Pasa el Tribunal a decidir sobre la petición realizada por el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, quien actúa por delegación de la ciudadana Procuradora General de la República, en cuanto a la suspensión de la medida preventiva de embargo, dicta por el este Tribunal en fecha 22 de octubre del 2009, este sentenciador al respecto observa lo siguiente: El artículo 99 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece, que cuando es decretada una medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de entidades de particular, que se encuentren afectados al uso publico, a un servicio de interés publico, a una actividad de utilidad publica nacional o un servicio privado de interés publico, el Juez debe notificar al Procurador General de la República, en este proceso la medida preventiva fue dicta contra la empresa privada Constructora Arata, C.A., y quien aquí decide no tenia conocimiento, que la referida sociedad mercantil se encontra.....

Así las cosas, por cuanto las pretensiones de la actora se encuentran estimadas en un monto que no excede a las tres mil unidades tributarias, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui de conformidad con la resolución anteriormente señalada, se declara incompetente para conocer el presente asunto en razón de la cuantía, y declina el conocimiento del mismo al Juzgado del Municipio Juan Antonio Sotillo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a quien se ordena remitir mediante oficio el presente asunto.- Así se decide EL JUEZ PROVISORIO Abg. JESÚS GUTIÉRREZ DÍAZ LA SECRETARIA Abg. MIRLA MATA ROJAS