TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, siete de diciembre de dos mil veinte
210º y 161º
ASUNTO: BP02-A-2020-000014

En aras de garantizar el Principio Constitucional de Protección Agroalimentaria de la Nación establecidos en los artículos 305, 306 y 307 del Texto Constitucional, en base a ello este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, conforme a las atribuciones conferidas y señaladas anteriormente, procede a pronunciarse en relación a la Solicitud de MEDIDA AUTOSATISFACTIVA DE PROTECCION AGROALIMENTARIA, presentada por el Abogado EVELIO GOMEZ, inscrito en IPSA bajo el Nº 137.924, en su condición de Defensor Público Primero en Materia Agraria del Estado Anzoátegui, actuando en representación de los ciudadanos AMPARAN MAITA YURBIS DEL CARMEN, YENIFER ANDREINA SANTAMARIA, FRANCISCO JAVIER PRADO ALMEA, DIOMELIS YSIDRA MEDINA DE AMPARAN, CARLOS EDUARDO PRADO, NIURBIS DEL VALLE PEREZ AMPARAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-10.998.069, V-16.963.977, V-16.171.138, V-8.469.744, V-16.064.587 y V-22.846.215 en contra del ciudadano LUIS RAFAEL CABEZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.774.391. En tal sentido, se observa

Señala la Defensora que en los Predios denominados “VIRGEN DEL CARMEN”, constante de 21 Hectáreas, ubicado en el sector San Vicente, Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terrenos ocupados por Filiberto Hernández; SUR: Vía de acceso sector San Vicente e Instalaciones del Parcelamiento; ESTE: Terreno ocupado por Niurbis Perez, OESTE: Terrenos ocupado por Yenifer Santamaria; “LAS TRES Y”, constante de 21 Hectáreas, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terreno ocupado por José Hernández; SUR: Vía de Penetración; ESTE: Terreno ocupado por Yurbis Amparan, OESTE: Terrenos ocupado por Carlos Prado; “MI ALEJANDRINA” constante de 21 Hectáreas, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Parcela Comunal; SUR: Terreno ocupado por Francisco Rondón; ESTE: Represa del Parcelamiento, OESTE: Terrenos ocupado por Ramón Salazar; “MIS NIETOS” constante de 21 Hectáreas, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Vía de Penetración; SUR: Terreno Baldío; ESTE: Represa del Parcelamiento, OESTE: Terrenos ocupado por Ramón Salazar; “LA PORFIA” constante de 21 Hectáreas, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terreno ocupado por José Hernández; SUR: Vía de Penetración; ESTE: Represa del Parcelamiento, OESTE: Terrenos ocupado por Ramón Salazar; “MIS NIETOS” constante de 21 Hectáreas, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Vía de Penetración; SUR: Terreno Baldío; ESTE: terreno ocupado por Yenifer Santamaría, OESTE: Terrenos ocupado por José China; “FUNDO SAN JOSE constante de 21 Hectáreas,” cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Río Guere; SUR: Terreno ocupado por José Prado; ESTE: terreno ocupado por José Prado, OESTE: Terrenos ocupado por Yurbis Amparan; sus representados desde la fecha de asignación del predio desarrollan en armonía diferentes rubros tales como: siembra de frijol, caraota, plátano, batata, yuca, maíz, auyama, pimentón, ají dulce, patilla, lechosa, diferentes semovientes, con tal producción generan sus propios ingresos y venden a la comunidad a precio por debajo del mercado en ferias cielo abierto y casa por casa, con ánimos de apoyar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la Nación.- Aduce igualmente que una vez en producción las superficies previamente adjudicadas, se presento un ciudadano en actitud desafiante, invadiendo partes de los predios, llevando con él rebaño de ganado , donde los suelta para que destruyan los sembradíos. Es por lo que solicitan una Medida de Protección Autosatisfactiva a la Actividad Agrícola, y prevenir una perdida de la misma al no poder atenderla sus representados, y así resolver la situación motivado a la crisis Agroalimentaria por la que esta atravesando el país.
