Por consiguiente, existiendo en la legislación adjetiva medios ordinarios idóneos para lograr el restablecimiento de la situación jurídica que se alega infringida por la quejosa en Amparo, los cuales no han sigo agotados previamente por la parte recurrente, resulta forzoso para este Tribunal Primero Transitorio Superior del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declarar SIN LUGAR la presente Acción de Amparo Constitucional, propuesta por la abogado MARIELA PASCUAS GOMEZ, en representación de la sociedad mercantil EXPRESOS MERIDA C.A., antes identificados, en contra de los actos de ejecución de la sentencia dictada por el suprimido Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 16 de Julio de 2003.

Por lo antes expuesto este Tribunal Primero Transitorio Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano DOMINGO JOSE TORRES, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora en el presente procedimiento, contra la decisión interlocutoria dictada por el suprimido Juzgado de Primera Instancia de Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial de fecha 02 de septiembre de 2002, la cual queda CONFIRMADA.

Por todas las consideraciones que anteceden, este Tribunal Primero Transitorio Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada contra la decisión dictada por el suprimido Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 22 de julio de 2002, la cual queda CONFIRMADA. Se impone a la parte demandada las costas del recurso, según lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.