Este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley declara: INADMISIBLE la presente demanda por DAÑO MORAL realizada por los Ciudadanos: IGNACIO CESAR GARCIA e IGINIO DEL VALLE SALAZAR ROMEO, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-8.260.698 y V-13.690.237, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 340 ordinales 6° y 7° del Código de Procedimiento Civil.

De lo antes expuesto, podemos establecer que el libelo de la presente demanda, no reúne los requisitos de forma contenidos en el ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil, ya que no señala contra quien versa la presente demanda, en consecuencia, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la presente demanda por FILIACIÓN, propuesta por el ciudadano ANTONIO CELESTINO FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.277.091, asistido judicialmente por los abogados en ejercicio VICTOR JULIO MAYA, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 82.514 y la abogada YAMILET ZAPATA, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 147.823, en contra del ya fallecido ciudadano GASPAR ANTONIO ZAPATA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.296.8.....

PRIMERO: HOMOLOGA el desistimiento de la acción realizado en fecha 05 de abril de 2.017, por la parte actora ciudadano EDUARDO CELESTINO MENESES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.905.477, en el juicio por ACCIÓN MERO DECLARATIVA, que intentara contra los ciudadanos TOMAS ENRIQUE PEREIRA CAIGUA y MARIANNY JOSEFINA PEREIRA CAIGUA., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad Nros. 17.360.420 y 20.106.268, respectivamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.