En éste sentido, quien aquí decide estima necesario realizar algunas observaciones doctrinarias acerca de esta institución procesal correspondiente al Derecho Agrario social-humanista y progresista, vale decir, la continuidad de la producción agrícola, basada ésta, en la nueva filosofía del derecho agrario venezolano, en el que la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades, es por esta razón que tiene su piedra angular fundamentada en tres conceptos básicos, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 304, 305, 306 y 307, e igualmente en el artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, relativos al desarrollo rural, integral y sustentable, conceptualizado éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del Sector Agrario, dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando como objetivo principal la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y seguridad agroalimentaria de las presentes y futuras generaciones; todos plasmados y contenidos de forma expresa en el artículo 1° de la referida ley procesal especial adjetiva.
Resulta importante destacar que la continuidad de la producción agroalimentaria o su interrupción, impone a los jueces agrarios el deber de garantizar la culminación del ciclo biológico productivo, protegiendo así el proceso agroalimentario que se encuentra indisolublemente unido al interés social y colectivo.
Así pues, el procedimiento cautelar agrario, a diferencia del procedimiento ordinario, contempla la posibilidad que el juez agrario pueda dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo. Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la unidad pública de las materias agrarias; así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que exista una amenaza a la continuidad del proceso agroalimentario o se ponga en peligro los recursos naturales renovables.
Es así como, el artículo 152, en consonancia con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, faculta al Juez Agrario para decretar medidas preventivas, tendientes a velar por el cumplimiento de las causales que establece el mencionado artículo, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, todo esto en atención a sus funciones y competencias atribuidas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, siendo garantes de la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la Nación y, así como la auto sustentabilidad de los pueblos. Dichas facultades están plasmadas de la siguiente manera:
Artículo 152: “En todo estado y grado del proceso, el juez competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por:
1.- La continuidad de la producción agroalimentaria.
2. La protección del principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja.
3.- La continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos.
4.- La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente
5.- El mantenimiento de la biodiversidad.-
6.- La conservación de la infraestructura productiva del estado.
7.- La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo
8.- El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e intereses colectivos.
A tales efectos, dictará de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento contenida en la presente ley, imponiendo ordenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, según corresponda.”.-

De la norma anteriormente transcrita, se concluye que se trata de un poder extraordinario que concede la ley especial al juez agrario, y por lo tanto, de aplicación restringida, vale decir, que los supuestos allí establecidos no se pueden aplicar analógicamente a circunstancias semejantes, dado que la enumeración es taxativa y está inspirada en razones de interés público, por lo que no podrán ser dispuestas en consideración al interés privado o particular de una de las partes en un juicio.
En atención a lo anteriormente expuesto, resulta importante para éste Juzgador verificar y analizar la naturaleza jurídica de la cautela innominada de protección prevista y sancionada en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 243 ejusdem, ello en virtud de considerar que la misma, versa sobre materia de eminente orden público procesal agrario.
Por otra parte el artículo 196 de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece lo siguiente:
“El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.”.-

En razón de lo anteriormente reseñado, se evidencia la amplia facultad del Juez Agrario, para dictar a solicitud de parte o de oficio, medidas tendentes a la protección de los derechos del productor rural, los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, el interés general de esa actividad, el proceso agroalimentario y los recursos naturales renovables. Asimismo, se interpreta que el legislador le otorgó bastas facultades, con el propósito de garantizar la seguridad agroalimentaria, de la protección ambiental y biodiversidad. Con la inclusión de estas medidas autónomas en nuestro sistema legal, aunque en nuestro caso, el desarrollo de esta ha sido mayormente jurisprudencial, donde se ubica a Venezuela dentro de los países pioneros en Latinoamérica, en la inclusión y aplicación de este tipo de procedimiento, basado en técnicas modernas y ajustadas a la solución de los conflictos de la materia agraria.
Ahora bien, ésta facultad de los jueces agrarios requiere un pronunciamiento, el cual debe ser razonado y fundamentado tanto en los supuestos de hecho como en los principios de derecho; de manera que estamos frente a una sentencia o fallo de fondo. En éste sentido, el Juez debe seguir las reglas generales de derecho, motivar y razonar su fallo, lo que corresponde a la definición nominal de éste novísimo instituto procesal que empieza a dar sus pasos dentro de las normativa legal venezolana, así como los requisitos esenciales para la procedibilidad del decreto de medidas autónoma, de acuerdo a la Doctrina Argentina, utilizando para el caso en concreto el derecho comparado, esto por no contar con un procedimiento regulado por nuestra legislación.
