Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Control de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del imputado ADRIAN JOSE CASTRO RODRIGUEZ, por la presunta comisión del delito ROBO GENERICO, Previsto y sancionado en el Artículo 455 del Código Penal cometido en perjuicio de la Ciudadana: ANGELICA MARIA MARCANO GUZMAN. El Procedimiento a Seguir es el Ordinario. Líbrese los oficios correspondientes, participando de la presente decisión. Cúmplase.

En consecuencia este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declara LA PERENCION de la Instancia en el presente proceso.- Así se decide.-

En consecuencia este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declara LA PERENCION de la Instancia en el presente proceso.- Así se decide.-

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA LA REVISION DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en contra del imputado: OLIVER RODRIGUEZ. Por considerar que no han variados las circunstancias que motivaron a este Juzgador a decretar dictar dicha medida.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD INMEDIATA POR APLICACION DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS a favor del Imputado ADRIAN JESUS CARREÑO RIVERO, quien es venezolano, titular de la cédula de identidad N° 19.331.078, natural de Carúpano, Estado Sucre, donde nació en fecha 17-09-88, de 18 años de edad, Soltero, Estudiante, hijo de VICENTE JOSE CARREÑO y EGLIS RIVERO, residenciado en BOYACA II, SECTOR III, VEREDA 66, CASA Nº 15, BARCELONA, por la Comisión del delito de HURTO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACCION, previsto y sancionado en el artículo 452 del Código Penal y 80 Ejusdem, cometido en perjuicio de Farmatodo, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 256, ordinal 3º y 6º del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrense los oficios correspondientes. Cúmplase.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: Se decreta LA LIBERTAD BAJO FIANZA POR APLICACION DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS, a favor del imputado JUAN LUIS DIAZ VILLALBA, Venezolano, Natural de Barcelona, titular de la Cédula de Identidad N° 19-853.106, nacido en fecha 07-04-1988, de 18 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de LUIS ANTONIO DIAZ (V) y de YUSMELYS VILLALVA (V) residenciado en: Calle Unión, Casa N° 32, Sector El Pénsil, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, todo conforme a lo establecido en el Artículo 256 Ordinales 3° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese oficio al Instituto Autónomo Policía .....

por cuanto la misma no es contraria al Orden Público, a las Buenas Costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, el Tribunal la ADMITE cuanto ha lugar en derecho. Désele entrada y el curso legal correspondiente. Notifíquese a la FISCAL DÉCIMO PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO de ésta Circunscripción Judicial, para que en un lapso de diez (10) días de Despacho siguientes a su notificación manifieste al Tribunal su opinión acerca de la presente solicitud. Líbrese Boleta de Notificación y acompáñese copia certificada de la solicitud presentada. Cúmplase. En cuanto a los atributos de Responsabilidad de Crianza, Régimen de Convivencia Familiar y Obligación de Manutención, éste Tribunal se reserva la oportunidad de dictar Sentencia para proceder a su homologación.

En tal sentido, por cuanto de autos se evidencia que los hechos alegados por el querellante no se subsumen a los presupuestos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para la procedencia de esta acción, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara INADMISIBLE la presente demanda y así se decide.

Siendo que hay que asegurar el cumplimiento a futuro de la obligación alimentaria y por cuanto existe un poder cautelar que autoriza al Juez a proteger los intereses del niño, es que debe someterse el patrimonio del requerido a una medida de retención equivalente a treinta y seis mensualidades adelantadas del pago correspondientes a sus prestaciones sociales a razón de ciento veinte mil bolívares (Bs.120.000,00) cada una, lo cual se traduce en la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs.4.320.000,00), en consecuencia, deberá oficiarse al propietario de la empresa GEOCONSA C.A., ubicada en Fila Maestra Uno, Clarines, Estado Anzoátegui. A tal efecto, dichas retenciones deberán ser remitidas a este Tribunal en cheque de gerencia a nombre de la solicitante CARMEN ADELAIDA TONITO LARA, portadora de la cédula de identidad N° V.- 8.486.587. Así se decide.

PRIMERO: Se admite totalmente la acusación formulada por el Ministerio Publico por encontrarse llenos extremos exigidos en el articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal donde se le atribuye al imputado CARMELO JOSE LAFFONT GUERRA, la comisión del delito de HURTO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 451 del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano GABRIEL JOSE LAFFONT, en este sentido se declara sin lugar la solicitud de la defensa en cuanto a la solicitud de sobreseimiento de la causa, y desestimación del escrito fiscal.- SEGUNDO: se admiten totalmente las pruebas ofertadas por la vindicta publica, en virtud que las mismas se encuentran relacionadas directamente con el objeto de la investigación, siendo estas necesarias y pertinentes a los fines de demostrar la verdad de los hechos, de conformidad con el articulo 330 del Código Orgánico Procesal Penal.- Así mismo se acuerda el Principio de Comunidad de la Prueba requerido por las respectivas defensas del imput.....