De manera que con fundamento a la Resolución antes citada, este Juzgado se declara incompetente por la materia para conocer de la demanda por PARTICION DE HERENCIA, ejercida por RAFAEL SABINO, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 13.367.820, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 96.426, actuando con el carácter de apoderado judicial de las ciudadanas MARIA DE LOURDES CACHARUCO y YULIVIA DEL VALLE JIMENEZ CACHARUCO, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3. 957.310 y 6. 196. 250, respectivamente, y por las ciudadanas MERCEDES MARIA CACHARUCO Y ANGLINE JOSEFINA JIMENEZ CACHARUCO, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3. 957.309 y 6. 358. 383, respectivamente, debidamente asistidas por el abogado en ejercicio RAFAEL SABINO, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 13.367.820, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 96.426 contra ALEXA MARGARITA JIMENEZ CACHAR.....

De lo antes expuesto se concluye que reproducir como medio de prueba "el mérito favorable de los autos" sin indicar cual es el o los autos que le beneficia y sin señalar el objeto de la prueba como lo ha promovido el Defensor Judicial de la parte demandada no debe ser considerado como instrumento probatorio, porque no cabe dentro de la cita de la presente decisión transcrita. En razón de ello, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, debe negar, como en efecto niega la Admisión como prueba de la invocación hecha por el Defensor judicial de la parte demandada en el presente juicio, en su escrito de fecha 11 de octubre del 20012.- Así se decide.-

Por lo antes expuesto, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena la HOMOLOGACION del DESISTIMIENTO formulado en el presente procedimiento de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, presentada por la ciudadana: MARIANA BEATRIZ RINCON MORALES, contra la ciudadana MARIA JOSE GONZALEZ IRURETA, ambas partes plenamente identificadas en los autos, y proceder como en sentencia pasada con Autoridad de cosa juzgada conforme lo establecen los Artículos 263, 264 del Código de Procedimiento civil.-

De los razonamientos antes expuestos es forzoso para este juzgador declarar improcedente la medida cautelar de EMBARGO sobre los bienes muebles propiedad de la empresa PROMOTORA INVERSUR 112, C.A solicitada por la parte actora y en consecuencia se mantiene la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre dos inmuebles propiedad de la empresa PROMOTORA INVERSUR 112, C.A, decretada por auto de este mismo juzgado en fecha 08 de junio 2012, instando una vez mas a la parte demandante que indique los dos inmuebles en cuales recaerá la medida decretada a los fines de librar el oficio respectivo ordenándole al registro el asiento de la nota marginal. Así se declara."

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la demanda por COBRO DE BOLIVARES, propuesta por los Dres. KARINA DEL VALLE VASQUEZ y GABRIEL ALFREDO CABRERA IBARRA, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 94.304 y 86.979, respectivamente, en sus caracteres de Apoderados Judiciales del ciudadano: JUAN CARLOS PERNIA CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 9.333.662, en contra de la Sociedad Mercantil "M. G. INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, C.A.", debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Anzoátegui en fecha 25 de Abril de 1.996, quedando anotada bajo el Tomo A-125, N° 4 de los Libros de Registro llevados por ante esa oficina

Se dicto sentencia mediante la cual se declaro CON LUGAR la oposición de la cuestión previa realizada por la parte demandada, contemplada en el ordinal 4º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en el presente juicio por Cumplimiento y ejecución de Contrato, incoado por la ciudadana ESNEYDY VILLANUEVA, en contra de SEGUROS CATATUMBO, C.A.-

PRIMERO: CON LUGAR, la demanda por NULIDAD DE VENTA, intentada por la ciudadana AURA CAROLINA BUSANI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.663.310, en contra de los ciudadanos WILFREDO ALVAREZ HERNANDEZ y NOELIS DIAZ HERNANDEZ, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.657.678 y 7.177.484, respectivamente. SEGUNDO: NULA la venta del inmueble distinguido con las letras y números C-PB-1 ubicado en la planta baja de la Torre C del Conjunto denominado RESIDENCIAS AVILAMARES, primera etapa, construido en parcela de terreno identificada M-B5 del Complejo Turístico El Morro Avenida R-16-A, zona de hoteles y apartamentos en condominio, Jurisdicción del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, según documento protocolizado en fecha, 15 de NOVIEMBRE de 2010, ante el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, inscrito bajo el Nº 2010.1360, asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el .....

este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, 1) HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de COSA JUZGADA; en consecuencia, se declara terminado el proceso ordena el archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 numeral 2° de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, de trabajadoras y trabajadores; 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y por aplicación analógica del artículo 256 de Código de Procedimiento Civil con remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El Tribunal ordena certificar el acta transaccional a los fines de su archivo en el copiador de sentencias y acuerdos transaccionales y procede a entregar las pruebas promovidas a las partes.

Este Tribunal solo tiene competencia en el Municipio Simón Rodríguez es por lo se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, en consecuencia administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLINA LA COMPETENCIA por razón del territorio, y acuerda remitir el presente Expediente al Juzgado del Municipio San José de Guanipa de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y así se decide.- Désele salida y remítase con oficio.- Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada de la presente sentencia, según lo dispuesto por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Municipio Simón Rodríguez de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, a los Dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

En tal sentido esta Juzgadora del Tribunal Primero de Primera Instancia Mediación y Sustanciación del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Anzoátegui, sede Barcelona, procede de conformidad con lo establecido en el artículo 514 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a que establece: "Si el o la solicitante no comparece personalmente o mediante apoderado sin causa justificada a la audiencia se considera desistido el procedimiento y termina este mediante decisión oral que se debe reducir en una acta y publicarse el mismo día. Este desistimiento extingue la instancia, pero el o la solicitante no puede volver a presentar su solicitud antes de que transcurra un mes....". En este sentido habiéndose constatado que la parte solicitante no compareció ni por si ni por medio de apoderado, esta Juzgadora en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, considera el desistimiento del proce.....