La doctrina especializada que ha tratado el presente tema, ha dejado sentado que las Medidas Autónomas se conceptualizan de la forma siguiente: Considera el autor Argentino Oswaldo Ontiveros, que las medidas Autosatisfactivas, también llamadas medidas de efectividad inmediata, se podrían definir como aquellas soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables, in audita altera pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteamientos formulados sean atendibles. Constituyen un requerimiento urgente que se agota con su despacho favorable, siendo innecesario iniciar una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Estas medidas provocan la satisfacción definitiva del interés del actor (“La Obligación Legal del Artículo 68 de la Ley Nº 24.449 y las Medidas Autosatisfactivas – 2002). El referido autor continua enunciando que, a diferencia de una medida cautelar, la medidas Autosatisfactivas, no son accesorias a un proceso principal, ni están orientadas a resguardar la efectividad de una sentencia futura; por el contrario, el decreto de esta medida persigue que el juez emita un juicio de valor, casi siempre, in limine, sobre el fondo de la pretensión hecha valer, cuando por la singularidad del objeto de la pretensión, resulte la necesidad inminente de satisfacer al pretensor y así evitar la frustración definitiva de su derecho.
De un análisis en concreto de lo establecido anteriormente, se puede inferir que las Medidas Autónomas son de requerimiento urgente, formulado al Órgano Jurisdiccional por los justiciables. Dicha medida se agota con su despacho favorable, sin ser necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Se trata pues, de medidas que se determinan, al margen de la tutela judicial clásica, por la satisfacción definitiva y única de la pretensión.
Precisado lo anterior, estima necesario éste sentenciador, transcribir la inspección judicial practicada sobre los lotes de terrenos, denominados Fundo “Virgen del Carmen”, Fundo “Las Tres Y”, Fundo “Mis Nietos”, Fundo “La Porfía” y Fundo “San José”, ubicados en el Sector San Vicente, Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui, realizada por éste Tribunal en fecha diecinueve (19) de noviembre del presente año, a saber:
“En horas de despacho del día de hoy diecinueve (19) de noviembre del año dos mil veinte (2020) siendo el día y hora fijado para que se lleve a cabo la inspección judicial ordenada en la presente causa contentiva de la solicitud de Medida de Protección Agroalimentaria presentada por los ciudadanos Yurbis Ampara, Yenifer Santamaría, Francisco Prado, Diomelis Medina, Carlos Prado y Niurbis Pérez plenamente identificados en autos, en contra del ciudadano Luís Rafael Cabeza, el Tribunal se trasladó y constituyó en los Fundos denominados “Virgen del Valle”, “Las Tres Y”, “Mi Alejandrina”, “Mis Nietos”, “ La Porfía” y “San José”.- En este estado el Tribunal hace la salvedad que el nombre correcto del Primero de los fundos señalados es “VIRGEN DEL CARMEN”.- Acto seguido deja constancia que se encuentra presente en el acto los solicitantes antes señalados anteriormente a excepción del ciudadano Francisco Prado todos debidamente representados y asistidos por el abogado Evelio Gómez inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 137.924, en su condición de Defensor Público Primero en Materia Agraria, seguidamente este Tribunal procede a designar al ciudadano Pedro Rafael Torres, titular de la cédula de identidad Nº V-16.961.883, TSU en Agronomía adscrito al Fondo de Desarrollo Agrícola Socialista en su condición de Técnico de Campo, como experto con la finalidad de prestar el apoyo técnico en el desarrollo del presente acto, quien estando presente acepta el cargo al cual fue designado y jura cumplir bien y fielmente con las obligaciones inherentes al mismo, seguidamente el Tribunal procede a realizar un recorrido por el fundo denominado “ Virgen del Carmen” ocupado por la ciudadana Yurbis Amparan en el cual se pudo constatar por así haberlo observado la existencia de una producción agrícola vegetal constituida por la siembra de