En virtud de las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente demanda de Divorcio intentada por el ciudadano Luís Beltrán Mago Salazar, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.672.306, contra la ciudadana Maritza Josefina Campos Salazar, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.303.994; en consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo matrimonial contraído por los antes mencionados ciudadanos, en fecha 05 de marzo de 2004, por ante la Parroquia Naricual, Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui, según consta de acta de matrimonio Nº 29, acompañada a los autos en copia certificada.- Así también se decide.-

De autos se evidencia que no ha habido reconciliación entre ellos; por lo que este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la conversión en divorcio de la separación de cuerpos de los ciudadanos LUIS ALEXIS CARREÑO y YARITZA DEL VALLE COLON ARAY, antes identificados, y declara disuelto el vinculo conyugal, contraído por ante la Prefectura del Municipio Aragua del Estado Anzoátegui, en fecha 07 de enero de 2.006, tal como se evidencia de Acta de Matrimonio No. 05, la cual corre inserta en los Libros de Registro Civil de Matrimonios, llevado por ante dicho Despacho y que en copia certificada corre a los autos. Así se decide.-

Por las razones anteriores, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DE TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Con Lugar la acción de Desalojo intentado por el ciudadano EDUARDO RAFAEL BOADAS HERNANDEZ, contra el ciudadano ENRIQUE ALBERTO PANTOJA ROJAS, fundamentada en el artículo 33 y 34 literal a) del de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y como consecuencia de esta declaratoria, se condena al demandado a entregar a la parte actora en el mismo buen estado de conservación y mantenimiento en que lo recibió el inmueble objeto del contrato de arrendamiento constituido por un apartamento ubicado en la Urbanización Caribe II, Residencias Caribe, Torre A, piso 4, apartamento 04-A, de la ciudad de Puerto la Cruz, Municipio Autónomo Sotillo del Estado Anzoátegui.- Se condena en costas a la parte demandada por haber resul.....

este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en cumplimiento de los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna, y en resguardo del debido proceso y al derecho a la defensa que tiene todos los justiciables que acuden a la administración de justicia, repone la presente causa al estado de publicar nuevamente el cartel de citación librado en la presente causa, dando cumplimiento al intervalo de Ley contenido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Quedan sin efecto los carteles librados, los publicados y el remitido al Juzgado comisionado. Se ordena asimismo remitir el nuevo cartel que ha de librarse, junto con oficio al Tribunal comisionado. Así se decide.

este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, REPONE la presente causa al estado de intimar al Defensor Judicial (ad litem), abogada Angelis Sierra Tarache, a objeto de que pague o formule (de acuerdo al artículo 651 del Código de Procedimiento Civil), la oposición al decreto intimatorio, dentro de los diez (10) días siguientes a su intimación; a tal efecto se ordena librar compulsa; en consecuencia, se dejan sin efecto todas y cada una de las actuaciones cursan en autos desde el 14 de octubre del 2009, inclusive, por encontrase infringido el debido proceso y el derecho a la defensa, principios constitucionales contenidos en nuestra Carta Magna.- Así se declara.-