REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, quince de marzo de dos mil dieciocho 207º y 159º ASUNTO: BH01-X-2018-000008 Visto el escrito de fecha 2 de Marzo de 2018, suscrito por el Abogado en ejercicio ALFREDO CABRERA MARCANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 63.442, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, del ciudadano RUBÉN SIMON GUAIQUIRIAN CASANOVA, mediante el cual solicita se decrete Medida De Secuestro sobre del Local Comercial, objeto de la presente demanda de desalojo; de conformidad con el artículo 599 del código de procesamiento civil. Este Tribunal a los fines de decidir sobre lo solicitado observa: En efecto solicita el accionante en el precitado Escrito que: “… Ciudadano Juez, para darle continuidad a la presente demanda de DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL, en contra del ciudadano AHMAD AHMAD…de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del código de procesamiento civil, en concordancia con el articulo 588, ordinal 2do, del código de procesamiento civil, 599 ordinal 2do, del código de procesamiento civil y las disposiciones transitorias del decreto Con Rango y Valor y Fuerza de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, solicito a este digno Tribunal, aperture el correspondiente Cuaderno de Medidas a los fines de Solicitar el SECUESTRO DEL REFERIDO INMUEBLE, ya que se encuentra a las actas procesales el Acta Administrativa, dictada por el SUNDEN, requisito necesario a los fines de decretar el SECUESTRO DEL REFERIDO LOCAL..” De igual forma, de la revisión de las actas que componen el presente Expediente, observa este Sentenciador que en fecha 2 de Marzo de 2018, el Apoderado Judicial de la parte demandante, diligenció solicitando se decrete Medida De Secuestro, alegando que se encuentra en las actas procesales el Acta Administrativa, dictada por el SUNDEN, requisito necesario a los fines de decretar el SECUESTRO DEL REFERIDO LOCAL...” Planteados así los hechos, pasa este Tribunal a decidir sobre la Medida preventiva solicitada por la parte demandante, conforme a las siguientes consideraciones: II MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISIÓN Dispone el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Político Administrativa “Que el otorgamiento de providencias cautelares solo es posible en los supuestos generales previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora”. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante su curso, debiendo por tanto fundamentarse adecuadamente la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro. De allí que, considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan su procedencia, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte que no explanó y acreditó sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión “. (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia de fecha 22 de mayo de 2003. Exp. No. 2002-0924). Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es al ser planteada la medida cuando el peticionario debe acompañar los medios de prueba que lleven a la convicción del Juzgador, la concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la misma. Al respecto, observa este sentenciador que el legislador supedita el decreto de medidas preventivas única y exclusivamente cuando en el caso se cumplan, de manera concurrente o acumulativa, dos requisitos, a saber: 1) Existencia de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. 2) Existencia de presunción grave del derecho que se reclama, a más de los requisitos mencionados, exige también la norma del 585 que el peticionario de la medida acompañe o produzca con la solicitud de medida preventiva, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia de los prenombrados requisitos de procedibilidad, es decir, que la parte que solicita una medida preventiva, tiene la ineludible carga procesal de aportar los medios presuntivos que permitan al Juez presumir la existencia del periculum in mora y el fumus boni iuris. Constata este Sentenciador que, en el caso de especie, el Solicitante de la medida, al plantear su solicitud lo hace de la siguiente manera: “para darle continuidad a la presente demanda…de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del código de procesamiento civil, en concordancia con el articulo 588, ordinal 2do, del código de procesamiento civil, 599 ordinal 2do, del código de procesamiento civil y las disposiciones transitorias del decreto Con Rango y Valor y Fuerza de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, solicito...el SECUESTRO DEL REFERIDO INMUEBLE, ya que se encuentra a las actas procesales el Acta Administrativa, dictada por el SUNDEN, requisito necesario a los fines de decretar el SECUESTRO DEL REFERIDO LOCAL..” De manera que, el solicitante de la medida preventiva de Secuestro no aportó a los autos los medios que permitan al Juez presumir la existencia del periculum in mora y el fumus boni iuris, requisitos exigidos por la ley para dictar la medida preventiva solicitada, razón por la cual el decreto de las mismas no puede prosperar. Así se declara. III DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la Medida Preventiva de Secuestro solicitada por la parte demandante, en el presente juicio por DESALOJO, presentado por el ciudadano RUBEN SIMON GUAIQUIRIAN CASANOVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 3.483.762, en contra del Ciudadano AHMAD AHMAD venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 26.951.165.- Así se decide. No hay condenatoria en costas, dado el carácter de este fallo. Publíquese. Regístrese. Déjese copia de esta decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los Quince días del mes de marzo del 2018. Años: 207° de la Independencia y 159° de la Federación. El Juez Provisorio Abog. Alfredo Peña Ramos.- La Secretaria, Abog. Judith Moreno Sabino.- En esta misma fecha, siendo las Doce y Cinco minutos de la Tarde (12:05 p.m.), se dictó y publicó la anterior Sentencia. Conste. La Secretaria, AP/yh.-