Este Juzgado acepta la declinatoria, en consecuencia se ADMITE la misma cuanto ha lugar en derecho. Asimismo, se ordena emplazar al Ente querellado en nombre de su representante Legal, para que comparezca por ante este Tribunal a la Audiencia Oral y Pública, a realizarse el cuarto (4to) día hábil siguiente, a las once de la mañana (11:00, a. m), contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones aquí dispuestas.-

Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de esta Circunscripción Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando como Tribunal de alzada declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado JESUS ZABALETA YAÑEZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra el auto dictado por el Juzgado Primero del Municipio Juan Antonio Sotillo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 30 de mayo de 2.011.- Y así se decide.- SEGUNDO: REVOCADO el auto apelado de fecha 30 de mayo de 2.011.- TERCERO: Se ordena la continuidad del proceso en el estado en que se encontraba.- CUARTO: No hay condenatoria en costas.- Y así también se decide.- QUINTO: Notifíquese a la parte de la presente decisión y una vez que consten en autos, bájese el presente expediente a su Tribunal de origen en su oportunidad legal.-

Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana Rosalba Guerrero Roa, ya identificada asistida en este acto por el Abogado Raimundo Mejias la Rosa, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 116.029, contra la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. SEGUNDO: Reubíquese en un cargo similar o superior al que ejercía como auxiliar de secretaria.- TERCERO: Notifíquese a las partes de la presente decisión. CUARTO: No hay condenatoria en costas en razón del principio constitucional de igualdad de las partes ya que si la Administración Pública no puede ser condenada, mal podría condenarse al particular.