este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara EL ABANDONO DEL TRAMITE en el presente juicio.- Y así se decide.-

En consecuencia, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, Sala de Juicio Nº 02 en Uso de sus Atribuciones legales conferidas en el Articulo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en Interés Superior del Niño: PABLO JOSE PARAGUAN, de cuatro (04) años de edad de conformidad con lo establecido en el Articulo 8 de la citada Ley el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones concernientes a niños o adolescente para asegurar su desarrollo integral así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías HOMOLOGA, por ser procedente en todas y cada una de sus partes el presente convenio Se le advierte a las partes de incurrir en los supuestos establecidos en los Artículos 245, EJUSDEM, referente al incumplimiento a un acuerdo conciliatorio será sancionado con multa de dos a seis meses de ingreso, incluyendo prisión de seis meses a dos años de conformidad con el Articulo 270 por incumplir la acción de la Autoridad Ju.....

En consecuencia, esta Sala de Juicio N° 01 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y tomando en consideración el interés superior del niño ALEXIS JOSE SANTAMARIA MEDINA, y por ser beneficioso para el, HOMOLOGA, en todas y cada una de sus partes lo convenido por sus padres, decisión esta que tendrá fuerza ejecutiva como lo establece el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Expídanse por Secretaría dos (2) copias certificadas de la presente decisión y entréguese a los interesados a los fines legales consiguientes.-Cúmplase.

Ahora bien, de las actas procesales que integran el presente expediente, observa esta juzgadora que una vez admitida la referida demanda, por auto de fecha 22 de marzo de 2005 este Tribunal instó a la parte interesada a señalar la dirección de la parte demandada a los fines de practicar la citación y siendo que hasta la presente fecha parte actora no ha dado cumplimiento a la obligación que le impone la ley para que sea practicada la citación de la parte demandada, concluye quien aquí decide, que en el presente caso se configura el supuesto de hecho de la perención breve. Asi se declara.

Por lo antes expuesto, éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y con base a los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, declara la Perención de la Instancia en el presente juicio. Y así se decide.

En consecuencia este Tribunal de Control N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de revisión interpuesta por la DRA. MARIELBA GENER MORANTE, en su carácter de Defensora Pública Penal del acusado LUIS BARRIOS CARRASCO, ampliamente identificado en las actas, por cuanto las circunstancias que motivaron la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad no han variado, asimismo se acuerda su traslado a Hospital Central Dr. Luis Razetti de Barcelona, para el día JUEVES 23-06-2005, a las 08:00 a.m., a los fines de que sea evaluado por un especialista, en virtud de que presenta fuertes dolores de cabeza, todo de conformidad con el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Líbrese Boleta de Traslado a la Zona Policial N° 02 de Puerto La Cruz. Notifíquese la anterior determinación.-

Por los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, éste Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con funciones de Control Nro. 02, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decide: Conforme al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se dicta SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA, en contra del ciudadano LUIS TEODORO GUERRA LEZAMA, quien es venezolano, titular de la cedula de identidad N° 2.518.628, natural de San José de Nurucual, Estado Sucre, donde nació en fecha 27-11-45, de 59 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Obrero, hijo de Facunda Lezama (Df) y de José Baldomero Guerra (Df), residenciado en Villa de Canaan, Calle Monte Los Olivos, Parcela N°.- 03, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, por la comisión del delito de "ACTOS LASCIVOS VIOLENTOS", previsto y sancionado en los artículos 375, ordinal 1, en concordancia con el encabezamiento de.....

este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declara LA PERENCION de la Instancia en el presente proceso.- Así se decide.-

Todos en contra de la sociedad mercantil CAUVICA, C.A. y la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI., ambos litis consorcios plenamente identificados en autos. SEGUNDO: No se condena en costas a los demandantes, de conformidad a lo establecido en la parte in fine del artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Regístrese. Publíquese. Déjese Copia.

En fuerza de las consideraciones precedentes, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo incoada por Mariana Cañas, antes identificada, contra G&P DESARROLLO HUMANO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, C. A., también identificada. De conformidad con el artículo 33, aparte único, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se exonera de costas a la recurrente en amparo, por cuanto el tribunal considera que se intentó el amparo constitucional por fundado temor de violación de sus derechos constitucionales, temor este que es ajeno a los errores procedimentales de la Administración y a las propias demoras de la parte; por lo demás, la solicitud no puede calificarse de temeraria.