TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, 14 de diciembre de dos mil veinte
210º y 161º
ASUNTO: BP02-A-2020-000011

En aras de garantizar el Principio Constitucional de Protección Agroalimentaria de la Nación establecidos en los artículos 305, 306 y 307 del Texto Constitucional, en base a ello este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, conforme a las atribuciones conferidas y señaladas anteriormente, procede a pronunciarse en relación a la Solicitud de MEDIDA AUTOSATISFACTIVA DE PROTECCION AGROALIMENTARIA, presentada por el Abogada ANA DANIELA MARRERO CAGUANA, inscrita en IPSA bajo el Nº 110.485, en su condición de Defensor Pública Auxiliar Segunda con Competencia Agraria del Estado Anzoátegui, actuando en representación de los ciudadanos MISAEL ROMERO, CARLOS ROMERO ANZONY ROMERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-28.567.245, V-24.829.533, y V-25.993.351 en contra de los ciudadanos JOSEFA ACOSTA y FIDEL RINCON, venezolanos, mayores de edad, el segundo titular de la cédula de identidad Nº V-18.205.303. En tal sentido, se observa

Señala la Defensora que sus defendidos son poseedores de un lote de terreno denominado “MONTE CRISTO”, ubicado en el sector La Esperanza, Parroquia Santa Inés, Municipio Libertad del Estado Anzoátegui, en una superficie aproximada de Sesenta y Cuatro Hectáreas con Sesenta y seis metros Cuadrados (64 Has con 76 mts2), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Río Comuñucual; SUR: Terrenos baldíos; ESTE: Terrenos baldíos, OESTE: Terrenos baldíos; y lo ocupan de forma pacífica, pública, ininterrumpida, a los ojos de todos, pública y notoria, con un movimiento agrícola y con ánimos de dueño. Y que en la actualidad la actividad en el predio “Monte Cristo”, es de Cuatro mil (4000) palos de yuca, Mil plantas de lechosa, Trescientas (300) plantas de cambur, Una (1Ha) hectárea de maíz, Siete mil (7000) plantas de pimentón, Siete mil (7000) plantas de tomate, Mil quinientas (1500) sepas de caña de azúcar, Doscientas (200) plantas de ají, Chicharo y auyama. Su posesión empezó desde el mes de mayo del año 2013 cuando el hijo de la ciudadana Josefa Acosta, de nombre Fidel Rincón les propuso emprender una sociedad a media con el cultivo de berenjena, allí ellos trabajan, limpian con machete y escardilla únicamente, sembraban, cosechaban, le cancelaban mensualmente a la señora Josefa Acosta la cantidad de ciento cincuenta mil bolívares150.000,00). Aduce igualmente que el problema comenzó a raíz de que la nueva siembra de los rubros que se indican en el informe técnico del Inti, fue costeado por lo hermanos Romero, semillas, insecticida, abonos y en fin todo lo que se necesita para el cuidado de la siembra por lo cual dejamos de pagar a la señora Josefa Acosta la cantidad de ciento cincuenta mil bolívares (150.000,00), por lo que la señora de avanzada edad ingresó al predio y corto con machete y despegó de raíz unas doscientas plantas de lechosa de un mes de sembradas y ciento veinte plantas de yuca que habían sembrado. Igualmente señala la parte solicitante que hace aproximadamente tres meses la ciudadana Josefa Acosta se presentó en el predio “Monte Cristo” con una comisión de la guardia nacional ubicado en el puesto de comando del sector Los Potocos, alegando ser la propietaria y que había sido la victima de robo, allí los encontraron los funcionarios trabajando y pudieron ver que solo tenían escardillas en las manos, preguntaron nombres y como habían llegado al predio, hicieron un recorrido corto y observaron la actividad del predio y se retiraron sin llevárselos detenidos. Ahora bien, explana que el motivo fundamental de la presente solicitud es en vista de las constantes molestias y amenazas verbales y posibles daños al cultivo por parte de los ciudadanos Josefa Acosta y su hijo Fidel Rincón se presentan y entran al predio sin previo aviso. Es por lo que solicitan una Medida de Protección Autosatisfactiva a la Actividad Agrícola, y prevenir una perdida de la misma al no poder atenderla sus representados, y así resolver la situación motivado a la crisis Agroalimentaria por la que esta atravesando el país.
