En razón de lo antes expuesto, este Tribunal administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda por Resolución de Contrato propuesta por el ciudadano MANUEL DE JESUS SANCHEZ GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°. 2.406.781, de este domicilio; a través de su apoderada judicial PATRICIA CAROLINA RUIZ, abogada en ejercicio, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Número 70.429, en contra de la Sociedad Mercantil DESARROLLO LA FLORIDA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, anotada bajo el Nº 39, Tomo A-55, de fecha 23 de julio de 1983, siendo su última modificación en fecha 15 de Agosto de 1997, anotada bajo el Nº 22, Tomo A-53, y DECLARA SIN LUGAR LA RECONVENCION planteada por los apoderados de la empresa demandada, abogados en ejercicio JOSE MANUEL OLLEROS CASTRO, GUSTAVO MORENO MEJIAS y/o MARIA NANCY VEIGA d.....

por lo que este Juzgado Primero del Municipio Juan Antonio Sotillo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el Juicio por DESALOJO, intentado por los Abogados ALBERTO TIPOLDI, JOSÉ MIGUEL ESPILDORA y EDUARDO ALBORNOZ, Inpreabogados Nos 58.896, 59.532 y 87.055, respectivamente, en su condición de Apoderados Judiciales de la ciudadana GEORGETTE SALLOUM DE DEPSILLE, contra la ciudadana IVON ODABACHI DE ZOUNGON, todos identificados en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

SIENDO LA 1:00 P.M., EL TRIBUNAL REGRESO A SU SEDE HABIENDOSE PRACTICADO LA PRESENTE MEDIDA. CUMPLIDA.-

este Tribunal la HOMOLOGA, en los mismos términos y condiciones por ellos descritos, y lo toma como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Visto así mismo el pedimento realizado, se SUSPENDE las Medidas de Prohibición de Enajenar y Gravar decretada en fecha 02 de Marzo de 2.001, y participadas al Registrador Subalterno del Municipio Bolívar con el oficio Nro. TCM-170, de fechas 02 de Marzo de 2.001; sobre el inmueble propiedad de la Sociedad Mercantil Consorcio Nivel 1 C.A., ubicado en el sector los Cedros, antes Vidoño, parroquia el Carmen Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoategui, constituido por un lote de terreno identificado como LOTE NUEVE el cual se encuentra comprendido dentro de un área de terreno de CUATRO MIL CIENTO CIENCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y TRES DECIMETROS (4.156,53 Mts2) aproximadamente, y que forman parte del complejo habitaciones Vidoño; cuyas medidas y linderos son los siguientes: NORTE: Con vialidad interna (calle este) entre las .....

por encontrarse incursa en el ordinal 1 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil; y por cuanto se evidencia que la Inhibición formulada fue hecha en forma legal y fundamentada en una de las causales establecidas en la Ley, en consecuencia este Tribunal administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR dicha inhibición.- Así se decide.

En consecuencia, habiendo recibido este Juzgado Superior los autos de otro Juzgado Superior que se considera igualmente incompetente, lo procedente es que se solicite, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, la regulación de la competencia. Siendo que ambos juzgados son de categoría superior, de conformidad con el artículo 71 eiusdem, debe plantearse la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, entendiendo quien hace la solicitud de regulación que, por la personalidad jurídica y actividad de la demandada (Alcaldía del Municipio Villalba del Estado Nueva Esparta), han de remitirse las copias del caso a la Sala Político Administrativa.

En los casos donde se haga dificil determinar si las violaciones que se alegan son de orden constitucional o legal, la jurisprudencia ha establecido que "si la resolución del conflicto requiere que la decisión se funde en el examen de la legalidad de las actuaciones que constituyen las fuentes de las violaciones denunciadas, la violación eminentemente no será de orden constitucional, sino legal, y el amparo es improcedente", según sentencia del 31 mayo del año 2.000. El Tribunal observa de las actas procesales que en ningún momento le fueron violadas a la presunta agraviada la garantía constitucional consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que como ya se dijo por tratarse éste de un recurso excepcional debió agotar en primer lugar los recursos ordinarios que la ley le concede, ya que, el recurso extraordinario de Amparo debe interponerse cuando se violen garantías constitucionales y no normas legales.- .....

En consecuencia de lo antes expuesto, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente causa con fundamento en la disposición legal antes citada y se ordena devolver los originales consignados en la misma. Así se decide. En Barcelona a los 11 días del mes de Agosto de 2005, 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

Se dictó y publicó sentencia interlocutoria mediante la cual se homologó el Desistimiento que del presente procedimiento hiciere la parte demandante, ciudadano CARLOS CENTENO RADA.-

Se dictó sentencia interlocutoria Homologando el desistimiento del procedimiento y de la reconvención planteada por las parte intervientes en el presente juicio.