Este tribunal deja definitivamente firme la sentencia dictada por este tribunal y en consecuencia expidase por Secretaria dos copias certificadas de la misma con inclusion del presente auto y remitase una al Prefecto del Municipio Bolìvar del Estado Anzoàtegui, para que se sirva estampar la correspondiente nota marginal en el acta original y otra al Prefecto del Municipio Sotillo del Estado Anzoategui para que se sirva levantar nueva partida de nacimiento a los niños YOSLAY ALIENDRES, por la circunstancia de hallarse domiciliados en esa jurisdiccion los adoptante de los referidos niños ciudadanos EDEL JOSE HERNANDEZ BURIEL Y FRANCISCA RAMONA MARTINEZ DE HERNANDEZ, anotándose únicamente las palabras Adopción Plena, quedando esta Partida privada de todo efecto Legal en la cuál no debe hacerse mención alguna del Procedimiento de Adopción ni de los Vínculos de los niños con los Padres Consanguíneo. Todo de conformidad con los Artículos 432 y 433 de la Ley Orgánica para la Protección del.....

Por todo lo anterior expuesto, esta Sala de Juicio Nº 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en uso de sus atribuciones legales y administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la solicitud de cumplimiento del Régimen de Visitas incoada por el ciudadano Enzo Robert León Sarmiento, en representación de la niña Emely Emperatriz León Iskiesf,

ésta Sala de Juicio N° 01 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoategui, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en uso de sus atribuciones legales y en Interés Superior del niño ALEXIS RAFAEL GOMEZ BLANCO, de diez (10) años de edad, y por ser beneficioso para él, HOMOLOGA en todas y cada una de sus partes lo convenido entre sus padres, decisión esta que tendrá fuerza ejecutiva como lo establece el Artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Y así se decide. Expídanse dos copias certificadas por Secretaria de la presente decisión y entréguesele a los interesados a los fines legales consiguientes.

En consecuencia, éste Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Uso de sus Atribuciones Legales y en Interés Superior del Niño MANUEL DROZ CADAMO de tres (03) años de edad actualmente. Todo en relación con lo establecido en el Artículo 08 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual consagra lo siguiente” El interés superior de niño el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes, este principio esta dirigido asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescente así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantía”. En consecuencia HOMOLOGA: por ser procedente en todas y cada una de sus partes el presente Convenio antes mencionado. Se le advierte a las partes de incurrir en los supuestos establecidos en los Articulos 245, EJUSDEM, referente al incumplimiento a un acuerdo conciliatorio serà sancion.....

Por todo lo anterior expuesto, esta Sala de Juicio Nº 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en uso de sus atribuciones legales y administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la solicitud de cumplimiento del Régimen de Visitas

El Tribunal realizó el inventario de los bienes existentes en la empresa donde se encontraba el Ciudadano: Andrés José Morales Perales, V- 10.064.489, a quien se le manisfestó la práctica de la Madida Cautelar de Administración Especial., los bienes son los siguientes: tres estantes, un cautin de soldadura, una fuente de 12v, cinco destornilladores, una pinza, un tester, dos vitrinas de dos metros y nueve flaibat.

En función de las consideraciones anteriores, este Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en la presente causa así: PRIMERO: Se declaran SIN LUGAR las demandas que, por acción reivindicatoria, incoaron los ciudadanos Candelario Guerra Subero y Carmen Méndez de Guerra, en autos de este expediente Cc-326-03, al que se acumularon a petición de parte, las causas idénticas seguidas contra el mismo demandado por los ciudadanos Luisa Susana Santucho Ortíz y Xiao Hong Wu, en el expediente número Cc-351-04; María de Lourdes Martínez de González y Luis Beltrán González Ordosgoitti, en el expediente número Cc-354-04; demandas estas todas propuestas contra el ciudadano Jean José Sánchez Guilarte, todos preidentificados en este fallo. SEGUNDO: Se condena en Costas a todos los litisconsorte actores, conforme a las previsio.....

Este Tribunal admitieron las pruebas presentadas por las partes intervinientes en el presente juicio de Acción Reivindicatoria, incoado por Elys Moreno contra Lixiria Ybedaca Silva; con excepción de la prueba de Informe, contenida en el escrito de pruebas presentado por la parte actora, por cuanto no contine el objeto de la misma.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Control de esta Circunscripción Judicial , administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley emite el siguiente pronunciamiento: DECRETA NULA la celebración de la audiencia pautada en el 313 del Código Orgánico Procesal Penal la cual fue efectuada el 14 de diciembre de 2004, todo ello de conformidad al artículo 190 ejusdem por haberse inobservado la citada norma 313 al no haberse escuchado al imputado JOSÉ RAFAEL GUTIÉRREZ. Publíquese, regístrese y notifíquese lo conducente a la vindicta pública, defensa y líbrese el oficio ordenado en la parte motiva de la presente decisión.

este Tribunal, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de La Ley y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara estas actuaciones suficientes para acreditar el derecho de propiedad que alega el solicitante sobre dichas bienhechurías, dejándose en todo caso a salvo los derechos de terceros.