En éste sentido, quien aquí decide estima necesario realizar algunas observaciones doctrinarias acerca de esta institución procesal correspondiente al Derecho Agrario social-humanista y progresista, vale decir, la continuidad de la producción agrícola, basada ésta, en la nueva filosofía del derecho agrario venezolano, en el que la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades, es por esta razón que tiene su piedra angular fundamentada en tres conceptos básicos, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 304, 305, 306 y 307, e igualmente en el artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, relativos al desarrollo rural, integral y sustentable, conceptualizado éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del Sector Agrario, dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando como objetivo principal la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y seguridad agroalimentaria de las presentes y futuras generaciones; todos plasmados y contenidos de forma expresa en el artículo 1° de la referida ley procesal especial adjetiva.
Resulta importante destacar que la continuidad de la producción agroalimentaria o su interrupción, impone a los jueces agrarios el deber de garantizar la culminación del ciclo biológico productivo, protegiendo así el proceso agroalimentario que se encuentra indisolublemente unido al interés social y colectivo.
Así pues, el procedimiento cautelar agrario, a diferencia del procedimiento ordinario, contempla la posibilidad que el juez agrario pueda dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo. Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la unidad pública de las materias agrarias; así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que exista una amenaza a la continuidad del proceso agroalimentario o se ponga en peligro los recursos naturales renovables.
Es así como, el artículo 152, en consonancia con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, faculta al Juez Agrario para decretar medidas preventivas, tendientes a velar por el cumplimiento de las causales que establece el mencionado artículo, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, todo esto en atención a sus funciones y competencias atribuidas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, siendo garantes de la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la Nación y, así como la auto sustentabilidad de los pueblos. Dichas facultades están plasmadas de la siguiente manera:
Artículo 152: “En todo estado y grado del proceso, el juez competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por:
1.- La continuidad de la producción agroalimentaria.
2. La protección del principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja.
3.- La continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos.
4.- La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente
5.- El mantenimiento de la biodiversidad.-
6.- La conservación de la infraestructura productiva del estado.
7.- La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo
8.- El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e intereses colectivos.
A tales efectos, dictará de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento contenida en la presente ley, imponiendo ordenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, según corresponda.”.-

De la norma anteriormente transcrita, se concluye que se trata de un poder extraordinario que concede la ley especial al juez agrario, y por lo tanto, de aplicación restringida, vale decir, que los supuestos allí establecidos no se pueden aplicar analógicamente a circunstancias semejantes, dado que la enumeración es taxativa y está inspirada en razones de interés público, por lo que no podrán ser dispuestas en consideración al interés privado o particular de una de las partes en un juicio.
En atención a lo anteriormente expuesto, resulta importante para éste Juzgador verificar y analizar la naturaleza jurídica de la cautela innominada de protección prevista y sancionada en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 243 ejusdem, ello en virtud de considerar que la misma, versa sobre materia de eminente orden público procesal agrario.
Por otra parte el artículo 196 de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece lo siguiente:
“El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.”.-

En razón de lo anteriormente reseñado, se evidencia la amplia facultad del Juez Agrario, para dictar a solicitud de parte o de oficio, medidas tendentes a la protección de los derechos del productor rural, los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, el interés general de esa actividad, el proceso agroalimentario y los recursos naturales renovables. Asimismo, se interpreta que el legislador le otorgó bastas facultades, con el propósito de garantizar la seguridad agroalimentaria, de la protección ambiental y biodiversidad. Con la inclusión de estas medidas autónomas en nuestro sistema legal, aunque en nuestro caso, el desarrollo de esta ha sido mayormente jurisprudencial, donde se ubica a Venezuela dentro de los países pioneros en Latinoamérica, en la inclusión y aplicación de este tipo de procedimiento, basado en técnicas modernas y ajustadas a la solución de los conflictos de la materia agraria.
Ahora bien, ésta facultad de los jueces agrarios requiere un pronunciamiento, el cual debe ser razonado y fundamentado tanto en los supuestos de hecho como en los principios de derecho; de manera que estamos frente a una sentencia o fallo de fondo. En éste sentido, el Juez debe seguir las reglas generales de derecho, motivar y razonar su fallo, lo que corresponde a la definición nominal de éste novísimo instituto procesal que empieza a dar sus pasos dentro de las normativa legal venezolana, así como los requisitos esenciales para la procedibilidad del decreto de medidas autónoma, de acuerdo a la Doctrina Argentina, utilizando para el caso en concreto el derecho comparado, esto por no contar con un procedimiento regulado por nuestra legislación.
