Este Tribunal Superior , con vista a la transacción celebrada en la causa principal la cual fue homologada, conforme se desprende de la decisión antes transcrita, decide que la presente acción de amparo constitucional ejercida por la Gobernación del Estado Anzoátegui, a través de los abogados Yesenia Rojas y Rafael Cabrera, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.498. 298 y 2. 105. 671, actuando como abogados II y IV, adscritos a la Procuraduría General del Estado Anzoátegui, contra mandamiento de ejecución forzosa decretado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, con ocasión del juicio por COBRO DE BOLÍVARES, seguido por la empresa aseguradora, SEGUROS AVILA C.A., contra la GOBERNACION DEL ESTADO ANZOATEGUI, resulta inadmisible, conforme a lo establecido en el artículo 6, numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, p.....

Este Tribunal Superior declara desistida la apelación ejercida en fecha 29 de junio de 2005, por el abogado José Leotaud , actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, extensión El Tigre, de fecha 12 de mayo de 2005, que declaró CON LUGAR la acción por Divorcio con fundamento en la causal 2da del artículo 185 del Código Civil y en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos IRIS JOSEFINA TINEO Y FERNANDO LUIS PROIA; y conforme a la facultad que le otorga al Juez de Protección del Niño y del Adolescente, acordó en relación al adolescente ROCCO ALEJANDRO PROIA TINEO, que la patria potestad sea ejercida por ambos padres; que la guarda y custodia sea ejercida por su progenitora, ciudadana IRIS JOSEFINA TINEO ; estableció un régimen de visitas al padre, amplio y abierto, a los fi.....

Este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la recusación planteada por la abogada ARABELLA ESCUDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 13. 766. 478, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 93. 953, contra el ciudadano Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, Dr. Luis Alberto Rivas Silvas, con ocasión del juicio por COBRO DE BOLIVARES, seguido por TRANSPORTE COMAR C.A., contra TRANSPORTE Y SERVICIOS ONALEX C.A., la cual fue fundamentada en la causal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

Este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la recusación planteada por la ciudadana SUSAN KAREN MEDERO, contra el ciudadano Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, Dr. Luis Alberto Rivas Silvas, con ocasión del juicio por INQUISICION DE PATERNIDAD, seguido por las ciudadanas NAHIR VANESSA MEDERO y SUSAN KAREM MEDERO, contra los ciudadanos MERCEDES SALAZAR DE FIGUEROA, ANGEL CARLOS FIGUEROA SALAZAR, MERCEDES JOSEFINA FIGUEROA SALAZAR, DAMIANA AMPARO FIGUEROA SALAZAR, CARLOS JAVIER FIGUEROA SALAZAR Y LISSETT DEL VALLE FIGUEROA SALAZAR.

Este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que en el presente asunto contentivo de apelación interpuesta contra la decisión dictada en fecha 07 de Diciembre de 1.993, por el antes Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de El Tigre, en el Cuaderno de Medidas del juicio por COBRO DE BOLÍVARES seguido por el ciudadano JOSÉ AGUILAR, contra CONSTRUCTORA MAITA, C.A., ambas partes suficientemente identificadas, ha operado la Perención de la Instancia, conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido más de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, desde 18 de Febrero de 1998, hasta la presente fecha. Así se declara.