En cuanto a la prueba de exhibición de documentos, promovida de conformidad con el artículo 436 del Código Adjetivo, observa este Tribunal que a los fines de la procedencia de la misma, la ley exige el cumplimiento de requisitos fundamentales, es decir, la parte promovente, debe acompañar una copia del documento, o en su defecto la afirmación de los datos acerca del contenido del mismo, o un medio de prueba que constituya por lo menos la presunción grave de que los instrumentos se hallan o se han hallado en poder del adversario, a tal efecto observa este Juzgador, que el promovente solo procedió a señalar la documental a exhibir, sin cumplir con los requisitos exigidos por la norma supra mencionada, por tales motivos este Tribunal declara con lugar la oposición formulada y así se decide.-

Así las cosas, por cuanto las pretensiones del actor se encuentran estimadas en un monto que no excede a las tres mil unidades tributarias, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui de conformidad con la resolución anteriormente señalada, se declara incompetente para conocer el presente asunto en razón de la cuantía, y declina el conocimiento del mismo al Juzgado del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, correspondiente mediante distribución, a quien se ordena remitir el presente asunto, mediante oficio.- Así se decide.

En cuanto a las Posiciones Juradas, promovidas, en las cuales los apoderados manifiestan en nombre de su mandante la disposición de comparecer a absolverlas, el Tribunal niega la admisión de la misma, por cuanto a tenor de lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, solo pueden absolver posiciones juradas los apoderados por los hechos que hayan realizado en nombre de su mandante, cuyo supuesto no se da en este proceso, ya que el mandato de los abogados Jorge Alejandro Zacarías Rodríguez y Víctor Alfredo prieto Melo, fue concedido en fecha 25 de mayo del 2010, y los hechos controvertidos se circunscriben a mayo del 2009.- Así se decide.-

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la Perención de la Instancia en la presente causa contentiva de Nulidad de Documento Traslativo de la Propiedad, intentado por el ciudadano Darío Rafael Rizalez Ávila contra los ciudadanos Juan Alberto Lozada Ceballos y Mirian Milena Hernández de Rizalez.- Así se decide.- Regístrese y publíquese.

Por las razones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, la TERCERIA, intentada por la Sociedad Mercantil "Arcillas Guanipa C.A", domiciliada en el Estado Anzoátegui y constituida según asiento de Registro de Comercio hecho ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 14 de abril de 2001, bajo el Nro. 16, Tomo 4-A, a través de su apoderado judicial Oscar Alberto Urrieta Mora, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 49.539, en contra de los ciudadanos Adolfo José Arreaza Blanco, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 12.979.998 y Wilmer Enrique Briceño Perdomo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 15.229.54.....