diversos frutos tales como yuca, batata, melón, patilla, maíz, caraota, chicharo, ajonjolí y calabazin los cuales serán debidamente especificados en el informe técnico que a tal fin realizará el experto designado. Acto seguido el Tribunal procedió a realizar un recorrido por el fundo denominado “Las Tres Y” ocupado por la ciudadana Yenifer Santamaría en el cual se pudo constatar por así haberlo observado la existencia de una producción agrícola vegetal constituido por la siembra de maíz y pasto. A continuación el Tribunal procedió a realizar un recorrido por el fundo denominado “Mis Nietos” ocupado por la ciudadana Diomelis Medina en el cual se pudo constatar por así haberlo observado la existencia de una producción agrícola animal constituida por un rebaño de veinte (20) reses aproximadamente, marcadas con un hierro registrado a nombre del ciudadano Edgar Antonio Amparan, titular de la cédula de identidad Nº 8.491.083 quien manifiesta ser conyugue del ocupante, la producción realizada consiste en la venta de leche. Posteriormente el Tribunal procedió a realizar un recorrido por el predio denominado “La Porfía” ocupado por el ciudadano Carlos Prado en el cual se pudo constatar por así haberlo observado la existencia de una producción agrícola y vegetal constituido por la siembra de maíz y pasto. Acto seguido procedió a realizar un recorrido por el fundo denominado “San José” ocupado por la ciudadana Niurbis Pérez, en el cual se pudo constatar por así haberlo observado la existencia de una producción agrícola vegetal constituido por la siembra de maíz y frijol. Y finalmente el Tribunal procedió a realizar un recorrido por fundo “Mi Alejandrina” ocupado por el ciudadano Francisco Prado, en el cual el Tribunal no pudo constatar existencia de producción agrícola alguna. Igualmente este Tribunal deja constancia por así haberlo observado de perturbaciones constituidas u ocasionadas por animales “bovinos en las siembras existentes en los fundos antes señalados. Seguidamente ordena al experto designado realizar un informe técnico detallado el cual deberá consignar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a los fines de que forme parte integral de la presente inspección. Concluida su misión ordena su regreso a su sede Natural, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2.30pm). Es todo se leyó y conformes firman- (Cursivas del Tribunal)
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Igualmente corre inserto a los autos, Informe técnico elaborado por el ciudadano PEDRO TORRES, titular de la cedula de identidad Nº V-16.961.883, consignado en fecha 30 de noviembre del año 2020, del cual se puede apreciar lo siguiente:
“…1.al realizar la inspección en el Fundo “Virgen del Carmen” de la productora yurbis Amparan, se observó diversidad de cultivos entre ellos: maíz, caraotas, chicharos, ajonjolí, yuca, calabaza, etc. Los cuales están siendo afectados por la presencia de ganado dentro del cultivo, el cual causa destrozos en el mismo.
2.Al realizar la inspección al fundo “San José” de la productora Niurbis Pérez, se observó cultivos de maíz y frijol, los cuales están siendo afectados por los destrozos causados por ganado que entra al cultivo.
3.Al realizar la Inspección al Fundo “Mi Alejandrina” del productor francisco Prado, no se observó ningún tipo de cultivo.
4.Al realizar la inspección del Fundo “Las Tres Y” de la productora Yenifer Santamaría, se observó cultivos de maíz y pasto también afectado por la presencia de ganado del mismo.
5.Al realizar la inspección del Fundo “La Porfía” del productor del productor Carlos Prado se observó un cultivo de maíz muy afectado también por la presencia de ganado se teme que de no levantar la cerca perimetral y controlar el ganado, el cultivo se perderá en su totalidad.
6.Al realizar la inspección al Fundo “Mis Nietos” de la productora Diomelis Medina, se observó que la productora cultiva pasto ya que el mismo se utiliza como alimento para su ganado y el cual está siendo afectado por ganado que no le pertenece y que la procedencia la determinaron las autoridades competentes en el asunto.