La doctrina especializada que ha tratado el presente tema, ha dejado sentado que las Medidas Autónomas se conceptualizan de la forma siguiente: Considera el autor Argentino Oswaldo Ontiveros, que las medidas Autosatisfactivas, también llamadas medidas de efectividad inmediata, se podrían definir como aquellas soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables, in audita altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteamientos formulados sean atendibles. Constituyen un requerimiento urgente que se agota con su despacho favorable, siendo innecesario iniciar una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Estas medidas provocan la satisfacción definitiva del interés del actor (“La Obligación Legal del Artículo 68 de la Ley Nº 24.449 y las Medidas Autosatisfactivas – 2002). El referido autor continua enunciando que, a diferencia de una medida cautelar, la medidas Autosatisfactivas, no son accesorias a un proceso principal, ni están orientadas a resguardar la efectividad de una sentencia futura; por el contrario, el decreto de esta medida persigue que el juez emita un juicio de valor, casi siempre, in limine, sobre el fondo de la pretensión hecha valer, cuando por la singularidad del objeto de la pretensión, resulte la necesidad inminente de satisfacer al pretensor y así evitar la frustración definitiva de su derecho.
De un análisis en concreto de lo establecido anteriormente, se puede inferir que las Medidas Autónomas son de requerimiento urgente, formulado al Órgano Jurisdiccional por los justiciables. Dicha medida se agota con su despacho favorable, sin ser necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Se trata pues, de medidas que se determinan, al margen de la tutela judicial clásica, por la satisfacción definitiva y única de la pretensión.
Precisado lo anterior, estima necesario éste sentenciador, transcribir la inspección judicial practicada sobre los lotes de terrenos, denominados Fundo “MONTE CRISTO”, ubicados en el Sector La Esperanza, Parroquia Santa Inés, Municipio Libertad del Estado Anzoátegui, realizada por éste Tribunal en fecha dieciocho (18) de agosto del presente año, a saber:
“En el día de hoy martes dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020), siendo las 10:00 am, día y hora fijada por éste Juzgado mediante auto de fecha 13 de agosto de 2020, actuando éste tribunal en sede de guardia facultados mediante Resoluciones dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de la Pandemia Covid-19; en la solicitud de Medida de Protección Autosatisfactiva a la Actividad Agroproductiva presentada por los ciudadanos Misael Romero, Carlos Romero y Anzony Romero, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-28.567.245, V-24.829.533 y V-25.993.351, respectivamente; en contra de los ciudadanos Josefa Acosta y Fidel Rincón, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-18.205.303, el primero; se deja constancia que se trasladó y constituyó este Juzgado en un lote de terreno del predio denominado “Monte Cristo”; ubicado en el Sector La Esperanza, Parroquia Santa Inés, Municipio Libertad del Estado Anzoátegui, asimismo se deja constancia que se encuentran presentes los ciudadanos Misael Romero, Carlos Romero y Anzony Romero, anteriormente identificados, debidamente asistida en este acto por la Abogada Ana Daniela Marrero Caguana, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 110.485, en su condición de Defensora Pública Segunda Auxiliar de Materia Agraria del Estado Anzoátegui, igualmente se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Luís Sánchez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-23.058.741, Ingeniero Agrónomo y Experto designado por el Instituto Nacional de Tierras del Estado Anzoátegui, quien prestará el apoyo en la parte técnica y científica en la presente inspección, y quien estando presente aceptó la designación y presto el juramento de Ley, así cumplir con las labores inherentes al mismo.- Seguidamente, este Juzgado procede a realizar un recorrido por el lote de terreno del predio denominado “Monte Cristo”, a los fines de dejar constancia de la siguiente: por así haberlo observado este Juzgado se constato la existencia de una bienhechuría construida por láminas de zinc y palos, contentivas de un solo cuarto; asimismo, y con la ayuda del Experto Agrario, se pudo constatar la existencia de diferentes rubros tales como: Maíz, Plátano, Cambur, tomate, pimentón, berenjena, lechosa, ají, yuca, auyama, caraota, ocumo, caña de azúcar, fríjol, batata, calabacín, parchita y limón; y asimismo se pudo observar que en la vía de acceso al fundo se encuentran dos (02) portones debidamente cerrados con cadena y candado lo que dificulta el ingreso al lote de terreno ocupado por los solicitantes, seguidamente se le solicitan al Experto Agrario la elaboración de un informe técnico con la información mas amplia y medidas de todo lo antes señalado, y se le otorga un lapso de tres (03) días hábiles para consignar dicho informe y el mismo sea agregado a la presente solicitud. En este sentido, se deja expresa constancia que durante la práctica de la presente inspección se veló por el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad implantadas en la Resolución dictada por la Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la Pandemia Covid-19. Terminado el recorrido, y no habiendo mas que señalar, se da por Concluida la presente inspección y el Juzgado ordena el regreso a su sede natural siendo las 12:30 pm.- Es todo, terminó, se leyó y conformes firman . Concluida su misión ordena su regreso a su sede Natural, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2.30pm). Es todo se leyó y conformes firman- (Cursivas del Tribunal)
.
