Por lo fundamentos expuestos, este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, con sede el Tigre, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción interpuesta por la ciudadana JUSTA MARÌA ANUEL DE RINCONES, ya identificada, en contra de la sociedad mercantil CLINICA GUTIERREZ, C.A., en consecuencia, se condena a ésta última a pagar por concepto de PRESTACIONES SOCIALES a la referida ciudadana, la cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO BOLÌVARES CON VEINTICUATRO CENTIMOS (Bs. 4.286.105,24), más los intereses por indemnización de antigüedad, intereses moratorios y la indexación, para lo cual se ordena realizar experticia complementaria del fallo, mediante la designación de un experto que hará el tribunal por cuenta de la demandada, en los términos ya señalados. .....

En razón de lo precedentemente expuesto este Tribunal Primero Transitorio de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, niega la admisión del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada contra la sentencia proferida por este Tribunal en fecha 15 de septiembre de 2.004, por la cual se declaró con lugar la demanda incoada Y ASÍ SE DECLARA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en Barcelona a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil cinco (2.005). Años 195º y 146º. De conformidad al contenido del artículo 95 del decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se ordena la notificación de la Procuradora General de la República, de la presente decisión interlocutoria con remisión de copia certificada de la misma.

...Por todas las consideraciones anteriores, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto...

En consecuencia éste Tribunal, acuerda hacer entrega de las copias certificadas de la Sentencia. Remítase los oficios correspondientes a los organismos competentes a los fines legales consiguientes. Asimismo se acordó la devolución de los documentos originales. Cúmplase.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Sección de Adolescente, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ORDENA la ejecución de la sentencia en donde se sanciona con las medidas de AMONESTACION y REGLAS DE CONDUCTA, a la joven adulta (IDENTIDAD OMITIDA), por el Tribunal de Primera Instancia de Responsabilidad Penal del Adolescente, en función de control 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, debiendo comparecer la sancionada ante este tribunal el día VIERNES 13 MAYO DEL 2005 a las 9:00 a.m a los fines de la imposición y cumplimiento de la sanción. Todo conforme lo prescriben los artículos 623,624, 629 y 646 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Notifíquese a las partes. Cúmplase.

El Tribunal hace entrega a la parte actora completamente desocupada, libre de bienes y personas el presente inmueble, ubicada en la Calle Carabobo, Casa Nro. 22 de ésta ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui, Municipio Simón Rodríguez, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Calle Carabobo, que es su frente midiendo seis metros con veinticinco centímetros (6,25 Mts), SUR: Casa de Rita Pérez midiendo (6,98 Mts), ESTE: Casa de Luis Celis midiendo (16,80 Mts) y OESTE: Casa de Teotiste Valera midiendo (16,25 Mts), quien la recibió conforme. Seguidamente el Tribunal deja constancia que la notificada Ciudadana: Lisbeth del Valle Ríos, V- 8.470.971 procedió a retirar sus bienes de manera voluntaria. Siendo las 12:05 PM, el Tribunal da por cumplida su misión y acuerda el regreso a su sede, es todo. Terminó, se leyó y conformes firman.

Siendo las 12:00 p.m., el tribunal regresó a su sede habiéndose practicado la presenet medida. Cumplida.-

Se declaró la decadencia de la presente causa por falta de interés procesal de las partes y la extinción de la pretensión, según la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001.-

Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda REVOCAR EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL al penado CARLOS ALBERTO REQUIS; por haber incumplido las condiciones impuestas para su permanencia en dicho régimen. En consecuencia Procédase a librar la correspondiente Boleta de Encarcelación a nombre del referido penado y remítase con orden de captura a la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegaciones Caracas, Barcelona y Puerto la Cruz, y asimismo librar el oficio al Internado Judicial José Antonio Anzoátegui. Notifíquese al Fiscal de Ejecución de Sentencia del Ministerio Público Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y a la Defensa Pública. Cúmplase. EL JUEZ DE EJECUCION N° 02., DR. JOSE DELFIN CARRILLO GARCIA. LA SECRETARIA., ABG. JENNIFER GOMEZ JDCG/carmen

Este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que en el presente asunto contentivo de ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, seguido por el Dr. JESUS RAFAEL ROJAS VILLARROEL, procediendo con el carácter de co-apoderado judicial de los ciudadanos ERNESTO PEREZ BOCALANDRO y JOSE DOMINGO PEREZ MORALES, en contra del INSTITUTO AGRARIO NACIONAL, Delegación Agraria del Estado Anzoátegui, todos suficientemente identificados, ha operado la Perención de la Instancia, conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido más de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, desde el 16 de noviembre de 2001 hasta la presente fecha. Así se declara