TSJ Regiones - Decisión

SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DE DEFINITIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción del estado Anzoátegui.
Barcelona, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve
209° y 160º

ASUNTO: BN02- S-2019-000053

PARTE SOLICITANTE MARIANELA GONZALEZ DE MACHADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.704.109.

APODERADOS JUDICIALES
DE LA SOLICITANTE IRIS MARGARITA OLIVERO CARRASQUEL y MOUNIR WAKIL KAWAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad números V-4.009.907 y V-8.212.930, respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 14.857 y 14.167,respectivamente.

MOTIVO SOLICITUD DE DIVORCIO, FUNDAMENTADA EN EL ARTICULO 185 DEL CODIGO CIVIL, EN ARMONIA CON FALLO VINCULANTE Nº 1070, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, en relación con el ciudadano JESUS ALBERTO MACHADO MADRID, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 4.014.778.

MATERIA CIVIL- FAMILIA.

Con fundamento en la Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.152, de fecha 02 de abril de 2009, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil- Barcelona, procedió a la distribución del presente Asunto, correspondiendo su conocimiento a este Tribunal.
A fin de pronunciarse este Juzgado sobre la solicitud precedentemente mencionada, lo hace en los siguientes términos:
I
Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2019, los abogados IRIS MARGARITA OLIVERO CARRASQUEL y MOUNIR WAKIL KAWAN, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 14.857 y 14.167, respectivamente, quienes actúan en nombre y representación de la ciudadana MARIANELA GONZÁLEZ DE MACHADO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.704.109, conforme consta de instrumento poder acompañado a la solicitud, autenticado en fecha 04 de julio de 2919, por ante la Notaria Publica Segunda, del estado Maturín, del estado Monagas, anotado bajo el Nro. 53, Tomo 15 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria, que en fecha 14 de diciembre del 1981, su mandante contrajo matrimonio civil con el ciudadano JESÚS ALBERTO MACHADO MADRID, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.014.778, por ante la Primera Autoridad Civil, del Municipio Cabimas, del estado Zulia, conforme consta de copia certificada de Acta de Matrimonio asentada bajo el Nro. 1006, correspondiente al año 1981, la cual se acompaña en copia certificada a la solicitud bajo examen, y a la que este Tribunal le otorga valor probatorio conforme a lo establecido en el Artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
Que contraído el vínculo del matrimonio, fijaron su último domicilio conyugal, en la casa N° 2-430, de la Urbanización Balneario El Morro de Barcelona, Lechería, jurisdicción del Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja, del estado Anzoátegui.-
Que de su unión matrimonial procrearon tres (03) hijos, quienes llevan por nombres JESUS ALBERTO, CARLOS EDUARDO y PATRICIA CAROLINA MACHADO GONZALEZ, venezolanos, todos mayores de edad. Que durante la relación matrimonial, no adquirieron bienes susceptibles de liquidación.
Alegan los representantes de la ciudadana MARIANELA GONZÁLEZ DE MACHADO, que la unión matrimonial con su cónyuge se desenvolvía normalmente dentro del amor, armonía y comprensión mutua, que ambos cónyuges cumplían con sus obligaciones conyugales inherentes al matrimonio, superando cualquier desavenencia, diferentes puntos de vista, con la finalidad de procurar el fortalecimiento de la unión conyugal y la familia.” Sin embargo esa armonía y tranquilidad se fue deteriorando entre ellos, hasta el punto que en varias oportunidades decidieron separarse. Posteriormente con el propósito de buscar una solución al problema que estaban viviendo, decidieron darse una nueva oportunidad, y después de cierto tiempo en armonía, prácticamente un año, de pronto comenzaron a surgir desavenencias nuevamente que hicieron imposible mantener sus vidas en común, hasta que el día 24 de noviembre del 2017, día en el cual se suspende la vida en común entre ellos, llegándose a separar de hecho, así como todo nexo o comunicación alguna , hasta la presente fecha, existiendo una ruptura evidente, manifiesta y prolongada de la relación conyugal, por mas de un año y siete meses,- Por lo que establecieron domicilios distintos. JESUS LABERTO MACHADO MADRID, en la calle Arismendi, Residencias Vientos del Mar, Piso 4, apartamento 4 k, Lechería, Municipio Turístico Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui; y MARIANELA GONZÁLEZ DE MACHADO en 17807 Lakecrest View Dr. Apt9201 Cypress 77433, Texas (EEUU).