Igualmente corre inserto a los autos, Informe técnico elaborado por el ciudadano LUIS SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-23.058.741, consignado en fecha 30 de noviembre del año 2020, del cual se puede apreciar lo siguiente:
“…1- Reseña Histórica:
Dentro del predio se encuentran realizando labores agroproductivas los ciudadanos MISAEL ROMERO, CARLOS ROMERO Y ANZONY ROMERO, portadores de la cedula de identidad V-28.567.245, V-24.829.533, V- 25.993.351 respectivamente
ACTIVIDADES ENCONTRADAS EN EL PREDIO:
Actualmente existe una actividad agrícola con diversas edades fonológicas, dentro de ellas se encuentra Ají con una edad aproximadamente de (90 días), berenjena (60 días), maíz (60 días), lechaza (90 días), yuca (5 meses), ocumo (5 meses), ayama (3 meses), chíncharo (5 meses), pimentón (1mes), tomate (5 meses), parchita (45 días), chaco (5 meses), fríjol y caraota (2 meses), también existen cultivos perennes,: caña de azúcar y cambur. Es importante señalar que dentro de los cultivos existentes el que posee mas tiempo en producción es la lechosa con un promedio aproximadamente de 16 meses, dependiendo de su cuidado, excluyendo los cultivos perennes existentes.
CONCLUSIONES:
Una vez realizada la inspección técnica agraria en el predio Monte Cristo, se pudo constatar que los ciudadanos Misael Romero, Carlos Romero y Anzony Romero, portadores de la cédula de identidad V.- 28.567.245, 24.829.533, 25.993.351, se encuentran ejerciendo labores agroproductivas dentro del predio, es importante señalar que debido a la problemática que se ha venido presentando han tenido difilcutades para sacar sus rubros el cual extraen de la cosecha debido que actualmente le cerraron 2 portones para llegar al predio, optaron por abrir un paso al lado de los portones por donde transitan con vehículos de 2 ruedas, para poder tener acceso y salida del predio…”

Para los órganos de justicia debe ser una prioridad proteger e impulsar la soberanía integral y la seguridad de la producción de alimentos en el país, así como tiene el mismo orden de importancia la preservación del medio ambiente, los recursos naturales renovables, y la biodiversidad; prioridades que se derivan de propósitos constitucionales que justifica el nuevo orden jurídico humanista socialista, fundamentado en el pensamiento bolivariano y como consecuencia aplica el sistema de justicia venezolano a través de las decisiones de sus órganos jurisdiccionales. La preeminencia del ser humano en un Estado social de derecho y de justicia impulsa la aplicación de las leyes y de criterios que en materia agraria afianzan las bases para el desarrollo social integral y sustentable.