Se recomienda es controlar al ganado a la brevedad posible para evitar más perdida en los diferentes cultivos ...”.-

Para los órganos de justicia debe ser una prioridad proteger e impulsar la soberanía integral y la seguridad de la producción de alimentos en el país, así como tiene el mismo orden de importancia la preservación del medio ambiente, los recursos naturales renovables, y la biodiversidad; prioridades que se derivan de propósitos constitucionales que justifica el nuevo orden jurídico humanista socialista, fundamentado en el pensamiento bolivariano y como consecuencia aplica el sistema de justicia venezolano a través de las decisiones de sus órganos jurisdiccionales. La preeminencia del ser humano en un Estado social de derecho y de justicia impulsa la aplicación de las leyes y de criterios que en materia agraria afianzan las bases para el desarrollo social integral y sustentable.
Considerando lo anteriormente expuesto es importante traer a colación el criterio de la Sala Constitucional explanado en la sentencia de fecha 29 de julio 2013, Expediente N° 13-0516 caso: Román Carrillo Montero y otros, en la cual la Sala expresa: (Omissis)“…en materia de medidas cautelares autónomas de protección -artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario- la existencia de actos administrativos de los entes agrarios -en este caso el acto administrativo contentivo de CARTA AGRARIA dictado por el Instituto Nacional de Tierras, en reunión 24-03, de fecha dos (02) de octubre de 2003, sobre un lote de terreno denominado ‘SANTA INES’ con una superficie de novecientas ochenta y seis hectáreas (986 HAS)- constituyen elementos de convicción a ser considerados por el juez de primera instancia agraria competente para resolver las controversias entre particulares, relacionadas con la actividad agraria y particularmente el aseguramiento de la producción agrícola y la preservación de los recursos naturales. En ese sentido, la naturaleza cautelar -temporal- de tales medidas -en este caso dos años a partir de la publicación del fallo- aunado a la concepción propia del sistema jurídico institucional que informa el Derecho Agrario, en el cual las instituciones de naturaleza adjetiva o procedimental deben ser objeto de una interpretación que permita no sólo garantizar los derechos e intereses del presunto agraviado -de ser procedente- sino teniendo en consideración que la competencia agraria, debe procurar mantener la vigencia del Texto Constitucional, particularmente todo lo previsto en los artículos 305, 306 y 307 eiusdem, y como órganos jurisdiccionales especializados, están en capacidad de atender con criterios técnicos, las necesidades sociales o los intereses particulares frente a las actividades u omisiones de la Administración o de terceros, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.115/11).-
En este mismo orden de ideas plantea los artículos 1, 4 y 5 del Decreto 6.071 (Extraordinario 5.889 de la Gaceta Oficial, 31 de Julio de 2008) de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria lo siguiente: Artículo 1º.El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica tiene por objeto garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, en concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la ley que regula las tierras y el desarrollo agrario. Artículo 4. La soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarías apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población. (Negrillas y cursivas del tribunal). Artículo 5.La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación.(Negrillas y cursivas del Tribunal). La mencionada Ley dictada con fundamento a enmarcar la producción, procesamiento y distribución de alimentos como materia de seguridad y defensa del Estado venezolano, establecen las principales normas referidas al abastecimiento oportuno y acceso a los alimentos por parte de la población. La disponibilidad de alimentos lo plantea la Ley como las condiciones en las cuales las ciudadanas y los ciudadanos podrán acceder de manera constante a alimentos de calidad y en cantidad suficientes. La doctrina en materia agraria y constitucional tiene asentado el siguiente criterio: “Dentro de las acciones tendentes a garantizar dicha soberanía encontramos la producción de la agricultura como fuente fundamental de alimentos. La misma debe estar vinculada al efectivo cumplimiento de la función social agroalimentaria que conlleva a un desarrollo rural sustentable. Por su parte, los distintos foros mundiales sobre soberanía alimentaría, demuestran la necesidad de los Estados de adecuar políticas de producción sustentables. En consecuencia, el Derecho agrario juega un papel preponderante en dicha política. Aunado a eso, la erradicación del hambre y la pobreza deben ser atacadas con la soberanía alimentaría a través de la afectación de las tierras de uso agrario para el desarrollo agroalimentario, tal como lo prevé la propia Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. (…)” (APROXIMACIÓN A UN NUEVO CONCEPTO DE DERECHO AGRARIO EN VENEZUELA. Katherine Beltrán Zerpa. Gladys Mata Marcano. Johbing Álvarez.) (Cursivas y Negrillas del Tribunal) De ello resulta que, en efecto, la jurisdicción especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 y que el legislador concentró en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un estado democrático, social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue. En tal sentido, la Sala Constitucional del Máximo tribunal patrio, no deja de advertir que, en base a esa protección a la seguridad alimentaría, de la que emerge la protección constitucional a la producción agropecuaria interna, se observan diferencias sustanciales entre la posesión o propiedad civil, -que es la que persiguen proteger las normas penales sustantivas comentadas- y la posesión agraria en el marco de la protección constitucional y legal, puesto que la posesión agraria se conforma con el principio de preeminencia del desarrollo de la actividad social sobre la particular. Es decir, por encima de los derechos particulares, se sobreponen los derechos que emergen del uso del bien destinado a la producción de alimentos o rubros útiles para el consumo humano, que permitan satisfacer las necesidades agroalimentarias tanto de quien la produce o trabaja como de su entorno familiar o colectivo.
