REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero Transitorio Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, veinte de enero de dos mil seis 195º y 146º ASUNTO: BC0A-O-2001-000019 Por auto de fecha 03 de julio de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, admitió la Acción de Amparo Constitucional, ejercida por el abogado JAVIER UNDA UNDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.126, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO Y GAS S.A., originalmente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 16 de Noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A; contra la decisión de fecha 23 de marzo de 2001, dictada por el suprimido Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Admitida la acción de amparo, el Tribunal Superior con competencia en materia laboral para la referida fecha, acordó la notificación de la Dra. ODESSA BARRETO, en su condición de Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y a la contraparte en el juicio principal que motiva el presente Recurso de Amparo. Igualmente, se acordó notificar al Ministerio Público, en la persona del Fiscal Superior del Estado Anzoátegui, mediante telegrama, a los fines de la celebración del acto de audiencia oral, librándose las respectivas boletas de notificaciones. Ahora bien, observa este Tribunal, que en el caso de autos, desde la fecha en que se acordó notificar a las partes para la celebración del acto de la audiencia oral (03 de julio de 2001) hasta el día de hoy, han transcurrido más de seis (06) meses, sin que la parte recurrente haya gestionado con el Alguacil de este Tribunal, las diligencias pertinentes a fin de materializar las notificaciones ordenadas; esa falta de interés ha sido considerada por la Sala Constitucional del más alto Tribunal, como un abandono de trámite por parte del accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En este sentido, considera oportuno esta Juzgadora, transcribir criterio jurisprudencial de la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, contenido en el fallo de fecha 5 de noviembre de 2.001, el cual acoge esta Alzada, estableciéndose lo siguiente: “Esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de un (1) año, fue calificada como abandono del trámite por esta Sala, en decisión N°. 982 del 6 de junio de 2.001 (caso “José Vicente Arenas Cáceres”) en los siguientes términos: “[…] En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos-, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional – una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. […] Si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. […] LA Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara” En cuanto a los efectos en el tiempo de dicha decisión, la Sala precisó: […] por tratarse de que la presente es una doctrina que ahora se declara por vez primera por este Tribunal Supremo de Justicia, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección del derecho a la tutela judicial que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando, por último, la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ORDENA la publicación en la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún Tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren paralizadas en las circunstancias expuestas en el presente fallo sino transcurridos que sean treinta (30) días contados a partir de dicha publicación – en aplicación analógica del lapso previsto en el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese lapso, las partes actoras puedan desvirtuar la presunción de abandono que hasta ahora, revela su inactividad. Así se declara” Con fundamento en las consideraciones precedentes, este Tribunal Superior, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Terminado el Procedimiento por ABANDONO DE TRÁMITE del Recurso de Amparo Constitucional ejercido por el abogado JAVIER UNDA UNDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.126, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO Y GAS S.A., originalmente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 16 de Noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A; contra la decisión de fecha 23 de marzo de 2001, dictada por el suprimido Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide. Notifíquese de la presente decisión a la parte recurrente, en los términos del artículo 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 6 ejusdem. Notifíquese de la presente decisión a la Procuraduría General de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Publíquese, regístrese, agréguese a los autos y déjese copia certificada de esta decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los veinte (20) días del mes de enero de 2006. La Juez Temporal, Abg. Carmen Cecilia Fleming La Secretaria, Abg. Lourdes Romero H. En la misma fecha de hoy, siendo las 11:35 am, se registró en el sistema juris 2000, la anterior decisión y se cumplió con lo ordenado. Conste. La Secretaria, Abg. Lourdes Romero H.