este Tribunal, HOMOLOGA dicho DESISTIMIENTO, en la mismos términos y condiciones por el expresado en dicha diligencia, ordenándose proceder como en Sentencia pasada, en Autoridad de cosa juzgada, conforme a lo dispuesto en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se Suspende la Medida de Embargo Ejecutivo, decretada por este Juzgado en fecha 03 de octubre de 2006. Se da por terminado el presente juicio, y se ordena el archivo del expediente. Cúmplase.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 del Código del Procedimiento Civil, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 78 ejusdem, niega la admisión de la demanda que por Desalojo hubiere incoado la ciudadana YSABEL MARIA VELÁSQUEZ GITIINS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-8.967.982, asistida por el Abogado en ejercicio, JOHN THOMAS CABALLERO WASHINGTON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.226.463, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 111.661, en contra del ciudadano JOSÉ ALBERTO LÓPEZ OMAÑA, venezolano, mayor de edad, con domicilio en Puerto Píritu, .....

este tribunal de la causa niega lo solicitado por la parte actora, en cuanto a que se le designe como depositaria del vehículo antes descrito-que había sido objeto de una medida de secuestro-, en ejercicio de es poder de tutela preventiva, para lo cual está facultado, con miras a "prevenir cualquier situación dañosa o potencialmente lesiva a los derechos e intereses de las partes", en virtud de que dicha medida de secuestro fue dictada para proteger las posibles resultas del presente juicio, el cual todavía no ha culminado, y por cuanto poner el vehículo objeto de la medida de secuestro en manos de la parte demandante entraña una multitud de riesgos que pueden afectar incluso sus propios intereses.- Así se decide.