El Tribunal para decidir observa: Constatadas de las actuaciones cursante en autos, que la parte que formula el DESISTIMIENTO, tiene legitimación procesal y no existiendo prohibición legal sobre esta materia, ello es suficiente para darle su aprobación este Tribunal. Por las razones expuestas este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ordena la HOMOLOGACIÓN DEL DESISTIMIENTO formulado por las partes y procédase como sentencia pasada con autoridad de cosa Juzgada conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

Constatadas de las actuaciones cursante en autos, que la parte que formula el DESISTIMIENTO, tiene legitimación procesal y no existiendo prohibición legal sobre esta materia, ello es suficiente para darle su aprobación este Tribunal. Por las razones expuestas este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ordena la HOMOLOGACIÓN DEL DESISTIMIENTO formulado por las partes y procédase como sentencia pasada con autoridad de cosa Juzgada conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa a favor del ciudadano RAFAEL ANDRES SANCHEZ, de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, Regístrese y Notifíquese a las partes.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa a favor del ciudadano JOSE ALBERTO MENDEZ PEREZ, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, Regístrese y Notifíquese a las partes.

Por los razonamientos ante expuesto, este Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, DECRETA. PRIMERO: EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida a los acusados RONALD JOSE BAUZA, RONNY RENE BAUZA, LUIS ARNALDO CARIAS FABELO y OSCAR MARTIN CARIAS FABELO, por los delitos de Privación Ilegitima de Libertad , previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal y Robo Impropio, previsto y sancionado en el artículo 456 del Código Penal Y SEGUNDO: LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO seguido a los imputados RONALD JOSE BAUZA, RONNY RENE BAUZA, LUIS ARNALDO CARIAS FABELO y OSCAR MARTIN CARIAS FABELO, suficientemente identificados por el delito DE LESIONES PERSONALES INTENCIONALES LEVES, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal vigente, cometido en perjuicio de los ciudadanos OVIDIO MORENO y MARCIAL ISMAEL LUNA y YENNY RODRIGUEZ DE LU.....

Por las razones antes expuestas, éste Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en funciones de Control Nro. 02, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide: Con Lugar la solicitud presentada por la Dra. LINDA MONTERO, en su carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público de éste Estado; en consecuencia, se decreta el Sobreseimiento de la Causa por Extinción de la Acción Penal, conforme a los artículos 318, numeral 3, en concordancia con el 48, numeral 8, ambos del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 108, numeral 4 del Código Penal Venezolano, por el delito de Homicidio Culposo a consecuencia de Accidente de Tránsito, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, cometido en perjuicio de SANTOS TURAREN. Decisión esta que una vez definitivamente firme, pondrá término al procedimiento con el carácter de Cosa Juzgada, haciendo cesar las Medidas d.....

este Tribunal NIEGA la misma, por cuanto de la revisión efectuada a dicha solicitud, se desprende que no consta de autos los particulares sobre el cual ha de deponer los testigos. -

Este Tribunal vistos los recaudos acompañados y las declaraciones de los ciudadanos HECTOR RAMÓN HURTADO y ELIOSTERES RAFAEL ROJAS URBAEZ, identificados en autos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara las anteriores actuaciones suficientes y bastantes para asegurarle su condición de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO del de cujus JESÚS RAFAEL MUÑOZ HERNÁNDEZ, dejándose en todo caso a salvo los derechos de terceros.- Devuélvase original al solicitante y déjese nota en el Libro Diario llevado por este Tribunal durante el presente año.-

este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida preventiva de embargo sobre bienes muebles, solicitada por el actor, de conformidad con el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,

Este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que en el presente asunto contentivo del juicio por DAÑOS MATERIALES, MORALES Y LUCRO CESANTE, seguido por el ciudadano DORA YANET VILLEGAS DE MONTELLANO (y en representación de su Menor hijo DANIEL ALEJANDRO MONTELLANO VILLEGAS) contra el ciudadano SANTOS SANTA VALENTIN, partes suficientemente identificadas, ha operado la Perención de la Instancia, conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido más de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, desde el día 12 de agosto de 2002, fecha en la cual diligencio el abogado en ejercicio LUIS G. PEREZ R., apoderado de la parte demandante, hasta el día 01 de agosto de 2005, fecha en la cual diligencia la abogada MARIA M. PEÑA F., hasta la presente fecha. Así se decide.