Este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL INTERPUESTO CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR, por la ciudadana ALBERTINA DE LOS ANGELES ROJAS GRAFFE, venezolana, mayor de edad, titular de cédula de identidad N° 11.724.261, de profesión abogada, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 85.196, y domiciliada en la Urbanización Pascal, Conjunto Residencial Isla Borracha II, torre B, piso 5, apartamento N° 5-4-B, de la ciudad de Puerto la Cruz, Municipio Sotillo del Estado Anzoátegui, actuando en su propio nombre y representación, contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), por virtud del acto administrativo, que acuerda su remoción y retiro del cargo de Profesional Administrativo Titular, Gr.....

ESTE TRIBUNAL base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en los capítulos anteriores este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela de la Ley y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, revoca el auto de este mismo Tribunal de fecha 11 de octubre de 2017, mediante el cual se declaró INADMISIBLE el recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado por los ciudadanos JOSÉ ANTONIO BOUZAS y MANUEL LEDEZMA, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 22.573 y 220.386, respectivamente, en sus caracteres de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ RAFAEL OLIVARES GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.299.382 y con domicilio en la calle Cajigal, Urbanización Las Palmeras, Nº 20, Lechería, Municipio Diego Bautista Urbaneja del Esta.....

Este Tribunal, por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a disposición legal expresa, la ADMITE cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Estatuto de la Función Pública