Por los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, contentiva de la presente Demanda de DIVORCIO incoada por la Ciudadana CARMEN YOMAGLA GUZMÁN, titular de la cédula de identidad Nº 8.300.413, asistida por el abogado FELIX MILLAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 3.349 en contra del Ciudadano PEDRO EDUARDO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 3.672.502. Así se decide.

En mérito de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Transito, actuando en Sede Constitucional, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se pronuncia en los siguientes términos: DECLARA INADMISIBLE la Solicitud de Amparo Constitucional, interpuesta por la ciudadana OMAIRA GÓMEZ FIGUEROA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 23.543.949 y domiciliada en la Calle Brisas del Mar S/N del Sector Pedro Gómez Rolingson, Municipio Píritu del Estado Anzoátegui, debidamente asistida por la Abogada LORENA BURGOS YGOR, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 139.047, en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÍRITU y del SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO PÍRITU. Así se decide.

En atención a lo expuesto, este Juzgador observa, que lo procedente es declarar el abandonado del trámite correspondiente a la demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA y, en consecuencia, la terminación del procedimiento, lo que evidentemente, implica el decaimiento de la acción en esta instancia. Así se declara. En consecuencia, en cumplimiento a los principios constitucionales relativos al debido proceso, el derecho a la defensa, igualdad de las partes, celeridad y economía procesal, previstos en nuestra Carta Magna, así como en nuestro ordenamiento jurídico, y conforme ha sido establecido en sentencia de fecha 14 de febrero de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (caso Banco Central de Venezuela) y sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de febrero de 2003 (asunto Nº 02-0827), mediante las cuales se ha establecido el criterio relativo al decaimiento de la acción por falta de interés e impulso procesal, en .....

En consecuencia, en cumplimiento a los principios constitucionales relativos al debido proceso, el derecho a la defensa, igualdad de las partes, celeridad y economía procesal, previstos en nuestra Carta Magna, así como en nuestro ordenamiento jurídico, y conforme ha sido establecido en sentencia de fecha 14 de febrero de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (caso Banco Central de Venezuela) y sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de febrero de 2003 (asunto Nº 02-0827), mediante las cuales se ha establecido el criterio relativo al decaimiento de la acción por falta de interés e impulso procesal, en virtud de la inactividad indefinida de las partes, deberá declararse la extinción de la acción en esta instancia, por la pérdida de interés en la presente demanda. En consecuencia, de conformidad con lo asentado en los criterios jurisprudenciales ut supra transcritos, este Tribunal debe declarar terminado el p.....