En razón de lo antes expuesto, la ciudadana MARIANELA GONZÁLEZ DE MACHADO, a través de sus apoderados judiciales, decide solicitar la disolución del vinculo conyugal de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código Civil Venezolano vigente, en virtud de haberse producido entre su mandante y su cónyuge, el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, en concordancia con la sentencia N° 1070, dictada el 09 de diciembre de 2016, con carácter vinculante, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual concluye que cualquiera de los cónyuges, que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el Artículo 185 del Código Civil o cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto.-
II
En fecha 22 de julio de 2019, este Tribunal admite la solicitud en referencia, acordándose la citación del ciudadano JESÚS ALBERTO MACHADO MADRID venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.014.778, domiciliado en la calle Arismendi, Residencias Vientos del Mar, Piso 4, apartamento 4 k, Lechería, Municipio Turístico Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, a los fines que compareciera ante este Tribunal, al tercer (3er) día de despacho siguiente a la constancia en autos de la practica de su citación, a exponer lo que crea conveniente sobre la solicitud de Divorcio, fundamentada en el Artículo 185 del Código Civil, en concordancia con el fallo Nº 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, ordeno la citación de la Fiscal Décimo Tercera del Ministerio Publico del estado Anzoátegui.
En fecha 31 de julio del 2019, el Alguacil de este Juzgado Jesús Esteban Rengel, dejo constancia de haber practicado en fecha 30 de julio de 2019, la citación del ciudadano JESÚS ALBERTO MACHADO MADRID.
En fecha 08 de agosto del 2019, el Alguacil de este Juzgado Jesús Esteban Rengel, dejo constancia de haber practicado en fecha 07 de agosto de 2019, la citación de la Fiscal Décimo Tercera del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.
En actuación de fecha 08 de agosto de 2019, presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civiles-Barcelona, la abogada Loryana Decena, en su condición de Fiscal Décima Tercera, del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con fundamento en el Artículo 185 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en la Jurisprudencia N° 1070 de fecha 09 de diciembre del 2016, “opino que no tengo observaciones, ni objeciones que hacer a la presente solicitud”.-
III
Planteada así la situación procesal en el presente Asunto, este Tribunal observa:
La ciudadana MARIANELA GONZÁLEZ DE MACHADO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.704.109, fundamenta su solicitud de divorcio en fallo N° 1070, del 09 de diciembre del 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, la cual dejo establecido que:
“… el matrimonio se erige con la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia. Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vinculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derecho y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad.
Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectio maritales trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio por lo que ha ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio.
Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.
Es de agregar, tal y como en la institución del affectio maritales, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho del vínculo marital depende de tal afecto.
En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvió o indiferencia.
Dicho desafecto consistente en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimiento positivos existan hacia el o la cónyuge cambien a sentimiento negativos o neutrales.
En este orden de ideas, resulta conveniente citar Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, Resino de Española, del 217 de marzo del 2003, lo siguiente:
(…) se ha venido desarrollando doctrinalmente la (teoría) del divorcio-separación remedio, con fundamento en la teoría de la ‘DESAFECCTIO’ y del principio que no pueden imponerse convivencia no deseadas, por ello, AÚN CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES SE OPONGA A LA SEPARACIÓN, los Tribunales la vienen sancionando bajo el manto de la reciprocidad en los deberes de convivencia, fidelidad, ayuda y cariño mutuo, entendiendo que si por parte de uno ha desaparecido, es imposible que el otro los cumpla porque el matrimonio es cosa de dos, la perdida (sic) de la felicidad conyugal de cualquiera de ellos convierte al matrimonio en un infierno. (Resaltado de esta Sala).

