TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, quince de noviembre de dos mil veintitrés
213º y 164º

ASUNTO: BH04-V-2000-000015

DEMANDANTE: WALTER ALAIN PARTERA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de cédula de identidad Nº 7.252.189, asistido en este acto por el Abogado en Ejercicio MIGUEL GONZALEZ BOYER, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 48.652.-
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PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil LA RIBEREÑA, C.A., representada por el ciudadano RAUL ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.3.669.585.-
ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Se contrae el presente juicio por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, presentado por el ciudadano WALTER ALAIN PARTERA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de cédula de identidad Nº 7.252.189, asistido en este acto por el Abogado en Ejercicio MIGUEL GONZALEZ BOYER, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 48.652, en contra de la Sociedad Mercantil LA RIBEREÑA, C.A., representada por el ciudadano RAUL ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.3.669.585; el cual se le dio entrada y admitió en fecha cuatro (04) de noviembre del año 1998, ordenando la citación a la parte demandada.-
En fecha treinta (30) de noviembre del año 1998, se libró compulsa a la Sociedad Mercantil LA RIBEREÑA, C.A., representada por el ciudadano RAUL ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.3.669.585, parte demandada en la presente causa.-
En fecha tres (03) de diciembre del año 1998, compareció el Alguacil Titular de este Juzgado y consignó recibo de comparecencia y su respectiva compulsa correspondiente a la Sociedad Mercantil en la persona de su representante legal ciudadano Raúl Antonio Hernández González ya que le fue imposible localizarlo personalmente por encontrarse de viaje.-
En fecha dieciocho (18) de diciembre del año 1998, compareció la apoderada judicial de la parte actora, y mediante diligencia solicitó citación por carteles de conformidad con lo previsto el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en la presente causa.-
En fecha veintiuno (21) de diciembre del año 1998, el Tribunal, ordenó la citación por Carteles de conformidad con lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en el diario El Tiempo y El Metropolitano.-
En fecha dieciocho (18) se enero del año 1999, se libró Cartel de Citación a la parte demandada en la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.-
En fecha nueve (09) de febrero del año 1999, compareció el apoderado judicial de la parte actora, y consignó Cartel de Citación publicados en el Diario El Tiempo y El Metropolitano.-
En fecha diecisiete (17) de marzo del año 1999, compareció la suscrita Secretaria Accidental de este Tribunal, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, fijó cartel librado a la parte demandada en la presente causa.-
En fecha seis (06) de mayo del año 1999, compareció la parte actora en representación de su apoderado judicial, mediante diligencia solicitó al Tribunal designe Defensor Ad-Litem a la parte demandada en la presente causa.-
En fecha trece (13) de mayo del año 1999, el Tribunal, acordó designar Defensor Ad-Litem a la parte demandada en la presente causa, a la ciudadana ELIZABETH RODRIGUEZ ZERPA, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 25.850.-
En fecha dos (02) de junio del año 1999, se libró boleta de notificación a la ciudadana ELIZABETH RODRIGUEZ ZERPA, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 25.850, Defensor Ad-Litem designada.-
En fecha siete (07) de junio de 1999, el Alguacil Titular de este Tribunal consignó Boleta de Notificación debidamente firmada por la Abogada ELIZABETH RODRIGUEZ ZERPA, anteriormente identificada, a los fines legales consiguientes.-
En fecha siete (07) de julio del año 1999, el Abogado GUSTAVO RIOS GONZALEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 33.638, mediante diligencia consignó instrumento de poder otorgado por la parte demandada en la presente causa.-
En fecha cuatro (04) de agosto del año 1999, se recibió de la Abogada ANA YANCY ROJAS CAMPOS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 33.635, apoderada judicial de la parte demandada, que se evidencia en instrumento de poder que cursa en autos, escrito de Cuestiones Previas.-
En fecha veintisiete (27) de enero del año 2000, el Tribunal, declaró Sin Lugar las Cuestiones Previas opuestas por la parte demandada en la presente causa, librándose las respectivas boletas de notificación.-
En fecha veintiuno (21) de febrero del año 2000, compareció el apoderado judicial de la parte demandada, y consignó escrito de contestación en la presente causa.-
En fecha primero (01) marzo del año 2000, el Tribunal, admitió la reconvención propuesta por el abogado GUSTAVO RIOS GONZALEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 33.638, en su carácter de apoderado judicial de la Empresa Mercantil LA REBEREÑA, C.A., parte demandada en la presente causa.-
En fecha diez (10) de mayo del año 2000, compareció el ciudadano WALTER ALAIN PARTERA GONZALEZ, identificado en autos, asistido en este acto por la abogada BETTY PEREZ GUEVARA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 72.314, y consignó escrito de contestación de reconvención.-
En fecha tres (03) de abril del año 2000, el Tribunal, ordenó agregar los escritos de pruebas presentados por las partes en la presente causa.-
En fecha trece(13) de abril del año 2000, el Tribunal, admitió los escritos de pruebas presentados por las partes en la presente causa.-
En fecha veintitrés (23) de julio del año 2001, compareció la abogada BETTY PEREZ GUEVARA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 72.314, con el carácter acreditado en autos, mediante la cual solicitó el abocamiento en la presente causa y asimismo se dicte la correspondiente sentencia.-
En fecha cuatro (04) de agosto del año 2003, el Abogado LUIS ALBERTO RIVAS SILVA, en su carácter de Juez Temporal de este Juzgado, se Aboco al conocimiento de la presente causa, librándose las respectivas boletas de notificación.-
En fecha dieciséis (16) de marzo del año 2004, compareció la abogada BETTY PEREZ GUEVARA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 72.314, apoderada judicial de la parte demandante, mediante la cual solicitó se dicte sentencia en la presente causa.-
En fecha siete (07) de noviembre de 2023, el Abg. JOSÉ ALBERTO FIGUERA LEYBA, en su carácter de Juez Provisorio del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, se ABOCO al conocimiento de la presente causa.-

