REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, nueve de mayo de dos mil dieciocho 208º y 159º ASUNTO: BH01-X-2018-000016 Por auto de fecha 13 de Octubre de 2017, este Tribunal admitió la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, incoado por la ciudadana RUBI MASSEL SEVILLA DE FUNG, contra la Sociedad Mercantil DESARROLLOS TAO INSULAR, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil V, de la circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el Nº 72, Tomo 1.487-A, de fecha 8 de enero de 2007, en la persona de sus representantes legales ciudadanas NORELYS TOVAR OVIEDO y ASUSENA APONTE CENTENO; en cuyo Libelo la parte actora solicita se decrete a su favor Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar.- En efecto solicita la demandante en el precitado Escrito: Sobre la base de lo establecido en el 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pido la medida de prohibición de enajenar y gravar, sobre el inmueble objeto del contrato del cual hoy se pide su cumplimiento, es decir apartamento distinguido con el Nº N-2-3 del Edificio del conjunto residencial “THAI”, ubicado en el Municipio Diego Bautista Urbaneja, Lechería. De igual forma, de la revisión de las actas que componen el presente Expediente, observa este Sentenciador que en fecha 12 de Abril de 2018, la Abogada ANTONIA MATA, plenamente identificada en autos, diligenció y ratificó las solicitudes de Medidas Preventivas sobre lo antes identificado. Planteados así los hechos, pasa este Tribunal a decidir sobre las Medidas Preventivas solicitadas por la parte demandante, conforme a las siguientes consideraciones: II MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISIÓN Dispone el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Político Administrativa “Que el otorgamiento de providencias cautelares solo es posible en los supuestos generales previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora”. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante su curso, debiendo por tanto fundamentarse adecuadamente la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro. De allí que, considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan su procedencia, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte que no explanó y acreditó sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión “. (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia de fecha 22 de mayo de 2003. Exp. No. 2002-0924). Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es al ser planteada la medida cuando el peticionario debe acompañar los medios de prueba que lleven a la convicción del Juzgador, la concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la misma. Al respecto, observa este sentenciador que el legislador supedita el decreto de medidas preventivas única y exclusivamente cuando en el caso se cumplan, de manera concurrente o acumulativa, dos requisitos, a saber: 1) Existencia de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. 2) Existencia de presunción grave del derecho que se reclama, a más de los requisitos mencionados, exige también la norma del 585 que el peticionario de la medida acompañe o produzca con la solicitud de medida preventiva, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia de los prenombrados requisitos de procedibilidad, es decir, que la parte que solicita una medida preventiva, tiene la ineludible carga procesal de aportar los medios presuntivos que permitan al Juez presumir la existencia del periculum in mora y el fumus boni iuris. Constata este Sentenciador que, en el caso de especie, el Solicitante de la medida, al plantear su solicitud lo hace de la siguiente manera: Sobre la base de lo establecido en el 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pido la medida de prohibición de enajenar y gravar, sobre el inmueble objeto del contrato del cual hoy se pide su cumplimiento, es decir apartamento distinguido con el Nº N-2-3 del Edificio del conjunto residencial “THAI”, ubicado en el Municipio Diego Bautista Urbaneja, Lechería. De manera que, el solicitante de las Medidas Preventivas no aportó a los autos los medios probatorios para que el Juez presumiera la existencia de los requisitos exigidos por la ley para dictar las medidas preventivas, razón por la cual el decreto de la misma no puede prosperar.- Así se declara.- III DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, solicitada por la parte demandante en el Escrito libelar, en el juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO que ha incoado la ciudadana RUBI MASSIEL SEVILLA DE FUNG, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.687.220, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 68.171, actuando en su propio nombre y representación en contra de la Sociedad Mercantil DESARROLLOS TAO INSULAR, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil V, de la circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el Nº 72, Tomo 1.487-A, de fecha 8 de enero de 2007, en la persona de sus representantes legales ciudadanos NORELYS TOVAR OVIEDO y ASUSENA APONTE CENTENO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédulas de Identidad Nº 11.233.519 y 8.227.940, en sus caracteres de Directores principales, respectivamente. Así se decide. No hay condenatoria en costas, dado el carácter de este fallo. Publíquese. Regístrese. Déjese copia de esta decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los Nueve días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho. Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación. El Juez Provisorio, Abg. Alfredo Peña Ramos La Secretaria Titular, Abg. Judith Moreno Sabino En esta misma fecha, siendo las Nueve y Cuarenta y Cuatro (09:44 a.m) de la mañana, se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste. La Secretaria, Abg. Judith Moreno Sabino /LJAL