A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia N° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vinculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. En este sentido la Sala en la precitada sentencia destacó lo siguiente:
Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio.
En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitución.
De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.
Así, la institución del divorcio con las formalidades de ley surge para disolver el vínculo matrimonial con todas las dificultades procesales propias que ponen en cabeza del juez y del Ministerio Público incluso por encima de los cónyuges mismos, la decisión final de la declaratoria “con lugar” o “sin lugar” el divorcio, con todos los efectos absurdos que conlleva un “sin lugar” del divorcio.
Ahora bien, en la sentencia 446/2014, se estableció que si no resultare negado el hecho alegado por el cónyuge-demandante, se decretará el divorcio, en un todo acorde con lo expresado en la sentencia N° 693/2015, en la que se sostuvo –entre otras cosas- que:
(…) es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)”.
En el marco del interés del Estado por la protección de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio destaca la excepcionalidad del divorcio, el cual sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil -incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código-.

En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.
En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona”.
Este Juzgado de Municipio, acoge el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, el cual es aplicable al caso en cognición.
En efecto, la cónyuge fundamenta su solicitud de divorcio en la incompatibilidad de caracteres y en el desafecto, y en este sentido el fallo de la Sala Constitucional, es preciso al establecer que, “es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vinculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial. Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada. Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia”.
Las anteriores consideraciones llevan a este Tribunal, determinar que en el sub-iudice la solicitud de divorcio fue subsumida en la citada jurisprudencia y por cuanto no hubo objeción por parte de la representante del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial, es procedente declarar con lugar la solicitud de Divorcio formulada por la ciudadana MARIANELA GONZÁLEZ DE MACHADO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.704.109, a través de sus apoderados judiciales, abogados IRIS MARGARITA OLIVERO CARRASQUEL Y MOUNIR WAKIL KAWAN, inscritos en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los números 14.857 y 14.167, respectivamente, en relación a su cónyuge JESÚS ALBERTO MACHADO MADRID, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.014.778. Así se decide.
IV
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la solicitud de divorcio, fundamentada en fallo N° 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, formulada por la ciudadana MARIANELA GONZÁLEZ DE MACHADO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.704.109, a través de sus apoderados judiciales ,abogados IRIS MARGARITA OLIVERO CARRASQUEL Y MOUNIR WAKIL KAWAN, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 14.857 y 14.167, respectivamente; en relación con su cónyuge JESÚS ALBERTO MACHADO MADRID, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.014.778, fundamentada en jurisprudencia N° 1070, de fecha 09 de diciembre del 2016, dictada por la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia.- En consecuencia, se declara disuelto el vinculo del matrimonio civil, contraído por ellos en fecha 14 de diciembre del 1981, por ante la primera autoridad civil del Municipio Cabimas del estado Zulia, conforme consta de copia certificada de Acta de Matrimonio, asentada en Acta N° 1006, correspondiente al año 1981, la cual se acompaña a la solicitud bajo examen.-
Publíquese, regístrese, agréguese a los autos la presente decisión.
A los fines establecidos en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con los Artículos 111 y 112 eiusdem, este Tribunal acuerda certificar por Secretaría copia de este decisión.-
Se deja expresa constancia que la competencia de este Tribunal de Municipio para conocer el Asunto en comento, le fue atribuida mediante Resolución N° 2009-.0006, de fecha 18 de marzo del 2009, en su Artículo 3, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152, de fecha 02 de abril de 2009.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en Barcelona, a los diecisiete (17) días del mes Septiembre de dos mil diecinueve (2019) . Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
La Juez Provisorio,

Abg. María Eugenia Pérez
La Secretaria,

Abg. Fabiola Cabello
En esta misma fecha, 17 de septiembre de 2019, siendo las 09:40a.m., se dictó y publico la sentencia anterior. Conste.-
La Secretaria,

Abg. Faviola Cabello