Considerando lo anteriormente expuesto es importante traer a colación el criterio de la Sala Constitucional explanado en la sentencia de fecha 29 de julio 2013, Expediente N° 13-0516 caso: Román Carrillo Montero y otros, en la cual la Sala expresa: (Omissis)“…en materia de medidas cautelares autónomas de protección -artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario- la existencia de actos administrativos de los entes agrarios -en este caso el acto administrativo contentivo de CARTA AGRARIA dictado por el Instituto Nacional de Tierras, en reunión 24-03, de fecha dos (02) de octubre de 2003, sobre un lote de terreno denominado ‘SANTA INES’ con una superficie de novecientas ochenta y seis hectáreas (986 HAS)- constituyen elementos de convicción a ser considerados por el juez de primera instancia agraria competente para resolver las controversias entre particulares, relacionadas con la actividad agraria y particularmente el aseguramiento de la producción agrícola y la preservación de los recursos naturales. En ese sentido, la naturaleza cautelar -temporal- de tales medidas -en este caso dos años a partir de la publicación del fallo- aunado a la concepción propia del sistema jurídico institucional que informa el Derecho Agrario, en el cual las instituciones de naturaleza adjetiva o procedimental deben ser objeto de una interpretación que permita no sólo garantizar los derechos e intereses del presunto agraviado -de ser procedente- sino teniendo en consideración que la competencia agraria, debe procurar mantener la vigencia del Texto Constitucional, particularmente todo lo previsto en los artículos 305, 306 y 307 eiusdem, y como órganos jurisdiccionales especializados, están en capacidad de atender con criterios técnicos, las necesidades sociales o los intereses particulares frente a las actividades u omisiones de la Administración o de terceros, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.115/11).-
En este mismo orden de ideas plantea los artículos 1, 4 y 5 del Decreto 6.071 (Extraordinario 5.889 de la Gaceta Oficial, 31 de Julio de 2008) de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria lo siguiente: Artículo 1º.El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica tiene por objeto garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, en concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la ley que regula las tierras y el desarrollo agrario. Artículo 4. La soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarías apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población. (Negrillas y cursivas del tribunal). Artículo 5.La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación.(Negrillas y cursivas del Tribunal). La mencionada Ley dictada con fundamento a enmarcar la producción, procesamiento y distribución de alimentos como materia de seguridad y defensa del Estado venezolano, establecen las principales normas referidas al abastecimiento oportuno y acceso a los alimentos por parte de la población. La disponibilidad de alimentos lo plantea la Ley como las condiciones en las cuales las ciudadanas y los ciudadanos podrán acceder de manera constante a alimentos de calidad y en cantidad suficientes. La doctrina en materia agraria y constitucional tiene asentado el siguiente criterio: “Dentro de las acciones tendentes a garantizar dicha soberanía encontramos la producción de la agricultura como fuente fundamental de alimentos. La misma debe estar vinculada al efectivo cumplimiento de la función social agroalimentaria que conlleva a un desarrollo rural sustentable. Por su parte, los distintos foros mundiales sobre soberanía alimentaría, demuestran la necesidad de los Estados de adecuar políticas de producción sustentables. En consecuencia, el Derecho agrario juega un papel preponderante en dicha política. Aunado a eso, la erradicación del hambre y la pobreza deben ser atacadas con la soberanía alimentaría a través de la afectación de las tierras de uso agrario para el desarrollo agroalimentario, tal como lo prevé la propia Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. (…)” (APROXIMACIÓN A UN NUEVO CONCEPTO DE DERECHO AGRARIO EN VENEZUELA. Katherine Beltrán Zerpa. Gladys Mata Marcano. Johbing Álvarez.) (Cursivas y Negrillas del Tribunal) De ello resulta que, en efecto, la jurisdicción especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 y que el legislador concentró en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un estado democrático, social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue. En tal sentido, la Sala Constitucional del Máximo tribunal patrio, no deja de advertir que, en base a esa protección a la seguridad alimentaría, de la que emerge la protección constitucional a la producción agropecuaria interna, se observan diferencias sustanciales entre la posesión o propiedad civil, -que es la que persiguen proteger las normas penales sustantivas comentadas- y la posesión agraria en el marco de la protección constitucional y legal, puesto que la posesión agraria se conforma con el principio de preeminencia del desarrollo de la actividad social sobre la particular. Es decir, por encima de los derechos particulares, se sobreponen los derechos que emergen del uso del bien destinado a la producción de alimentos o rubros útiles para el consumo humano, que permitan satisfacer las necesidades agroalimentarias tanto de quien la produce o trabaja como de su entorno familiar o colectivo.