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR
Según Resolución N° 2009-0047 de fecha 30 de septiembre del año 2.009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, se resolvió modificar la estructura de la Competencia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mediante la cual fue Suprimida las competencias en materia Civil, Mercantil y Tránsito, a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; suprimiendo a su vez la competencia en materia Agraria a los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y por consiguiente éste Tribunal paso a denominarse JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, ordenando la remisión de todas las causas Civiles, Mercantiles y de Transito para una distribución equitativa de las mismas entre los JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.
Asimismo de conformidad con las Disposiciones Transitorias de dicha resolución, específicamente la contenida en el numeral SEXTO, las causas civiles, mercantiles y del transito que se hallaren en estado de sentencia para el momento de la entrada en vigencia de la referida resolución, serían decididas por el Juzgado que las haya sustanciado.- (subrayado de este Tribunal)
Ahora bien, es de aclarar que la Resolución antes señalada, entró en vigencia a partir del día 22 de junio del año 2.015, y siendo que la presente causa para ese momento se encontraba en fase de sentencia, es por lo que este Juzgado Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de conformidad con lo establecido en el ordinal Sexto de la Disposiciones Transitorias, está facultado para decidir o resolver la presente causa, teniendo plenamente competencia para ello.- Así se declara.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Se encuentra sometido a la revisión de esta instancia el presente juicio por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, presentado por el ciudadano WALTER ALAIN PARTERA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de cédula de identidad Nº 7.252.189, asistido en este acto por el Abogado en Ejercicio MIGUEL GONZALEZ BOYER, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 48.652, en contra de la Sociedad Mercantil LA RIBEREÑA, C.A., representada por el ciudadano RAUL ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.3.669.585, constatando este Tribunal que una vez admitida la presente causa, se cumplieron los actos procesales subsiguientes, encontrándose la misma en estado de dictar sentencia.
El artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último intérprete de la constitución y velando por su uniforme interpretación y aplicación, así como también que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.
En sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero (01) de Junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente Nº 00-1491, se estableció lo siguiente:
“...Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde...La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni piden en la causa que le fallen. No es que el tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual solo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor(…)De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción…
Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año a menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara... “.-

El presente juicio se encuentra paralizado en estado de dictar sentencia, por un período que excede a los diez (10) años, sin que la parte actora haya realizado actuación alguna dirigida al impulso procesal de la causa, a menos de que no explica las razones de su inactividad - por lo que - en armonía a lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, sin duda alguna, la pérdida del interés procesal recae sobre la parte que ha ejercido la presente acción reivindicatoria, ya que el demandante es quien debe instar la decisión de la acción ejercida, generando la decadencia del mismo, y que patentiza que el demandante no quiere que se le sentencie, siendo forzoso para esta Juzgadora declarar LA EXTINCION o PÉRDIDA DEL INTERES referida al ejercicio del presente Derecho de permanencia.- Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PÉRDIDA DEL INTERES, comprendida en el presente juicio por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, presentado por el ciudadano WALTER ALAIN PARTERA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de cédula de identidad Nº 7.252.189, asistido en este acto por el Abogado en Ejercicio MIGUEL GONZALEZ BOYER, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 48.652, en contra de la Sociedad Mercantil LA RIBEREÑA, C.A., representada por el ciudadano RAUL ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.3.669.585.- Así se decide
No hay condenatoria en Costas, por la naturaleza especial del fallo.

REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE.-
Dada, firmada y sellada en la sala del Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, En Barcelona, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2.023). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Abg. José Alberto Figuera Leyba La Secretaria,

Abg. Johanna Rondón Paruta
En esta misma fecha se dictó y publico la anterior sentencia, siendo la una (1:00) de tarde.- Conste,
La Secretaria,

Abg. Johanna Rondón Paruta