TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO
SAN JUAN DE CAPISTRANO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.

PARTE SOLICITANTE: WENDOLIN YADIRA DIAZ SANTAMARIA, de 16 años de edad, venezolana, de estado civil soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-30.041.143, de profesión u oficio estudiante, domiciliada en el sector Bolivariano de Unare, casa sin número, de este Municipio, actuando como representante legal de su hijo***********.
PARTE REQUERIDA: MERWIN JOSUE ZAMORA SOLANO, en su carácter de parte requerida, de 20 años de edad, titular de cédula de identidad N° V-28.262.058, domiciliado en el sector Casitas Nuevas, calle Principal, casa sin número, de este Municipio
I
DE LOS HECHOS

En fecha nueve (09) de Noviembre de dos mil diecisiete (2017), la ciudadana WENDOLIN YADIRA DIAZ SANTAMARIA, actuando como representante legal de su hijo, ***********, interpuso solicitud de pensión de manutención en contra del ciudadano: MERWIN JOSUE ZAMORA SOLANO. Argumentó la solicitante que tiene un hijo de cinco meses de edad que no convive con el padre de su hijo desde hace tres (03) meses, y que no está cumpliendo con la Obligación de Manutención que tiene con el mismo. Manifestó aspirar como obligación de manutención para sus hijos la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00) MENSUALES, para comprarle los alimentos necesarios, y el que me ayude con los gastos de medicinas y gastos médicos en caso de enfermedad, y en el mes de diciembre que me ayude con los gastos de ropa y regalos navideños de su hijo.
En fecha 15 de noviembre de 2017, este Tribunal mediante auto, dio entrada en el Libro de Causas y admitió la solicitud, de conformidad con el artículo 511 de la Ley para la Protección del Niño y del Adolescente. Conforme al artículo 514 ejusdem, se ordenó citar al requerido, ciudadano: MERWIN JOSUE ZAMORA SOLANO para que compareciera a los fines de instar a la conciliación entre las partes o que diese contestación a la solicitud. Se libró boleta de citación y compulsa; Se libró Telegrama N°3760-17-34 para cualquier Fiscal de Guardia del Ministerio Público en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En fecha 08 de enero de 2018, la Alguacil Suplente, adscrita a este Juzgado consignó, mediante diligencia, boleta de citación debidamente practicada al requerido.
En fecha 10 de enero de 2018, comparecieron tanto la solicitante WENDOLIN YADIRA DIAZ SANTAMARIA, identificada en autos, actuando como representante legal de su hijo*************, como el requerido MERWIN JOSUE ZAMORA SOLANO, en su carácter de parte requerida, de 20 años de edad, titular de cédula de identidad N° V-28.262.058, domiciliado en el sector Casitas Nuevas, calle Principal, casa sin número, de este Municipio, a los fines que tuviese lugar el acto conciliatorio y estando la Jueza reunida con ambos, de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 516 de la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescentes, intentó la conciliación entre ellos, desarrollando los principios rectores que en la materia dispone el artículo 450 ejusdem. Se concluyó la conciliación la cual se rigió en los términos siguientes: el requerido manifestó que por cuanto el monto en bolívares requerido por la solicitante no va a ser suficiente para cubrir los gastos del niño, ofreció para su hijo, entregarle a la madre de manera mensual dos potes grandes de crema de arroz, un paquete de pañales desechables y un kilo de leche en polvo, los gastos de ropa serán en forma compartida, los gastos médicos y medicinas serán igualmente compartidos. La solicitante WENDOLIN YADIRA DIAZ SANTAMARIA aceptó la propuesta que hace el padre de su hijo de entregarle los alimentos y los pañales; y se comprometió a compartir con él los gastos de ropa así como los gastos médicos y de medicinas en caso de enfermedad de su hijo.
II
DEL DERECHO

