Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda incoada por la ciudadana AMILIA CAROLINA HILARRAZA BLANCO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.248.675, de este domicilio, en contra del ciudadano NELSON ANTONIO FERREIRA RAMUSGA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.869.051 por PARTICIÓN Y LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD CONCUBINARIA, en consecuencia declara la nulidad del auto de admisión dictado en fecha 14 de enero de 2008 y toda la actuación posterior al mismo. Así se decide. Se condena en costas a la parte actora. Déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal.- Así también se decide.-

Conforme al procedimiento establecido en el Artículo 185-A del Código Civil, admitida como fuera la solicitud, se libró la Boleta de notificación para la Fiscal del Ministerio Público, referida tal como consta de autos, habiéndose dado por notificada el 18 de Noviembre de 2009, no objetando nada al respecto ni dentro del término legal ni en ninguna otra oportunidad. Considera el Tribunal que la petición de los cónyuges esta plenamente ajustada a derecho y que se han cumplido durante el proceso con todas las exigencias establecidas en la Ley para que sean procedentes sus pedimentos. En razón de los hechos expuestos, constante de autos que los cónyuges habiendo contraído matrimonio Civil el día 21 de Febrero de 1980, y habiéndose separado de hecho desde el 15 de Septiembre de 1995, situación que se ha mantenido inalterable hasta la presente fecha, durante un lapso superior a los cinco (5) años, es por lo que este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Ve.....

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que en el presente asunto contentivo de incidencia surgida en el juicio por PROCEDIMIENTO DE INTIMACION, seguido por la Sociedad Mercantil, TIKY MOTORS, S.A, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el N° 37, Tomo A-54 de fecha 07 de Agosto de 1992, contra de FELIX RAFAEL PIÑERUA HURTADO, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° 5.189.572, ha operado la Perención de la Instancia, conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido más de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, que desde el 29 de Noviembre de 2005, fecha en la cual fue su ultima actuación de procedimiento, hasta la presente fecha. Así se decide. Publíquese, regí.....

este Tribunal conforme lo establecido en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil HOMOLOGA el Convenimiento suscrito en fecha 03 de junio de 2003 por el abogado FERNADO GUILARTE MONAGAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 43.652, en su carácter de apoderado Judicial de BANESCO, BANCO UNIVERSAL; por una parte y por la otra la ciudadana ROSANNA GREGORIA ESPOSITO REYES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.915.148, asistida por la abogada ANA PATRICIA MAZA FARIÑAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 96.425, parte demandada conforme a lo solicitado por ambas partes en los mismos términos y condiciones por ellos convenidos, y lo toma como Sentencia pasada en Autoridad de Cosa Juzgada. Así se decide en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Asimismo ordena la Devolución de los Documentos originales solicitados por el Abogado Porfirio Guzmán previa su certificación en autos.-

En cuanto a la solicitud de medida de secuestro solicitada igualmente sobre el inmueble antes señalado, amparado en el ordinal 3 del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala, que puede ser decretado el secuestro sobre los bienes de comunidad conyugal, o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficiente, para cubrir aquellos, cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad, en este sentido, observa este sentenciada, de la revisión de los recaudados consignados junto con el libelo de la demanda, que no existen indicios que permitan demostrar que la parte demanda sea el administrador del bien sobre el cual se solicita la medida de secuestro y menos aún se demuestra que dicho cónyuge esté malgastando o despilfarrando el bien de la comunidad conyugal, cuya partición se solicita, en consecuencia, es evidente que en caso de la medida de secuestro solicitada, si bien se encuentra lleno el primer requisito a que se hace alusión el articulo 58.....