RESOLUTIVA O DISPOSITIVA Por las razones de hecho y derecho, anteriormente explanada, éste TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, EXTENSIÓN EL TIGRE, en uso de sus atribuciones Legales conferidas por el artículo 177 de la Ley orgánica de protección del niño y del adolescente, parágrafo primero, literal "i" y competente para conocer, tramitar y decidir sobre la presente causa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que me confiere la ley, declara CON LUGAR, la solicitud de divorcio, fundamentada en el artículo 185-A del código civil, incoada por los ciudadanos: JOSE BONOSORO POLI y TAMARA PERIN DI FEBO, ambos plenamente identificados en autos, y en consecuencia, se disuelve el vinculo matrimonial, contraído por los solicitantes en fecha: 31-08-1996, celebrado por ante la primera autoridad del Municipio Autónomo Urbaneja, del Estado Anzoátegui,.....

En este orden de ideas, es evidente concluir que si bien es cierto, la parte actora fundamentó su pretensión en el artículo 370, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, alegando tener un derecho preferente al demandante o concurrir en este, no es menos cierto, que sus alegatos no se subsumen en los supuestos establecidos en dicha norma, pues, alega solo una relación arrendaticia verbal, sin que tal hecho pueda considerarse un derecho preferente o concurrente sobre el inmueble objeto del presente litigio, y más aún cuando no se encuentra respaldado y sustentado por ninguna documental que pueda ser acreditada como justo título; y siendo que la parte actora debe demostrar mediante justo título sus alegatos a los fines de la procedencia de la presente acción; es por lo que resulta entonces forzoso para este Juzgado concluir que la presente demanda de Tercería, incoada por la ciudadana DORIS MAIGUALIDA MARQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.471.378,.....

Por los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio de LIQUIDACION DE COMUNIDAD DE GANANCIALES que hubiere incoado el ciudadano FRANCISCO ALBERTO MEDINA RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.310.837, asistido por la abogada en ejercicio DASMARY M. ESPINOZA M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.248.835, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 66.100, en contra de la ciudadana ALDA MARTINS DÍAZ, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Puerto la Cruz, Municipio Sotillo del Estado Anzoátegui, y titular de la cédula de identidad N° V-8.317.060. Así se decide.

Primero: HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento otorgándosele carácter de sentencia

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: Primero: Consumada la perención de la Instancia, y consecuencialmente extinguido el proceso.

Primero: Consumada la perención de la Instancia, y consecuencialmente extinguido el proceso. Segundo: De conformidad con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1466 de fecha 5 de agosto de 2004, se omite la publicación del cartel previsto en el artículo 19, aparte decimoquinto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Conforme a los argumentos antes expuestos, y vista la manifiesta ininteligibilidad de la solicitud de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Felicia Ali Garcia, debe declarar este Juzgado su inadmisibilidad. Y así se declara.

En este orden de ideas, debe señalarse que por la especialidad de la materia, el mandamiento de amparo es de ejecución inmediata, lo cual implica que debe ser acatado de inmediato, y por ende, no podrá suspenderse su cumplimiento aùn cuando haya sido ejercido un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada porque la sentencia se oye en un solo efecto. En todo caso, los argumentos esgrimidos por los apoderados judiciales de la demandada, sobre los cuales fundamentan su solicitud, son argumentos que corresponderá a la alzada valorar a los fines de emitir un pronunciamiento sobre la sentencia apelada. Por lo tanto, se niega el pedimento de suspensión formulado por los apoderados judiciales de la parte accionada, por impertinente. Y así se decide.

PRIMERO: Extinguido el procedimiento por decaimiento de interés en el Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano Vrikson Ivan Acosta Velásquez contra la Universidad de Oriente.

Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior declara su incompetencia para conocer de la causa de especie y ordena remitir las presentes actuaciones al Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a quien por distribución corresponda. Remítase el expediente.