Esta Juzgadora estando en la oportunidad de pronunciarse sobre el acto de composición procesal relativo a la conciliación celebrada en juicio, lo hace en los siguientes términos: En autos aparece acreditado el vínculo consanguíneo entre los conciliados y el referido beneficiario************, habido de la unión entre las partes, no sólo por haber sido reconocido expresamente por ellos, sino por aparecer probado, sin duda alguna, de la copia certificada de la partida de nacimiento del mismo, la cual es apreciada como plena prueba de la filiación alegada. (Folios 02 y 03).
Ahora bien, la obligación de manutención es consecuencia de la misma filiación, sea matrimonial o extramatrimonial, tal como lo dispone el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes, al establecer que:
“La obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando... o no se tenga la Responsabilidad de crianza del hijo o hija, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez o jueza el monto que debe pagarse por tal concepto...”
Obligación ésta que se impone a cargo de los progenitores, aún cuando no esté legalmente establecida tal filiación, como se desprende del artículo 367 ejusdem, al disponer, que el establecimiento de la filiación resulte indirectamente de los supuestos allí previstos.
Y es que no puede ser de otra manera, pues la obligación de manutención resulta necesaria para garantizar los derechos de niños y adolescentes, puesto que es la única fuente para cubrirles su manutención y desarrollo integral, precisamente por ello, el constituyente de 1999, acogiendo la doctrina de la protección integral contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, le dio rango constitucional a la misma, con lo que constituye un derecho humano de la beneficiaria, al establecer expresamente en el artículo 76, parte in fine del aparte único de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que:
“...La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”
Con ello, el Constituyente venezolano da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la cual se obligó a adoptar medidas legislativas dirigidas a lograr la protección integral de la infancia y la adolescencia, teniendo claro que los progenitores son los responsables prioritarios y primordiales en ello, puesto que la mencionada Convención, dispone expresamente en su artículo 27 que:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres...les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
4. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres...”.
Así las cosas, la obligación de manutención, respecto de los padres cuya filiación está legalmente establecida, no requiere declaratoria de existencia previa, toda vez que es efecto directo de la filiación, debiendo garantizarse legal y judicialmente su efectividad a cargo de tales progenitores, o lo que es lo mismo garantizarse su cumplimiento; consecuentemente, el Juez, sólo procede a determinar el monto que corresponde cancelar por tal concepto, por lo que, habiendo quedado probado el vínculo filial entre el referido beneficiario ***************y los conciliados, queda así mismo probada la obligación de manutención toda vez que ésta es consecuencia directa de la filiación, respecto de cuyo quantum y cumplimiento aquellos fijaron las pautas que regirán la misma.
Sentado ello, es de advertir que la obligación de manutención es de carácter personal, como se desprende, sin duda alguna, del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en concordancia con el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños y del Adolescente, con mayor contundencia y claridad, con rango constitucional, del artículo 76, aparte único, al disponer que:
“...El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos...”.
Ahora bien, examinado el acuerdo entre los citados ciudadanos, tomando en consideración que, en el caso concreto, la Responsabilidad de crianza recae en cabeza de la madre, pero ciertamente bajo la vigilancia de ambos progenitores, así como bajo la orientación moral y educativa que aquellos le prestan, recayendo la obligación de asistencia material en los mismos, coadyuvando el mantenimiento de relaciones armónicas entre los co-obligados, a su desarrollo sano e integral, observando ésta Juzgadora, que lo planteado entre aquellos puede solventarse recurriendo a una comunicación armónica, que permita lograr soluciones equilibradas, en consenso, para resolver el desacuerdo que pueda ocurrir entre ellos y, considerando, igualmente, que la intención del legislador al establecer los acuerdos conciliatorios fue la de evitar procesos más traumáticos entre los responsables del beneficiario de dicha obligación, que pudieran influir negativamente en su desarrollo integral.
III
DE LA DISPOSITIVA

Analizados los argumentos de las partes y discutidos en presencia de la Jueza las necesidades del beneficiario**********, con relación a los medios de subsistencia de los padres y atendiendo a los intereses del mismo, dado que el acuerdo planteado no violenta el orden público, ni vulnera los derechos de aquel, tratándose de un asunto sobre el cual es posible la conciliación y, en virtud, de que tal acuerdo redunda en la economía y celeridad procesal, ésta Juzgadora le imparte su debida HOMOLOGACIÓN de conformidad con lo establecido en el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, teniendo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y siendo que con este carácter adquiere fuerza ejecutiva. ASI SE DECLARA.
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, éste Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio San Juan de Capistrano de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, HOMOLOGA EL ACUERDO planteado entre los ciudadanos WENDOLIN YADIRA DIAZ SANTAMARIA y MERWIN JOSUE ZAMORA SOLANO, identificados anteriormente, en beneficio de su hijo************, conforme al artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. ASÍ SE DECIDE.
Se ordena notificar a cualquier Fiscal del Ministerio Público con competencia en Materia de Niños, Niñas y Adolescente, de la presente Sentencia.
Dada la naturaleza del fallo interlocutorio, no hay especial condenatoria en costas.
Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE CAPISTRANO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018). 207º y 158º.
Publíquese y regístrese.
La Jueza Provisoria

Abg. María G. Correia de Mendoza.
El Secretario Suplente

Abg. Daniel J. Martínez Párica

Se deja constancia que siendo las 3:00 de la tarde del día de hoy, se publicó y registró la anterior decisión interlocutoria dejándose copia certificada en el archivo del Tribunal, conforme a lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
El Secretario Suplente

Abg. Daniel J. Martínez Párica
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Exp. PNA.2017-324
MGC/DM