, y existe bajo la redacción del actual Código, una obligación legal del Juez de ordenar las notificaciones correspondientes cuando el Recurso es interpuesto ante la Administración Tributaria o ante un Tribunal incompetente por la materia, pero competente por el domicilio fiscal del recurrente, y es remitido al tribunal competente, o bien cuando es interpuesto directamente ante éste último. Se puede deducir entonces que procesalmente es cierto que existe la obligación del Juez de impulsar el proceso, pero las partes también tienen esa obligación, y se debe indicar que los jueces son legal y constitucionalmente responsables de sus actuaciones y las partes tienen igualmente obligaciones procesales que cumplir, fundamentalmente la de impulsar el proceso y que de no hacerlo se les sanciona con la perención de la instancia, por cuanto el legislador no señaló tales diferencias.
En razón de lo anterior este Juzgador considera que la interposición del Recurso Contencioso Tributario, también le otorga al recurrente su derecho a solicitar al Juez competente solventar el asunto debatido para que no se le apliquen otras figuras procesales como es el caso de la perención, por tanto surge una nueva carga procesal para el recurrente que es obligatoria, que consiste en manifestar su interés de continuar la acción, quiere decir que al haber transcurrido más de un año sin que el recurrente solicite alguna acción a los Tribunales Contencioso Tributarios debe entenderse que no tiene interés en que continúe la controversia. Por lo que este sentenciador debe concluir que aún cuando se imparten cargas al Tribunal dentro del proceso, también surge una carga adicional al recurrente, que no es más que la demostración del interés de proseguir con la causa, debiendo realizar un seguimiento del mismo para impulsarlo en la primera oportunidad procesal.
Sobre esta figura de la Perención de la Instancia, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 00001 del 13-01-2010, expresó:
Corresponde a esta Sala pronunciarse en relación a la perención de la instancia advertida por el Juzgado de Sustanciación, al constatar la paralización de la causa desde el 30 de septiembre de 2008, fecha en la cual la representante judicial del Fisco Nacional consignó copia certificada del expediente administrativo.
A los efectos anteriores, se estima necesario realizar previamente las consideraciones siguientes:
La perención de la instancia es una forma de terminación anormal del proceso que se verifica, entre otros casos, por la no realización -en un período mayor de un año- de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, tal como lo prevé el aparte 15 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Esta manera de extinguir el proceso también se verifica cuando se presenta alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las denominadas “perenciones breves” para supuestos específicos, en los cuales la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos inferiores al de un (1) año.
La figura procesal en referencia constituye un medio diseñado por la ley, con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de causas, en las cuales no existe interés por parte de los sujetos procesales en su continuación.
En este orden de ideas, el mencionado aparte 15 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:
“…La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia, deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia…”.
El precepto parcialmente transcrito ha sido objeto de interpretación por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, la cual ha establecido en diversas oportunidades (Vid. entre otras, la sentencia N° 918 del 5 de mayo de 2008, caso: Roraima Inn Bingo & Hotel, C.A.) que en materia de perención de la instancia debe atenderse, cuando resulte aplicable la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, al supuesto normativo previsto en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto dispone lo siguiente:
“Artículo 267. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención. (…)”.
Del análisis concatenado de las normas antes citadas se desprende que para que opere la perención en casos como el de autos, basta que la causa haya permanecido paralizada por más de un (1) año, y dicho término debe contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
Se trata así del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntad de las partes, es decir, no considera los motivos que éstas hayan podido tener para mantener paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo durante un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 05957 y 0669 del 19 de octubre de 2005 y 13 de marzo de 2006, casos: Colegio Santa Caterina Da Siena, S.R.L. y C.A. Conduven, respectivamente).
En orden a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que acto de procedimiento es aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, sea que lo efectúen las partes o el Tribunal mismo; y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que dicho acto revele su propósito de impulsar o activar la causa. De modo que a esta categoría de actos corresponden aquellos en los cuales la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, exista para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2673 dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., entre otras, ratificada por el fallo Nro. 00416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros).
Igualmente, cabe destacar el criterio reiterado de esta Sala Político-Administrativa según el cual la perención se produce aún en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho “Vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia; estado que debe entenderse como el referido a la decisión de fondo. (Vid. Sentencias Nros. 0650, 1.473 y 0645, de fechas 6 de mayo de 2003, 7 de junio de 2006 y 3 de mayo de 2007, casos: C.N.A. de Seguros la Previsora, Gladys Expedita Zamora Blanco y Mar Caribe de Navegación, C.A. y otros, respectivamente).
Como quiera que en el presente expediente se han dado todos los supuestos de procedencia para la perención en los términos expuestos, al haber transcurrido más de un año desde la última actuación realizada y sin que exista actuaciones por alguna de las partes que evidencien un impulso o interés procesal en el mismo, desde el día 29/07/2011 hasta el día de hoy 18/12/2018 ha transcurrido un (01) año, cinco (05) meses y catorce (14) días, este Tribunal considera procedente aplicar el contenido del Artículo 272 del Código Orgánico Tributario de 2014. Así se declara.-
Por lo tanto, de esta disposición legal se desprende que el Tribunal puede declarar la perención, en aquellos casos en que se observe la ocurrencia de los supuestos legales que den lugar a este modo de extinción del proceso.
Ahora bien, la perención de la instancia como instrumento de sanción de la inactividad procesal de las partes, y realizado un análisis de las actas procesales que conforman el presente asunto, y del criterio Jurisprudencial establecido por nuestro Máximo Tribunal, Sala político Administrativa, mediante decisión Nº 00001 del 13-01-2010, se evidencia que en el presente caso la contribuyente no realizó ningún otra actuación procesal durante el período anteriormente señalado, para lograr la práctica de la notificación dirigida a la Procuraduría General de la Republica. Contentiva de la admisión del presente recurso, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 339 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con lo previsto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por estar el presente caso dentro de los presupuestos de ley. Así se decide.-
Se ordena notificar a las partes de la presente decisión y se ordena librar Boleta de Notificación con sus respectivas copias certificadas de la presente Decisión Interlocutoria con carácter de Definitiva, a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Igualmente se ordena comisionar a través del Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Área Metropolitana de Caracas, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) Caracas, a los fines de que el Alguacil del Juzgado a que corresponda la presente comisión se sirva practicar la Boleta de Notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese oficio con las inserciones pertinentes.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior, igualmente se ordena el archivo del presente asunto, cumplido como sean los lapsos de ley.
Dado firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de le Región Oriental. Barcelona, a dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2018. Años 207° de la Independencia y 159° de la Federación.
EL JUEZ,
FRANK A. FERMIN V..
LA SECRETARIA.
GISELA YGUALGUANA.
Nota: En esta misma fecha (18/12/2018), siendo las 11:31 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste.
LA SECRETARIA,
GISELA YGUALGUANA.
FAFV/GY/ag
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