Ahora bien, de acuerdo a lo observado por éste Juzgador en la Inspección Judicial realizada en fecha diecinueve (19) de noviembre del presente año, así como en el informe técnico presentado, es evidente la actividad agro productiva desarrollada en los lotes de terrenos, denominados Fundo “Virgen del Carmen”, Fundo “Las Tres Y”, Fundo “Mis Nietos”, Fundo “La Porfía” y Fundo “San José”, y conforme a lo establecido en el articulo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, donde señala que el Juez o Jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, quien a su vez para asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, deberá dictar oficiosamente medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina…” mediante lo cual se pudo constatar la producción agrícola vegetal así como también la producción agrícola animal constituida por la siembra de diversos rubros tales como: maíz, caraotas, chíncharo, ajonjolí, yuca, calabaza, pasto; resultando primordial que sea tutelado por este Organismo de Justicia dichas actividades, ya que fue manifestado por los solicitantes que en los respectivos fundos antes mencionados, existen actos perturbatorios por la presencia de ganado dentro de los cultivos, que no les pertenece y causan destrozos en su producción que amenazan con paralizar, desmejorar o deteriorar la actividad agroproductiva allí realizada, creando la necesidad de dictar una Medida de Protección Autosatisfactiva de la Actividad Agroalimentaria, con lo cual se protege ese particular proceso agropecuario que se encuentra indisolublemente unido al interés social, y en consecuencia, proteger la seguridad y soberanía agroalimentaria de la Nación.- Ahora bien en relación al Fundo denominado “MI ALEJANDRINA” constante de 21 Hectáreas, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Parcela Comunal; SUR: Terreno ocupado por Francisco Rondón; ESTE: Represa del Parcelamiento, OESTE: Terrenos ocupado por Ramón Salazar; ubicado en el Sector San Vicente, del productor FRANCISCO JAVIER PRADO ALMEA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.171.138, no se observó ningún tipo de cultivo para lo cual resulta forzoso para éste Juzgado NEGAR., la medida solicitada por cuanto no llena los requisitos exigidos en el articulo 196 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Así se decide.-
Por todo lo antes expuesto, éste Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en sede constitucional con facultades especiales de guardia y en uso de las facultades legales otorgadas en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECRETA MEDIDA AUTONOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA, sobre las actividad agraria directa que vienen desarrollando los ciudadanos: YURBIS DEL CARMEN AMPARAN MAITA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.998.069, en el predio denominado “VIRGEN DEL CARMEN”, ubicado en el Sector San Vicente, Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui, en una superficie de VEINTUN HECTAREAS (21 HAS), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terrenos ocupados por Filiberto Hernández; SUR: Vía de acceso sector San Vicente e Instalaciones del Parcelamiento; ESTE: Terreno ocupado por Niurbis Perez, OESTE: Terrenos ocupado por Yenifer Santamaria; YENIFER ANDREINA SANTAMARIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.963.977, en el predio denominado “LAS TRES Y”, ubicado en el Sector San Vicente, Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui, en una superficie de VEINTUN HECTAREAS (21 HAS), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terreno ocupado por José Hernández; SUR: Vía de Penetración; ESTE: Terreno ocupado por Yurbis Amparan, OESTE: Terrenos ocupado por Carlos Prado; DIOMELIS YSIDRA MEDINA DE AMPARAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.469.744, en el predio denominado “MIS NIETOS”, ubicado en el Sector San Vicente, Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui, en una superficie de VEINTUN HECTAREAS (21 HAS), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Vía