SE DECLARÓ ADMISIBLE, de conformidad con lo previsto en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto por la Abogada AUGUSTA SOFIA RINCON CEDEÑO en su carácter de Defensora Pública Segunda en materia Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, del ciudadano: VICTOR RAMON GOMEZ MARCANO, titular de la cédula de identidad Nº 10.299.184, contra la decisión dictada en fecha 23 de febrero de 2013, por el Tribunal de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui – Barcelona Nº 01, que decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del mencionado imputado, por los delitos de VIOLENCIA SEXUAL y AMENAZA previstos y sancionados en los artículos 43 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana OLIMPIA MARILYN KARAN. Y ASI SE DECIDE.

Se declaró HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ASDRUBAL MATA PALENCIA, en su condición de Defensor de Confianza del ciudadano ALFRED MAITA, titular de la cédula de identidad Nº V-20.054.784, contra la decisión dictada en fecha 09 de noviembre de 2013, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 03 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró sin lugar la nulidad absoluta planteada por la defensa y contra el decreto de la medida privativa judicial preventiva de libertad, en contra del ciudadano ut supra mencionado, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 458 y 286 del Código Penal.

DECLARA SIN LUGAR la Recusación interpuesta por los Abogados FERLIBETH MANZANILLA y NÉSTOR A. PÉREZ M, en su condición de apoderados judiciales de las víctimas, contra la Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Dra. EVELIN OSUNA, con fundamento en el artículo 89 numeral 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, ya que del material probatorio consignado por la parte recusante no se comprobó la procedencia de la causal de recusación invocada. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

SE DECLARÓ ADMISIBLE, de conformidad con lo previsto en el artículo 442 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN VICENTE TORREALBA SIFONTES, en su carácter de Defensor Público Primero del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, en defensa de los derechos del adolescente ... contra de la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 02, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la Audiencia de Presentación de Detenidos en Flagrancia celebrada en fecha 06 de abril de 2014, decretó al adolescente ut supra, la Medida de Detención para asegurar la comparecencia a la Audiencia Preliminar contenida en el artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES EN GRADO DE COAUTOR, previsto en el artículo 40.....

SE DECLARÓ ADMISIBLE, de conformidad con lo previsto en el artículo 442 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado VÍCTOR JULIO MOYA, en su condición de Defensor de Confianza del ciudadano HENDERSON GABRIEL VARGAS LEAL, titular de la cédula de identidad Nº 24.232.912, contra la decisión dictada en fecha 11 de abril de 2014, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 04 de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano ut supra mencionado, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal. Y ASI SE DECIDE.