éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en la solicitud de DIVORCIO incoada por los ciudadanos ESTEBAN CALZADILLA RENGEL y GLORIA MERCEDES TIAPA RIZQUEZ, así se declara.-

este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara la conversión en divorcio de la Separación de cuerpos de los ciudadanos RUFFO ANTONIO AGUILAR QUIJADA y LIGIA MERCEDES CONTRERAS CARDOZO, antes identificados, y DECLARA DISUELTO el vínculo conyugal que los unía, contraído por ante la Prefectura del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui, en fecha 18 de agosto del año 2003, según consta de Acta N° 317, acompañada a los autos en copia certificada.- Así se decide.-

DECISION En consideración a los méritos expuestos, este Tribunal del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara de conformidad con lo dispuesto en el Primer Aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil LA PERENCIÓN, en la presente causa de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, interpuesta por el ciudadano Roberto Antonio Araujo Rujana, contra la ciudadana Luz Elena Urbaez Ramos. En tal sentido se ordena el archivo del Expediente y una vez firme la presente decisión su remisión al archivo judicial de este Estado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los Treinta y Un días del mes de Octubre de Dos Mil Cinco (31/10/2.005). años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley y en vista a la Confesión Ficta en que incurrió la parte demandada, declara CON LUGAR la pretensión de la parte actora en el presente juicio por Vía Ejecutiva intentado por LA JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO PRINCIPE en contra del ciudadano RODOLFO HERRERA, suficientemente identificados en el cuerpo de este fallo; en consecuencia; se condena al demandado pagar a la parte demandante las siguiente cantidades de dinero: PRIMERO: La suma de SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.6.197.367,96) dicho monto comprende los rubros de Condominio correspondientes al período que va desde el mes de febrero del 2002 a diciembre del 2004-ambos inclusive.- SEGUNDO: La .....

este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el auto de admisión dictado por el Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 21 de julio de 2.005; en consecuencia, declara Sin Lugar la Tercería, interpuesta por la ciudadana ANA YUSMELYS RUIZ ARMAS; venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 8.264.931, quien actúa en el ejercicio de su propio derecho y en representación de su hija KREILA CAROLINA RUIZ; debidamente asistida por el abogado CARLOS GUZMAN BARRIOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 67.366; en contra del ciudadano CARLOS PEREZ CONDE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 1.176.593, y así se decide.-

éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio por INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES intentado por la Abogada MARIA INES RODRIGUEZ SALMON, venezolana, mayor de edad, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 27.070; en contra del ciudadano SANTIAGO MARIN MONTES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 5.966.011, de este domicilio, y así se declara.-

se dictó sentencia definitiva en la cual se declaró con lugar la solicitud de rectificación del acta de defunción, presentada por la ciudadanaWiletzi Del Carmen Mejías Díaz, ordenándo oficiar lo conducnete a la Prefectura del Municipio Bolívar y Registrador Principal del Estado Anzoátegui.-

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Control N° 01, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA LA LIBERTAD DEL ADOLESCENTE (IDENTIDAD OMITIDA), por aplicación de la Medida Cautelar Sustitutiva, prevista en el literal c, del articulo 582 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y Adolescente. Asi como también se ordenó la Aplicación del procedimiento a seguir es el Ordinario de conformidad con los artículos 280 y 373 tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal aplicado por remisión expresa del articulo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Líbrese Boleta de Libertad al Adolescente (IDENTIDAD OMITIDA). Particípese de lo aquí decido por oficio al ente policial actuante. Líbrense los oficios respectivos. Cúmplase.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Control N° 01, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, prevista en los literales c) y f) del Articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y de Adolescente al Imputado (IDENTIDAD OMITIDA). El procedimiento a seguir es el Ordinario de conformidad con los artículos 280 y 373 tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal aplicado por remisión expresa del articulo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Se ordena remitir la Causa a la Fiscalia Decimaséptima del Ministerio Público, a los fines de continuar con la investigación y presentar el acto conclusivo correspondiente. Librese Oficio a la Oficina del Alguacilazgo. Cúmplase.

Este Tribunal, al evidenciar que el apoderado judicial de la parte accionada tiene facultad expresa para transigir tal como consta al folio 37 y su vto. del presente expediente y por cuanto lo solicitado no es contrario a derecho y la transacción no versa sobre materias en las cuales este prohibida, le imparte su homologación en toda y cada una de sus partes, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el parágrafo Único del Artículo 3 de la Ley del Trabajo y el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dándole carácter de cosa Juzgada.