Ahora bien, de acuerdo a lo observado por éste Juzgador en la Inspección Judicial realizada en fecha dieciocho (18) de agosto del presente año, así como en el informe técnico presentado por el Experto Agrario designado por el Instituto Nacional de Tierras Ingeniero Luis Sánchez antes identificado, es evidente la actividad agro productiva desarrollada en el lote de terreno, denominado Fundo “Monte Cristo”, mediante lo cual se pudo constatar la producción agrícola vegetal constituida por la siembra de diversos rubros tales como: ají, berenjena, maíz, lechosa, yuca, ocumo, auyama, chícharo, pimentón, tomate, parchita, chaco, fríjol, caraota, caña de azúcar y cambur; y en el mismo señala que dentro de los cultivos existentes el que posee más tiempo en producción es la lechosa con un promedio aproximado de 16 meses, dependiendo de los cuidados, resultando primordial que sea tutelado por este Organismo de Justicia dichas actividades, ya que fue manifestado por los solicitantes las constantes molestias y amenazas verbales y posibles daños al cultivo por parte de los ciudadanos Josefa Acosta y su hijo Fidel Rincón que se presentan y entran al predio sin previo aviso dedicados a realizar actos que ponen en riesgo las actividades fomentadas entorpeciendo las mismas, asimismo se pudo observar la imposibilidad del paso de acceso al fundo bajo estudio por cuanto se encuentran cerrados 2 portones para poder llegar al predio hecho éste que obstaculiza extraer la cosecha fomentada en los diversos rubros de la producción agrícola de los solicitantes, creando la necesidad de dictar una Medida de Protección Autosatisfactiva de la Actividad Agroalimentaria, tomando en cuenta la sugerencia y recomendación del Experto designado, con lo cual se busca proteger ese particular proceso agroproductivo que se encuentra indisolublemente unido al interés social, y en consecuencia, proteger la seguridad y soberanía agroalimentaria de la Nación.- Por todo lo antes expuesto, éste Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en sede constitucional con facultades especiales de guardia y en uso de las facultades legales otorgadas en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECRETA MEDIDA AUTONOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA, sobre las actividad agraria directa que vienen desarrollando los ciudadanos: MISAEL ROMERO, CARLOS ROMERO y ANZONY ROMERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nros V-28.567.245, V-24.829.533 y V-25.993.351, en el predio denominado “MONTE CRISTO”, ubicado en el Sector La Esperanza, Parroquia Santa Inés, Municipio Libertad del Estado Anzoátegui, en una superficie de SESENTA Y CUATRO HECTAREAS CON SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (64 HAS CON 76MTS2), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Río Comuñucual; SUR: Terrenos baldíos; ESTE: Terrenos baldíos; OESTE: Terrenos baldíos; y en consecuencia ordena a los ciudadanos: JOSEFA ACOSTA y FIDEL RINCON, y/o a cualquier persona natural o jurídica, abstenerse de impedir la realización de la actividad agrícola vegetal que vienen realizando los ciudadanos: MISAEL ROMERO, CARLOS ROMERO y ANZONY ROMERO, antes identificados en el predio denominado “MONTE CRISTO”, antes identificado, para preservar la producción agrícola y la posterior salida al mercado de los productos que de la misma se deriven, para el consumo de los integrantes de la comunidad del sector y sus adyacencias, así como de todos los venezolanos según sea el caso.- En ese sentido se ordena cesar de manera inmediata cualquier actuación de perturbación, amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción de las actividades agrícolas desarrolladas por el solicitante en el fundo en cuestión.- Así se decide.-
Asimismo se ordena notificar de la presente Medida a los ciudadanos JOSEFA ACOSTA y FIDEL RINCON, venezolanos, mayores de edad, el segundo titular de la cédula de identidad Nº V-18.205.303, con el objeto de imponerlos de la medida aquí decretada para su cabal cumplimiento.- Igualmente, en aras garantizar el fiel cumplimiento a los principios y garantías constitucionales referidos al derecho a la defensa y el debido proceso, se ordena notificar al referido ciudadano para que comparezcan por ante éste Juzgado dentro de los Tres (03) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, a fin de que exponga las razones o fundamentos que tuvieren que alegar en relación a la presente medida.-
La vigencia de la medida ut supra decretada será de doce (12) meses, en el predio denominado “MONTE CRISTO”, contados a partir de la publicación de la presente providencia.
Se ordena notificar lo conducente mediante oficio al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento N° 815, 2da Compañía, con sede en la Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui y al Coordinador Regional del Instituto Nacional de Tierras, a los fines de participarle de la Medida Decretada conforme a los previsiones contenida en el articulo 21 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el numero 5 del articulo 42 de la ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que dicha medida es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, ya que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por éste Juzgado. Líbrese boleta de notificación y oficios correspondientes. Cúmplase.
El Juez Provisorio,

Abg. José Alberto Figuera Leyba La Secretaria,

Abg. Johanna Rondón Paruta

JFL/Joha/ani.-