de Penetración; SUR: Terreno Baldío; ESTE: terreno ocupado por Yenifer Santamaría, OESTE: Terrenos ocupado por José China; CARLOS EDUARDO PRADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.064.587, en el predio denominado “LA PORFÍA”, ubicado en el Sector San Vicente, Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui, en una superficie de VEINTUN HECTAREAS (21 HAS), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Terreno ocupado por José Hernández; SUR: Vía de Penetración; ESTE: Represa del Parcelamiento, OESTE: Terrenos ocupado por Ramón Salazar; NIURBIS DEL CARMEN PÉREZ AMPARAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-22.846.215, en el predio denominado “SAN JOSE”, ubicado en el Sector San Vicente, Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui, en una superficie de VEINTUN HECTAREAS (21 HAS), cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Río Guere; SUR: Terreno ocupado por José Prado; ESTE: terreno ocupado por José Prado, OESTE: Terrenos ocupado por Yurbis Amparan; y en consecuencia ordena al ciudadano LUIS RAFAEL CABEZA, y/o a cualquier persona natural o jurídica, abstenerse de impedir la realización de la actividad agrícola vegetal y animal que vienen realizando los ciudadanos AMPARAN MAITA YURBIS DEL CARMEN, YENIFER ANDREINA SANTAMARIA, FRANCISCO JAVIER PRADO ALMEA, DIOMELIS YSIDRA MEDINA DE AMPARAN, CARLOS EDUARDO PRADO, NIURBIS DEL VALLE PEREZ AMPARAN, antes identificados en los predios denominados “VIRGEN DEL CARMEN”, “LAS TRES Y”, “MIS NIETOS”, “LA PORFÍA” “SAN JOSÉ”, antes identificados respectivamente, para preservar la producción agrícola y la posterior salida al mercado de los productos que de la misma se deriven, para el consumo de los integrantes de la comunidad del sector y sus adyacencias, así como de todos los venezolanos según sea el caso.- En ese sentido se ordena cesar de manera inmediata cualquier actuación de perturbación, amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción de las actividades agrícolas desarrolladas por el solicitante en el fundo en cuestión.- Así se decide
Asimismo se ordena notificar de la presente Medida al ciudadano LUIS RAFAEL CABEZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.774.391, con el objeto de imponerlo de la medida aquí decretada para su cabal cumplimiento.- Igualmente, en aras garantizar el fiel cumplimiento a los principios y garantías constitucionales referidos al derecho a la defensa y el debido proceso, se ordena notificar al referido ciudadano para que comparezcan por ante éste Juzgado dentro de los Tres (03) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, a fin de que exponga las razones o fundamentos que tuvieren que alegar en relación a la presente medida.-
La vigencia de la medida ut supra decretada será de ocho (08) meses, en el predio denominado “VIRGEN DEL CARMEN”, será de seis (06) meses, en el predio denominado “LAS TRES Y”, será de seis (06) meses, en el predio denominado “MIS NIETOS”, será de seis (06) meses, en el predio denominado “LA PORFÍA”, y será de doce (12) meses, en el predio denominado “SAN JOSE”, contados a partir de la publicación de la presente providencia.
Se ordena notificar lo conducente mediante oficio al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento N° 815, 2da Compañía, con sede en la Parroquia Aragua, Municipio Aragua de Barcelona del Estado Anzoátegui y al Coordinador Regional del Instituto Nacional de Tierras, a los fines de participarle de la Medida Decretada conforme a los previsiones contenida en el articulo 21 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el numero 5 del articulo 42 de la ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que dicha medida es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, ya que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por éste Juzgado. Líbrese boleta de notificación y oficios correspondientes. Cúmplase.
El Juez Provisorio,

Abg. José Alberto Figuera Leyba La Secretaria,

Abg. Johanna Rondón Paruta

JFL/Joha/ani.-